Entre 2021 y 2022 aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas de 184 instituciones federales, lo que equivale a 71 % de 260 depedencias analizadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
De acuerdo con el Índice de Riesgo de Corrupción 2023, que analiza indicadores como competencia, transparencia y apego a ley en las compras gubernamentales, sólo en 76 instancias federales se redujo la posibilidad de actos de corrupción, lo que representa 28 % de las instituciones examinadas.
Entre las instituciones que más gastaron en compras, Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex) presentó mayor riesgo de corrupción, con un puntaje de 70 de 100, donde 100 equivale a las mayores probabilidades de mal uso de los recursos públicos.
Según el Índice, que revisa si los contratos se realizan a través de licitaciones públicas, si se realizan con transparencia y de acuerdo a las normas, sólo 70 centavos por cada 100 pesos gastados por Birmex se asignaron a través de licitaciones públicas.
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El estudio revela que la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz fue la institución de mayor gasto que más incrementó su puntaje de riesgo (43 puntos con respecto a la edición anterior), principalmente por la falta de competencia en compras de mantenimiento de bodegas y la adquisición de materiales para la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Otro dato sobresaliente es que 74 % del monto gastado en medicamentos la adjudicaron de manera directa. Entre las instituciones que menos someten sus compras a concurso figuran el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) que obtuvieron puntajes superiores a 80 en el subíndice de competencia.
En 2022, las instituciones públicas federales llevaron a cabo 174 mil 219 compras y gastaron más de 513 mil millones de pesos. De ese monto, 38% se adjudicó directamente y 25% de los concursos realizados tuvieron tres participantes o menos, lo que aumenta los riesgos de corrupción.
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Por otra parte, más de 13 mil adjudicaciones directas (16% del toral) no contaron con el documento del contrato a disposición del público y poco más de dos mil licitaciones públicas (30% del toral) estuvieron incompletas, es decir, incumplieron con la publicación de uno o más documentos.
El análisis del Imco advierte que las dependencias federales no revisan la calidad de las empresas a las cuales les hacen las compras, pues gastaron más de 107 millones de pesos en contratos con proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública. Además, 32 % de este monto contratado fue a través de adjudicaciones directas y 64 % se destinó a servicios de vigilancia.
Diconsa y Liconsa, empresas administradas por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), empresa que actualmente es investigada por el desvío de al menos 9 mil millones de pesos, también se caracterizaron por la falta de competencia en sus compras.
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