En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debatirá mañana la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa, un tema que ha iniciado una disputa constitucional en los tres Poderes de la Unión.
El proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales que propuso al pleno de la Corte invalidad ese tipo esa medida cautelar, lo que supondría dejar en libertad a 92 mil 595 personas que actualmente sujetas a esa disposición.
El descontento con la propuesta ha desatado una arremetida desde Palacio Nacional, desde donde su principal habitante ha expuesto públicamente las razone por las cuales no es conveniente permitir la liberación de los sujetos a la medida: el supuesto escape de personas clave detenidas en casos importantes bajo su administración.
¿Qué argumentan el miembro de la SCJN? La practica extendida y generalizada de mantener en prisión a personas que no han sido juzgadas, lo que atenta contra los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad y los derechos humanos.
“La clasificación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar es sólo un “disfraz”, una simple denominación formal que no corresponde con su forma de operar ni con sus consecuencias nocivas, pues queda claro que se erige como una sanción anticipada, ya que no sólo restringe derechos, sino que priva de ellos”, dicen el documento de 191 fojas.
El ministro Aguilar Morales busca declarar inconstitucional la parte en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunque no significa que deje de existir como tal, sino que ya no podrá aplicarse de manera automática. Es decir, será el juez, ante quien comparezca cada detenido, quien podrá imponerla, “según las peculiaridades del caso”.
Para que sea aprobada, el proyecto necesitará el voto de al menos ocho de los 11 ministros que integran el Pleno.
AMLO carga contra la Corte
En su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso una radiografía de los procesos que se han llevado a lo largo de la historia de México con relación a esta figura jurídica.
En la sección “Cero Impunidad”, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, explicó que, entre sus prioridades, protege “a la víctima y a su familia de su agresor y evita que los presuntos delincuentes se den a la fuga o que atenten contra testigos durante el proceso penal”.
“En 2008 se decidió mantener la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar ya sea justificada u oficiosa dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, se puede leer en la presentación del subsecretario Ricardo Mejía.
Lo que fue rematado por el mandatario afirmando que “es fundamental” su existencia “para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”.
Pero no paró ahí, pues dijo haberse equivocado en las propuestas que envió para cubrir las cuatro vacantes de ministros en la SCJN.
“Me equivoqué porque hice propuestas, pero una vez que propuse ya por el cargo, o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”, dijo el mandatario.
En los casi cuatro años de su Gobierno allanó el camino para que fueran elegidos Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Rios Farjat y Loretta Ortiz Ahlf. Los cuales componen un tercio del Pleno del máximo tribunal.
¿Será este reproche un motivo para votar en contra de los intereses del Presidente de la República? Mañana comenzará una discusión que promete tensar la relación entre quienes representan al Poder Ejecutivo y Judicial. DJ
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