franciscopazos@ejecentral.com.mx En la región serrana de Veracruz, la riqueza natural se compra por medio del engaño o se arrebata mediante la intimidación. A través de una red de entramados empresariales y con el despliegue de operadores en terreno, los intereses de la familia González Guajardo abrieron brecha entre las cuencas de los ríos Blanco y Metlac, devastando áreas naturales y despojando a las comunidades de sus tierras. El Naranjal es el proyecto de autoabastecimiento de energía eléctrica que requiere 93.3 hectáreas, acaparará recursos hídricos de la zona y beneficiará energética y económicamente a compañías vinculadas la familia empresarial. Quienes todavía ocupan sus terrenos, porque se han negado a venderlos a cambio de 40 centavos por metro cuadrado, aunque el valor comercial de la zona alcanza hasta cinco mil pesos por metro cuadrado, dijeron a este semanario que son intimidados por empleados de El Naranjal. En 2009, la hidroeléctrica solicitó los permisos medioambientales y paralelamente compraron con engaños ejidos y parcelas comunales a precios muy bajos. Fue hasta 2012 cuando las comunidades y sus autoridades se enteraron de que construiría una hidroeléctrica, por lo que comenzaron las movilizaciones de los pobladores para inconformarse. Los representantes de las empresas de la familia González se comprometieron a beneficiarlos con empleo, servicios básicos y dotarles de espacios públicos. Ningún compromiso se cumplió hasta ahora. Los índices de pobreza en Amatlán de los Reyes, Cuichapa, Fortín de las Flores, Ixtaczoquitlán, Yanga, Omealca, Coetzala y Naranjal afectan entre 30 y 60% de sus pobladores.
La expansión
Esta zona de las Grandes Montañas de Veracruz es donde se ha concentrado el interés empresarial de Guillermo Jesús González Guajardo, hijo de Claudio X. González Laporte, el mexicano con más posiciones en consejos de administración de corporativos transnacionales en México. Guillermo González Guajardo inició el tejido empresarial desde 2007 a través de Promotora Temazunchale S.A. de C.V. (Protama), Hidrorizaba S.A. de C.V. e Hidrorizaba II S.A. de C.V., en las cuales reprodujo el mecanismo de El Naranjal: una de sus empresas presenta el proyecto a las autoridades federales y en el proceso cambia la razón social y al final crea una tercera empresa para operarlo. Otro gran proyecto energético en el que González Guajardo participa, a través de Protama, empresa en la que es representante legal, es el Gasoducto Temazunchale-El Sauz, de 48 pulgadas de diámetro y 128 kilómetros de longitud, que conectará Veracruz con San Luis Potosí. Su construcción está detenida desde 2015 por la falta de permisos que no han otorgado las autoridades. Con documentos oficiales se confirmó que la empresa Protama, la misma de las plantas de Hidrorizaba, fue el primer promotor de El Naranjal.
Daños ecológicos
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es señalada por los habitantes de la región de haber ratificado la Manifestación de Impacto Ambiental con el oficio SGPA/DGIRA/0016.10, del 08 de enero de 2010 para que la empresa Agroetanol de Veracruz S. de R.L. de C.V., en la que González Guajardo fue gerente único y representante legal, obtuviera autorizaciones en las que reconoce afectaciones en 93.3 hectáreas. La Semarnat dio su visto bueno para que esta empresa tramitara el cambio en el uso de suelo, de área forestal a uso privado y de explotación, afectando más de 61 mil metros cuadrados de selvas, pinares y bosques mesófilos de montaña, así como parcelas de cultivo de las comunidades para dar paso a las obras. Los pobladores enviaron varios oficios a las autoridades medioambientales federales argumentando que la construcción provocaría “cambios drásticos en la flora y fauna de la región”. La respuesta tuvo fecha el 25 de noviembre de 2013, cuando la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz solicitó a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que revisara el proyecto. Nada hizo.
Los operadores
Con la autorización ambiental, la Asamblea General de Socios de Agroetanol de Veracruz, autorizó el 2 de febrero de 2010, la transformación de la sociedad por Hidroeléctrica Naranjal SAPI de C.V., procedimiento ratificado el 1 de febrero de 2013, como consta en una publicación del 14 de febrero de ese mismo año, hecha en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. En una visita que ejecentral hizo a los municipios de Amatlán de los Reyes y Cuichapa, integrantes del movimiento Defensa Verde Naturaleza Siempre confirmaron que la fundación Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (ÚNETE), agrupación que dirige Claudio X. González Guajardo (también presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) entregó equipo de cómputo como donativo para las escuelas en Cuichapa e Ixtaczoquitlán. Testigos que pidieron proteger su identidad confirmaron que en esos municipios operó un hombre identificado como “Carlos”, quien hasta 2014 fungió como representante de Hidroeléctrica Naranjal en reuniones con el alcalde Juan Manuel Torres Camacho, al mismo tiempo participaba en la entrega de computadoras. Otro representante identificado por los activistas fue Rodrigo Paz y Rocha, quien se presentó, hasta enero de este año, como gerente de Proyectos de Protama y encargado de gestionar permisos para El Naranjal. De acuerdo a los testimonios, también participó en las actividades que ÚNETE organizó en las comunidades aledañas al proyecto. Los permisos para el autoabastecimiento de energía eléctrica estaban en trámite en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Para obtenerlos, crearon las empresas Hidroeléctrica Naranjal 2 SAPI de C.V. e Hidroeléctrica Naranjal 3 SAPI de C.V., constituidas ante Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier, notario público 44 del estado de México. A través de estas dos compañías y mediante un mecanismo en el que se conformaron como arrendatarias de Hidroeléctrica Naranjal, la CRE otorgó los títulos de permiso E/1021/AUT/2013 y E/1024/AUT/2013, el 05 y 12 de septiembre de 2013, respectivamente, para generar energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento, lo que permitirá dotar de este insumo a los socios del clan González, que son Kimberly Clark de México, de la que el Claudio X. González Laporte, padre de Guillermo, es presidente del consejo de administración, y Pablo González Guajardo, su hermano, director general. Como socios también figuran Crisoba Industrial S.A de C.V. y Joseph María Córdoba Montoya, quien compartió espacios con González Laporte durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el primero como jefe de la Oficina de la Presidencia, y el segundo como asesor empresarial principal; así como el mismo Guillermo González Guajardo. ES DE INTERÉS | Claudio X. González Laporte, consejero del poder Claudio X. González, el fiscal de facto Presidencia niega intimidación a Claudio X. González Peña a Claudio X. González: no deberías criticar tanto al gobierno