Los intereses materiales de los sectores más recalcitrantes de la burguesía nacional son expuestos por sus intelectuales orgánicos, sus operadores políticos y sus divulgadores en medios y redes. Un buen ejemplo de ello es el debate desatado hace unas semanas en torno a quién debe poder votar en México y quién no, en el que voceros espontáneos y no de la derecha se manifestaron abiertamente y sin escrúpulos al respecto. Una académica de la Universidad Panamericana se quemó por cinco minutos de fama, con un costo político muy alto pues dejó en evidencia el talente antidemocrático de cierto sector de la comunidad jurídica nacional adscrito al PRIAN. La intervención de la Presidenta Sheinbaum y otros actores políticos elevaron el tema a una cuestión de interés público, con un respaldo ampliamente mayoritario a favor de la expansión de la democracia en todas las formas y contenidos posibles.
Pero el planteamiento a debate no es original. Al menos en años recientes la literatura al respecto no falta, lo cual se explica por la necesidad de los ideólogos de la derecha de explicar y brindar algún elemento de crítica en contra de los llamadas populismos de izquierda; en el caso de México, específicamente contra el neoclientelismo sobre el que se afianza la hegemonía de la 4T. El referente internacional es Jason Brennan, quien ha sostenido que el derecho al voto debería ejercerse en función de la competencia política de cada ciudadano, incluso si eso supone violentar principios consolidados como el de “una persona, un voto”, “todos los votos valen lo mismo” o “el voto es universal”. En México, Felipe Curcó publicó en 2022 Teoría del voto e ignorancia racional (un argumento contra las elecciones), obra en la que sostiene que la opción frente a una democracia electoral basada en la “ignorancia política” y los “votantes incompetentes” no es necesariamente el autoritarismo, sino la inclusión de formas deliberativas aleatorias.
En estos relatos, el pueblo aparece como un montón de salvajes que acosan la utopía liberal, intrínsecamente racional, pletórica de paz, orden y progreso. Sólo quienes, en virtud de la educación, dejan atrás su naturaleza plebeya y logran constituirse como ciudadanos más allá de la muchedumbre pueden acceder al juego del elitismo pseudodemocrático que practica la plutocracia burguesa. Por ello, la ampliación popular del voto directo perjudica la calidad de la democracia, si no es que pone en riesgo su existencia como régimen político, pues supone la participación de más personas sin los conocimientos suficientes para deliberar y tomar decisiones de orden público. Precisamente para superar tal paradoja es que los constituyentes de Estados Unidos crearon el “gobierno representativo”, presunto paradigma de la democracia moderna, como un dispositivo de contención en contra del ímpetu republicano de las clases subalternas.
En la historia de las elecciones, votar o ser votado, incluso participar en las deliberaciones sobre asuntos públicos, eran derechos de clase, vistos por el resto de la población como auténticos privilegios de una minoría. En los albores de la sociedad burguesa, el gobierno no era para todos, sino sólo para quienes demostraban poseer un interés legítimo y efectivo en los asuntos públicos mediante títulos de propiedad, cierta masa de ingresos o el pago de un monto determinado de impuestos. Los ciudadanos eran de por sí ciudadanos distinguidos, la élite por encima de la chusma, en tanto individuos capaces de captar con nitidez el interés general de la sociedad dadas sus condiciones materiales particulares.
En este sentido, la masa estaba destinada a acatar mandatos bajo la forma de ley, pero no a dirigir ni participar en la definición de la cosa pública: no sólo carecía tenía interés, sino que además no sabía hacerlo. Sin embargo, la emergencia del proletariado y su constitución como sujeto histórico pusieron en crisis el voto censitario y los dogmas clasistas del liberalismo antidemocrático, incluida la supuesta superioridad intelectual de la burguesía.
Mientras los desposeídos y explotados reivindican la soberanía nacional y la democracia popular, la clase dominante se aferra a un gobierno de aristócratas, garante de los intereses materiales de la minoría capitalista, dueña del mundo, a priori culta y presta para dirigir los destinos de la humanidad. Pero los oprimidos son siempre los responsables de la democratización de las instituciones públicas y de la inclusión de mecanismos de participación directa en la toma de decisiones o en su convalidación, así como de la diversificación de los sujetos titulares de derechos políticos y del fortalecimiento de sus garantías. La oligarquía nunca ha concedido nada motu proprio. No es casualidad que el “gobierno representativo” exprese y sirva de base para el desarrollo de discursos que vinculan la tenencia de ciertos conocimientos con la capacidad política de las personas e incluso con el derecho a ejercer sus derechos. La epistocracia, la epistemocracia y la más conocida tecnocracia constituyen variantes de una misma narrativa autoritaria, propia de las élites de una sociedad de clases.
Hoy por hoy el voto sigue siendo un derecho limitado: no todos pueden votar y no todo se vota. No votan los extranjeros y no votan los menores de edad. No se votan todos los cargos públicos, ni se votan todas las decisiones públicas. Además, las elecciones se pueden manipular, los partidos políticos terminan rendidos ante el pragmatismo, la influencia política desborda el orden institucional y el Estado se reconfigura desde arriba al ser capturado por grupos de poder. Sin duda, la democracia sigue en vilo. De cierta manera, la verdadera democracia es un proyecto aún en construcción; más todavía, la democracia republicana es una aspiración comunista a ser realizada una vez superada la lucha de clases. Algo de razón llevan quienes sostienen que, en condiciones capitalistas, la democracia es imposible; aunque quizás sea más preciso decir que los límites de la democracia burguesa deben comprenderse en razón de su propio contexto histórico.
Ante tal escenario, diversas voces pugnan por romper las actuales barreras de los derechos políticos con miras a profundizar la democratización del Estado. Paradójicamente, también hay quienes insisten en acotar tales derechos para salvar la democracia. De aquí que sea fundamental insistir en que el triunfo electoral de Morena es la victoria de un movimiento democrático que, a su modo, ha impulsado la democratización del Estado mexicano. No es raro que la oposición, sin viabilidad política alguna en lo inmediato, apueste su subsistencia a políticas regresivas y, en franca desesperación frente a la proximidad de los comicios, propugne por alternativas descabelladas, como la de restringir el derecho al voto mediante medidas regresivas, basadas en la presunta superioridad intelectual de los sectores minoritarios de la sociedad mexicana. Pero dicho intento no es más que el sueño puesto en palabras de una burguesía atrasada y torpe, que no escoge correctamente a sus voceros ni se percata de que sus discursos la alejan más de los votantes y de la posibilidad de imponer su utopía conservadora en nombre del interés general.
