La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin sigue siendo procesado y aclaró que los tiempos que se le han dado al exfuncionario acusado del “escándalo de corrupción internacional más grave que ha habido en América Latina, denominado Odebrecht” para aportar las pruebas con las que dice contar terminan el próximo 3 de noviembre.
A través de un comunicado la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero se pronunció sobre el caso luego -alrededor de cuatro horas después- de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “una imprudencia o un acto de provocación” el que Lozoya fuera evidenciado el fin de semana, cenando en el restaurante Pilar del Hunan, de acuerdo a las imágenes documentadas por la periodista Lourdes Mendoza, y sugirió que la Fiscalía se pronunciara al respecto.
Al respecto la FGR precisó que el exfuncionario, señalado como uno de los principales responsables del caso de corrupción de Odebrecht, ha cumplido con las medidas cautelares que le fueron fijadas por el juez a petición de la propia Fiscalía, en las cuales no se requirió el arraigo domiciliario como medida cautelar.
“Con fechas 28 y 29 de julio de 2020, el Juez de Control del Reclusorio Norte sujetó a proceso al imputado, señalándole como medidas cautelares, la colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte. Dicho Juzgado, hasta el día de hoy, no ha reportado que la persona haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial”, indica la dependencia en su comunicado.
Al señalar que el caso estaba “congelado” con la entonces PGR, la hoy Fiscalía sostiene que fue hasta 2019, en que la nueva FGR “investigó el caso, que fue ratificado por Pemex, al igual que el asunto de Agronitrogenados, en los que Lozoya Austin figura como principal responsable de ambos.
La Fiscalía reiteró que una vez que se obtuvo la judicialización del exfuncionario una filtración lo alertó y le dio la oportunidad de que huyera del país, y tras más de un año en fuga fue localizado en España; para luego solicitar el criterio de oportunidad, señalado en el Artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para denunciar a sus cómplices y encubridores en ambos casos.
“Emilio “L” sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso”.
En ese sentido, el comunicado de la FGR señala que a un año y dos meses de que Lozoya denunció -el 11 de agosto de 2020- a los legisladores a quienes supuestamente habría entregado sobornos millonarios y haber aportado “diversas pruebas que se han ido desahogando”, los “procesos en contra del acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia que se ha llevado en este caso”.