La Portada | Elecciones 2024: Cartografía de las amenazas

El crimen organizado hace campaña, promueve y baja candidaturas, logra acuerdos y sale a votar. Pero también aterroriza para coaccionar el voto; amenaza, ataca, secuestra, mata y desaparece a candidatos y actores políticos; se adueña de territorios, y somete o se alía con autoridades para mantener su poder y sus negocios.

Lo anterior no es un pronóstico o el guion de una película. Se trata de una realidad cada vez más alarmante, sobre la intervención de las organizaciones del crimen organizado en los procesos electorales. Algo que ha sido reconocido y advertido por líderes locales, instancias internacionales y autoridades federales.

Los ataques a funcionarios, líderes sociales y hasta a sus familiares se han incrementado en diferentes estados. Hasta el 9 de febrero han sido asesinados nueve precandidatos o aspirantes a candidaturas locales, y ninguno de esos casos ha sido resuelto.

El tema ha subido de nivel en la discusión pública. Semanas atrás, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación planteó la necesidad de discutir la presencia de los grupos criminales en las elecciones:

“¿Vamos a esperar hasta que haya una persona empoderada por algún cártel como presidente de la República?, ¿o como gobernador o presidente municipal?, ¿acaso tenemos que llegar a ese momento para que tengamos que preguntarnos, como autoridad, como sistema electoral, para evitar que eso suceda?”.

El título de la conferencia magistral en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, “Elecciones y crimen organizado: El gran elefante en el cuarto”, ya sugería mucho. Sin embargo, el 8 de febrero, al responder una pregunta sobre si la actividad de los grupos criminales podría anular la elección, su respuesta fue breve y contundente: “Sin duda”.

Y luego detalló sobre este posible escenario que podría darse en el país: “El marco normativo, particularmente la ley adjetiva correspondiente, establece supuestos en los cuales se puede anular una elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada. Pero yo quiero hacer notar que si llegamos al momento en el cual tenemos una elección con estos elementos, hemos fracasado como organización electoral”, dijo.

De la Mata Pizaña, uno de los funcionarios del más importante tribunal electoral de este país, ha reconocido, tácitamente, el peso de la violencia y los riesgos en el proceso. Así que ejecentral se dio a la tarea de analizar las cifras oficiales de la incidencia delictiva; los ataques y enfrentamientos; los informes oficiales sobre la presencia de grupos criminales, de cara a los procesos electorales en cada entidad y entrevistó a especialistas conocedores del tema, y el resultado es la cartografía del riesgo de esta violencia político-electoral que ya comenzó.

Factor desestabilizador

Para Javier Oliva Posada, profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la violencia en el país y su vinculación con el crimen organizado en el proceso electoral y la democracia es una variable “inconcebible” que evidencia la “debilidad de las estructuras judiciales y de seguridad pública” del Estado mexicano.

Sin embargo, ante el aumento de la violencia en contra de autoridades y actores políticos en el contexto electoral, Oliva Posada señaló la falta de información y trabajo de inteligencia de las autoridades, aunado a los “estrepitosos fracasos” en seguridad de gobiernos estatales, incluyendo los electos en 2021.

“Me parece que estamos ante un escenario verdaderamente difícil y que puede llegar, ojalá y me equivoque, a convertirse en un factor de desestabilización del proceso político y electoral del país”, advirtió el también coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia en la UNAM.

Lo anterior, añadió, considerando la probable intervención del crimen en los dos elementos fundamentales para que las autoridades electas funcionen: “la legalidad, es decir, el marco jurídico que respetaron para poder llegar al cargo; y la legitimidad, los votos que obtuvieron en las urnas”.

“Votar entre balas”

“No veo que vaya a haber asesinatos de políticos como se dieron en un tiempo. ¡Toco madera! Y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada, no veo hacia adelante un narco-estado y no veo tampoco una amenaza de sometimiento”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del 2 de febrero. Sin embargo, la actual violencia homicida en el contexto electoral ya coloca a 2023 como el año con más candidatos y personas vinculadas a la política y la seguridad pública asesinadas a nivel nacional en los últimos seis años.

En 2023 se acumularon 355 personas del ámbito político y gubernamental asesinadas en el país, de acuerdo con el informe Votar entre Balas: Entendiendo la violencia político criminal en México elaborado por la organización civil Data Cívica.

