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Tomás de la Rosa

A dos años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador hay dos elementos que, por primera vez, ponen en peligro el proyecto político y económico del Presidente: El coronavirus y la violación a los tratados internacionales en materia de protección de inversiones y medio ambiente. 

›La trasgresión a los convenios comerciales firmados por México, no sólo es con Estados Unidos y Canadá (T-MEC​ o USMCA por sus siglas en inglés) o con la Unión Europea. Es con una buena parte de los 13 tratados de libre comercio firmados con 50 países y/o los más de 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones.

“Sí, hay un riesgo muy, muy grande para el país convierta cantidades impagables, pero esperemos que no caigamos en esto (…) No sólo es la afectación es lo que hay que pagar, también daños y perjuicios a las empresas. El arbitraje que podrían iniciar, conforme al TLCAN y tendrán tres años todavía por presentar esas demandas”, comentó a ejecental el presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC México), Claus Von Wobeser.

Las demandas contra México podrían ser un fuerte número. Según la autodenominada, Revista de Arbitraje de la Comunidad Iberoamericana, CIAR Global, más de 170 empresas de energía renovables en México interpusieron recursos de amparo contra la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador y “la gran mayoría de ellos se habrían ganado”.

“Esto pone en riesgo el proyecto político del presidente. López Obrador quería darle más recursos a los pobres y según Coneval y algunos bancos, al final de año México tendrá 5 o 10 millones más de pobres. Entonces, no va haber dinero que alcance para programas sociales y para sostener a las empresas del estado”, sostuvo el director de la consultora especializada en el sector energético GMEC, Gonzalo Monroy.

66 dólares de cada 100 que exporta México a Estados Unidos se concentra en cinco entidades.

Los daños que las empresas han demandado son producto de la llamada “nueva política energética”, que puso a revisión todos los contratos en la materia con los diferentes consorcios. La más reciente advertencia de que esta estrategia del gobierno federal continuaría llegó el 25 de junio, a través de la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, quien advirtió que en México “se va a proteger la red eléctrica ante los embates extranjeros”.

Esto se traduce en el rescate operativo y financiero de las empresas del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE. En este proceso, podrían vulnerarse convenios con empresas, muchas de ellas extranjeras, que están protegidas contra los actos de gobierno. De no resolverse de buena fe los desacuerdos, se tendrá que dirimir en los tribunales de arbitraje.

El costo de la confrontación

Un cálculo que podría ser conservador son 30 mil millones de dólares que tendría que desembolsar el gobierno federal para empezar a indemnizar empresas.

“Si no se autoriza la interconexión con la CFE y las empresas no puedan operar, no sólo los 30 mil millones de dólares que dicen han invertido esas empresas se tiene el riesgo de indemnizar. Además, se tendrá que pagar los posibles perjuicios, que es lo que dejen de ganar las empresas en un periodo de un año. Entonces pueden ser montos muy importantes”, estimó Claus Von Wobeser.

Un punto de comparación de los 30 mil millones de dólares de indemnización, es que ese monto cubre y supera casi 5.0% a todos los recursos que dará el gobierno federal en 2020 a través de los más de 80 programas sociales. 

›Aunque lo más grave será la situación de las finanzas públicas estará comprometida por el desplome de la actividad económica. Las estimaciones más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) es que el PIB mexicano tendrá uno de los impactos más severos del planeta con una caída de 10.5% en 2020. En el mundo, de los países desarrollados, Francia, Italia y España tendrán un desplome de su economía superior al 12.0%, cada uno.

Además, otra infracción que podrían hundir a los proyectos de este gobierno, es la violación a los convenios internacionales para combatir el cambio climático, como el Acuerdo de París. Esto por anuncios como el de la CFE de generar más electricidad con materiales contaminantes como el combustóleo y carbón mineral. 

Con la entrada en vigor del T-MEC, una mayor inversión requerirá energía eléctrica, pero además México tiene la oportunidad de capitalizar la guerra comercial de Estados Unidos con China y convertirse en el mayor exportador del mayor consumidor del mundo. Desde 2015 es el segundo, por debajo del dragón asiático.

Una reorientación de las cadenas productivas globales traería Inversión Extranjera Directa (IED) a México, por la reubicación de fábricas de Asia a territorio nacional. Sin embargo, hay dos elementos que podrían impedir esa tarea. La primera es el discurso del presidente de la República a la participación del capital privado a la industria energética, y la segunda la visita de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump, en pleno proceso electoral en la Unión Americana. 

Esto último podría traer represalias contra las exportaciones mexicanas por parte de los gobiernos estatales emanados del Partido Demócrata. Dos terceras partes de las exportaciones de mercancías enviadas a ese país, se concentra en cinco entidades y a partes casi iguales se divide entre gobiernos republicanos y demócratas. Esas localidades mercadean todos los días alrededor de 650 millones de dólares con México.

Deshonrando lo pactado

La “nueva política energética” del gobierno federal ya levantó las protestas diplomáticas ante la queja de empresas privadas de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, en clara violación a los pactos comerciales firmados. 

