La Secretaría de Seguridad (SS), en coordinación con el Poder Judicial del Estado de México, han decidido fortalecer los mecanismos de beneficios preliberacionales para aquellas Personas Privadas de la Libertad (PPL) sentenciadas por delitos no graves ni violentos, en atención al Covid-19.
En un comunicado, aseguró que la implementación de esta medida tiene como propósito asegurar el bienestar de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, como sucede con las personas de edad avanzada, enfermos terminales, pacientes psiquiátricos y mujeres embarazadas o con hijos.
La corporación aseveró que este proceso se rige por dos vertientes, una de ellas la libertad condicionada a través del uso de brazaletes de monitoreo electrónico y la libertad anticipada que consiste en la remisión parcial de
la pena, además de considerar el proceso efectivo de reinserción social, así como el buen comportamiento que han demostrados los reos.
Por el momento 59 personas han sido puestas en libertad y a mil 835 les han sido concedidos brazaletes electrónicos en el esquema de libertad anticipada, además de ampliarse a dos mil 786 brazaletes, siendo el sistema
de monitoreo electrónico más grande en el país.
La SS indicó que se continúa con el análisis de más de cinco mil 500 casos, todos los que por su condición son considerados no graves ni violentos, siendo los de sentencias menores a cinco años.
Lo anterior, sostuvo, es en beneficio de la salud de los privados de la libertad, los custodios penitenciarios, las familias y el personal médico que se encuentra laborando durante la emergencia, de tal forma que se evite en gran medida la propagación del virus.
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