Sin considerar el número de víctimas de amenazas, agresiones, secuestros y desapariciones, los datos de la organización indican que entre 2018 y 2023 fueron asesinadas al menos 105 personas candidatas, precandidatas y excandidatas.

Que se suman a la decena de aspirantes, precandidatos y actores políticos a quienes quitaron la vida en lo que va del año.

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Los casos más recientes se focalizaron en Zacatecas con los crímenes de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social de Fresnillo y cuñado del senador Ricardo Monreal; y de Cecilio Murillo Murillo, excandidato a la presidencia municipal de Sombrerete y hermano del actual alcalde de esa misma localidad.

Precisamente el fracaso en seguridad de Zacatecas en el gobierno de David Monreal es para Oliva Posada el caso “más patético” ante el nivel de “improvisación y ridiculez” que ha mostrado el gobernador al pedirle a la gente “encomendarse a Dios” frente a la situación de violencia, como ocurrió el 6 de enero de 2022, tras confirmar el hallazgo de seis cuerpos afuera del Palacio de Gobierno.

No es el único caso. Para el investigador, esos niveles de “irresponsabilidad y descomposición” son evidentes también en Guerrero, Sonora, Colima, Michoacán e incluso en entidades cuyas autoridades no fueron elegidas en 2021 como Chiapas o Tabasco.

En 2023, el 66% de los eventos vinculados a la violencia político-criminal se concentraron en ocho entidades del país: Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Baja California y Oaxaca, donde en total se acumularon 379 eventos, según los datos de Data Cívica.

En medio de una “guerra civil”

“Lo que tenemos en todo el país desde hace años es un reacomodo, no es reciente sino un proceso de muchos años. Es una disputa, para mí es una guerra civil en el bajo mundo criminal, principalmente entre el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Muy similar a la que se vivió en Colombia en la década de los 90, entre el Cártel de Cali y el de Medellín”, advirtió David Saucedo, consultor y analista político.

Un reacomodo criminal que el propio presidente López Obrador reconoció a inicios de año al justificar hechos de violencia y robos masivos que se registraron en su natal Tabasco. “Se da en las bandas, en la delincuencia y se magnifican porque también estamos en temporada de elecciones”, dijo en su mañanera del pasado 5 de enero.

En la opinión del también estratega electoral, esta reestructuración y la violencia que ejercen los grupos criminales en contra de políticos y candidatos responde a la “guerra civil” que protagonizan estas mafias –en busca de mantener control territorial y seguir expandiendo sus mercados ilegales—, y es a todas luces un factor de riesgo para las votaciones.

Y es que para David Saucedo una de las principales maneras en las que las organizaciones criminales basan su estrategia de “conquista territorial” radica en su intervención en los procesos electorales, a través del financiamiento y/o amedrentamiento de los candidatos, para “hacerse del control de las estructuras de poder político regional y el control de los jefes de policía locales”, refirió.

En ese sentido, sostuvo que, aunque puede tomarles mucho tiempo una segunda vía para interferir en las decisiones políticas, es a través de los acuerdos con autoridades a nivel local y estatal como buscan repartirse territorios, convivir y hacer fusiones o sinergias”.

Mientras que una tercera vía es la armada. Es decir, “el uso de la fuerza para conquistar un territorio con la invasión de células, conflicto, masacres, destrucción de la fuerza oponente”, explicó el experto.

Bajo esa lógica político-criminal, y en el marco de las próximas elecciones en entidades como Jalisco, bastión del CJNG, o en Guanajuato, la entidad más violenta de los últimos cinco años, David Saucedo prevé que se podría dar una mayor participación de cárteles y el uso de violencia.

“Como el narcotráfico también cuenta con base social de apoyo en distintas regiones del país, sacan a su base electoral para votar en favor de un candidato, o de un proyecto político que sea afín a sus intereses. Son aspectos muy peligrosos que el gobierno ha tratado de frenar, combatir y también de ocultar, de negar su existencia, pero es patente que están sucediendo”, apuntó.

“Gobernanza criminal”

Partiendo de esos probables acuerdos entre la autoridad y la delincuencia, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza atribuyó a una “gobernanza criminal” el hecho de que a partir del cambio de gobierno en las últimas elecciones se ha detonado un aumento de la violencia e inseguridad.