“No cabe duda que el presidente Donald Trump va a respaldar la industria petrolera estadounidense. No me parece una salida fácil, pero con las elecciones, Trump estará con los petroleros tejanos con un esfuerzo desesperado para doblar México”, comentó el Profesor Emérito en Economía por la Universidad Estatal de California, James Cypher, a través de un correo electrónico.

30 mil millones de dólares tendría que desembolsar el gobierno federal para empezar a indemnizar empresas.

El gobierno mexicano ha cerrado la puerta al capital privado a la industria energética. Incluso, recientemente la española Iberdrola canceló un proyecto de mil 200 millones de dólares para construir una planta de generación de energía eléctrica en Tuxpan, Veracruz. Eso podría ser, junto con la cancelación con el voto popular del proyecto para construir una planta de cerveza en Mexicali de la estadounidense Constellation Brands, dos potenciales demandas en los tribunales de arbitraje internacional contra México.

Ese actuar genera preocupación en los expertos. “No quiero ser alarmista pero México puede caer en la peor crisis que ha tenido en la historia. La caída del PIB por Covid-19. México está sólo, ha perdido liderazgo en América Latina y ante la presión internacional va a tener que ceder de alguna manera a los reclamos, pero esto va a tener un alto costo”, comentó Quintero.

El alto costo es porque serán recursos económicos. Al final de cuentas, “México al incumplir tratados, pueden venir bloqueos, pueden venir sanciones, pueden venir demandas de arbitraje. Es algo que en conjunto nunca ha pasado”, agregó la también investigadora de la UNAM.

Quintero ejemplificó que otra represalia por el actuar de México, Estados Unidos podría estar más atento al cumplimiento de las leyes laborales en México. Pero además se dice sorprendida porque el T-MEC se firmó porque López Obrador mantuvo la reforma energética que impulsó el gobierno de Peña Nieto.

Con el T-MEC, con esos cambios de reglas, no entiendo a qué está jugando Andrés Manuel López Obrador. Por eso, no sólo estoy preocupada, estoy totalmente aterrada. No se sabe a dónde llegará la situación económica en todo este contexto. Estoy segura que es la punta del iceberg. Las consecuencias no se han calculado, el Banco Mundial donde dice que el impacto en México tardará más de 10 años en recuperarse”, concluyó Quintero.

En ese sentido, Monroy de GMEC, afirmó que por el proceso electoral en Estados Unidos, Donald Trump aprovechará el discurso de miedo de López Obrador a los empresarios para “apretar todas las tuercas para intentar que las plantas instaladas en Hermosillo o en el Bajío regresen a casa. Podrían ser empleos perdidos en México y no sólo de la planta sino de toda la cadena de producción. Se debe corregir ya el rumbo del país para que el impacto negativo no sea mayor”.

En tanto, Claus Von Wobeser concluyó que el “gobierno lo único que tiene que hacer es cumplir con lo pactado en los tratados. Si la CFE va invertir, que lo haga y cumpla con las reglas”. Pero lo mejor dijo, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “congeló la política eléctrica que impulsa el gobierno federal. Aunque habrá que ver cuál es la decisión final, es un muy buen mensaje del Estado de Derecho de México para los inversionistas”.

López obrador en washington

Expertos han comentado sobre los riesgos de la visita de López Obrador a Washington para reunirse con Donald Trump, en pleno proceso electoral que se concretará en noviembre. Incluso han precisado las represalias de que fue objeto México por parte del Partido Demócrata cuando ganó Bill Clinton la presidencia en 1992.

Actualmente, las preferencias electorales favorecen al exvicepresidente Joe Biden, lo que complica la visita.

Además del gobierno, los estados podrían aplicar medidas no arancelarias para limitar el comercio exterior de México con sus entidades.

“Los estados pueden hacer cosas que no estén en el tratado. Si ellos consideran que algo les afecta, como pasó con los traileros mexicanos, que por el TLCAN tenían libre pasó, pero por otras cuestiones nunca pasaron. Además hay lagunas legales que pueden utilizar para bloquearlos, como los han hecho muchas veces como lo hicieron con el atún, cemento, acero, con las escobas. Es todo lo que ellos llaman neoproteccionismo”, comentó a ejecentral, Adelina Quintero Sánchez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con el tomate nos acusaron en derechos humanos por trabajo infantil y no compraron tomate mexicano. Son lineamientos que no están en el tratado comercial, pero ellos de cualquier forma imponen”, agregó.

Las palabras de Quintero cobran mayor relevancia al ver que cinco entidades concentran 66 dólares de cada 100 que exporta México a Estados Unidos.

Texas es el mayor mercado para los productos mexicanos. Datos oficiales de Estados Unidos muestran que esa entidad adquiere el 31% de la mercancía que llega a ese país. Duplica en participación a otros estados.

Los tres siguientes mayores compradores son Michigan, Illinois y California (la mayor economía de Estados Unidos) al comprar más de 320 millones de dólares diarios a México. Un punto a resaltar es que los tres son gobernados por demócratas.

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