Estados Unidos amplió la red de funcionarios que, de acuerdo a sus investigaciones, desde los más importantes cargos de seguridad de México protegieron al Cártel de Sinaloa desde hace 19 años, de 2001 hasta la fecha. Y, de acuerdo al expediente que ingresó este jueves a una Corte Federal en Nueva York, las acusaciones se extenderán a un número mayor de personajes de esta trama de apoyo a uno de los cárteles más poderosos del mundo.
Este jueves el Departamento de Justicia estadounidense amplió los cargos contra el exsecretario de seguridad Genaro García Luna,y dos de sus excolaboradores cercanos, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García, ambos ubicados en puestos clave en materia de seguridad durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En los documentos, aceptados por el Gran Jurado del Distrito Oriente de Nueva York, se afirma que los tres exfuncionarios forman parte de un entramado más amplio que sigue bajo indagatoria, y que implicaría a más funcionarios cuyos nombres siguen bajo reserva, quienes a cambio de “millones de dólares en pagos de sobornos” dieron información y omitieron hacer su trabajo para proteger al cártel que dirigía Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y todavía Ismael Zambada García, El Mayo.
El dato. García Luna podría alcanzar una sentencia mínima de 20 años de cárcel hasta cadena perpetua. Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño de 10 años hasta cadena perpetua.
Cárdenas Palomino desempeñó diversos desde el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pasando por la entonces PGR y la también desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), siendo su último cargo al frente de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal --bajo la dirección de García Luna en la SSP—y hoy director de una empresa de seguridad privada.
Y Pequeño García quien ocupó distintos cargos en la administración pública, el último como titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal justo cuando, en julio de 2015, se escapó del penal de máxima seguridad del Altiplano Joaquín El Chapo Guzmán, y una de sus responsabilidades era vigilarlo. Nunca fue acusado penalmente por la fuga del líder del cártel que ahora Estados Unidos asegura que protegía, en México solamente rindió una declaración ministerial de la que quedó registró en una sola página.
Los ahora fugitivos de la justicia estadounidense, fueron acusados al igual que García Luna, preso en aquel país por los delitos de de conspiración, narcotráfico y declaraciones falsas, de haber abusado de sus cargos públicos en beneficio del Cártel de Sinaloa. Los tres enfrentan imputaciones por delitos de conspiración internacional para el tráfico de cocaína.
“Los acusados Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García fueron funcionarios de alto nivel en el gobierno mexicano que protegieron al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en pagos de sobornos”, señala la acusación del Tribunal.
Su actuación permitió, añade, el envío “de varias toneladas” de cocaína hacia Estados Unidos. Proporcionaron información confidencial sobre los operativos policiales en contra del cártel, y sobre las operaciones y detenciones de miembros de sus rivales.
También son acusados de colocar en puestos claves a otros funcionarios “corruptos”, que ubicaban en áreas controladas por el cártel.
En el caso de México, las cuentas de Genaro García Luna, así como de Luis Cárdenas Palomino fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, como parte de las investigaciones que involucran a ambos funcionarios en una red de corrupción y lavado de dinero; pero, a la fecha, la UIF, ni la Fiscalía General de la República han revelado el nombre de Ramón Eduardo Pequeño, quien era el responsable de uno de los equipos de vigilancia sobre Joaquín Guzmán, previo a su evasión en la administración pasada.
Por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del virus SARS-CoV-2, la próxima audiencia del encargado de la seguridad en el país en el sexenio de Felipe Calderón, quedó programada para llevarse a cabo el próximo 7 de octubre de este año.
Red de implicados. En los documentos, aceptados por un Gran Jurado de Nueva York, se afirma que los tres exfuncionarios forman parte de un entramado que sigue bajo indagatoria.