“En Campeche nunca pasaba nada, en Tabasco ya hasta hubo mujeres entambadas; Chiapas está ingobernable; Zacatecas, Guerrero, Michoacán… no es que estuvieran bien, pero ahora están peor. En lugares donde ha llegado Morena lo que se ha visto es una expresión desbordada de la gobernanza criminal”, acusó el integrante del Grupo Plural del Senado de la República.

Para el legislador, muestra de la “descomposición” de la seguridad en entidades donde se señala “complicidad con el narco” o la intención de autoridades por alcanzar acuerdos con criminales, son los constantes ataques contra candidatos, dirigentes y figuras políticas, pero también el aumento de la criminalidad en entidades y zonas que son estratégicas para los cárteles.

Sobre la posible operación de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa o la Familia Michoacana en la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguró la semana pasada que la autoridad “ha mantenido a raya la actividad delictiva en todo sentido”.

El miércoles, tras presentar un informe de resultados, el funcionario llamó a poner en su justa dimensión la operación de estas organizaciones criminales en la capital.

“La ciudad no deja de ser un punto neurálgico en todo sentido de actividad económica, logístico, y es natural que distintas expresiones delictivas encuentren o busquen en la ciudad aprovechar oportunidades. Estamos partiendo del reconocimiento de estos hechos y actuando en consecuencia”, explicó en entrevista con Milenio Televisión.

Factores de riesgo

La dimensión de la capacidad y poder de los grupos criminales, específicamente los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, lo refleja la Evaluación Anual de Amenazas 2023 de la comunidad de inteligencia estadounidense, que lo incluyó la semana pasada como uno de los grandes riesgos para su seguridad nacional, al tener presencia “en casi todo Estados Unidos y operaciones en más de 50 países”.

“Ambos (cárteles) tienen un historial de establecimiento de centros de tráfico de drogas, fuertes alianzas criminales y uso de la violencia y la corrupción para obtener control sobre el territorio donde operan”, sostiene el documento.

Son esos mismos cárteles y sus socios más pequeños los que ahora en México se muestran cada vez más interesados en política. Por ejemplo, en mayo de 2021 y en octubre de 2023 fue amenazado Alfredo Giovanni Lezama Barrera, secretario general del PAN en Morelos y regidor de Cuautla, y fue asesinado en un ataque directo la tarde del pasado 4 de enero.

Para Asael Nuche González, consultor en temas de seguridad, Morelos es muestra de cómo ante una mayor posibilidad de alternancia, la politización de la seguridad y la impartición de justicia en la entidad, hay mayor riesgo de violencia en contra de autoridades y actores políticos, incluyendo a aspirantes y candidatos.

Otro factor de riesgo que detona la violencia es la presión que ejercen grupos criminales que buscan mantener o afianzar los acuerdos a los que tácitamente llegan con autoridades en busca de cierta “estabilidad” en los municipios o regiones de una determinada entidad.

“Después de las elecciones –añadió–, viene otro periodo de reacomodo que se da mientras asumen las secretarias de seguridad pública a nivel estatal y municipal. Hablamos de acuerdos evidentemente fuera de la ley, que existen para darle gobernanza a un sistema criminal que la autoridad permite o tolera con la finalidad de que no se altere el orden o la paz pública”.

Al respecto, Asael Nuche consideró que eso es evidente ante el hecho de que ciertas actividades criminales, sobre todo aquellas que afectan cadenas productivas para obtener ganancias ilegales, como el robo de hidrocarburos o “huachicol”, tráfico de especies exóticas, tala ilegal o explotación minera ilegal, se mantienen al alza con cierto “pacto de tolerancia” de las entidades.

“La autoridad estatal o municipal no combate directamente esos delitos, al esperar que esos grupos no incursionen en otros delitos de alto impacto para la gente como lo es la extorsión que, además de afectar la percepción de seguridad en la ciudadanía, también afectan políticamente al gobierno en turno”, mencionó.

Pactos peligrosos

Hace un mes, Julián López Galeana, coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero, anunció que, por la inseguridad y los altos niveles de violencia en los municipios de Tierra Caliente, su partido no registraría a ningún candidato en esa región.

Su denuncia no tuvo mucho eco nacional, pero lo que sí ocurrió fue que el miércoles, cuando regresaba de una reunión con la dirigencia nacional de su partido en la Ciudad de México, fue detenido por un “retén de la delincuencia” al circular por la Autopista del Sol a la altura de Palo Blanco.

Tras varios minutos privado de su libertad, con una pistola apuntando a su cabeza, en medio de maltratos y “tortura psicológica”, según describió, Julián y sus colaboradores fueron liberados. En sus palabras lo que vivió no es más que el reflejo de la “descomposición general y el alto nivel de impunidad de la delincuencia en la entidad”. Y en todo el país.

Según el plan de protección acordado a principios de febrero entre el gabinete de seguridad federal y el Instituto Nacional Electoral, se evaluará el nivel de seguridad que se proporcionará a los candidatos según los índices delictivos locales.

Así, Javier Oliva Posada consideró que la autoridad parece no contar con el nivel de información, ni de inteligencia para garantizar la seguridad de jefes de campaña, familiares, presidentes de partido y liderazgos políticos en general.

Lo primero que tendrían que atender las autoridades de seguridad pública locales, refirió el doctor en Ciencia Política por la UNAM, sería la petición misma de parte, pues puede ser que en un municipio de mayor o menor incidencia delictiva que otro, incluso vecino, el candidato, su equipo o su familia estén bajo amenaza de muerte.

“¡Ah!, pero miren, la estadística dice que aquí no es tanto (el tema delictivo) como en el municipio de enfrente. No. La inteligencia sirve para prevenir no para remediar. Cuando remedias alguna situación de violencia quiere decir que la inteligencia policial fracasó”, alertó.

A más de 100 días de la jornada electoral, el panorama es complejo. Según el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, el que la estrategia de seguridad del gobierno actual se base esencialmente en una pax mafiosa, un acuerdo para no interferir en actividades criminales, pone en riesgo la viabilidad de las elecciones y también la credibilidad de las autoridades.

“Las organizaciones criminales pueden incluso convertirse en un importante aliado electoral de Morena en las elecciones de junio de 2024. Demostraron su capacidad para intimidar, e incluso matar, a candidatos de la oposición y trabajadores electorales en 2021, y es probable que sigan adelante en 2024”, alertó el instituto en su análisis de las Perspectivas País de México para este año.

En ese sentido, el estudio destaca dos aspectos: la ausencia de “una estrategia coherente para reducir los niveles de corrupción” y una mayor actividad de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, como las organizaciones criminales transnacionales “más visibles y activas en México”. Esto en medio de una cada vez mayor “polarización política”.

Al respecto, Javier Oliva lamentó que “no ha habido acercamiento, pero tendría que haber un gran acuerdo, un compromiso de todas las fuerzas políticas por sumarse a contener la violencia”.

El voto o la vida

En escenarios como los actuales, la violencia se incrementa en general hacia los ciudadanos, pero también hacia líderes sociales que los cohesionan. Ante la constante violencia, las extorsiones y amenazas de muerte de los que han sido objeto, por ejemplo, liderazgos religiosos evangélicos, a nivel nacional —que incluso ya han obligado a dos pastores de Sonora y Chiapas a salir del país—, es que están considerando el abstencionismo en la próxima elección.

El temor de más represalias es la prueba de cómo la estrategia de control de estos grupos criminales se ha trabajado meses o años atrás.

“No ven una opción real de poder salir de este problema. No al menos con lo que hasta ahora han mostrado las candidatas, y en particular en cada uno de los estados donde están. Ven un doble discurso y que en este gobierno pasa exactamente lo mismo y hasta de una manera más descarada con la corrupción y la colusión entre bandas organizadas y las mismas autoridades”, denunció Oscar Moha, presidente de la asociación civil Libertad y Dignidad.

De acuerdo con el también consultor político, a partir de lo que ha escuchado de pastores u otros líderes sociales y religiosos, en lo último que éstos llegan a pensar es en denunciar. Los niveles de corrupción estatal los obligan a callar o a desplazarse antes que esperar a que haya justicia.

“Ante el temor de represalias, un pastor de Chiapas se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos con apoyo de su misma congregación; otro fue amenazado de muerte en Nuevo León, otro más fue víctima de un secuestro exprés en Coahuila. Así han estado ubicando sobre todo los que tienen congregaciones grandes. Y a los que hacen denuncias se les está amordazando”, advirtió Moha.

La tensión que existe en el país por la violencia se refleja en amenazas y ataques contra pobladores y líderes en distintos municipios del país que reportan una incidencia delictiva al alza.

Este año, cerca de 90% del territorio estará envuelto en un proceso electoral estatal y federal que cruza con esos puntos de violencia y control criminal.

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