El régimen político de la 4T en México constituye un complejo objeto de estudio que desafía las clasificaciones binarias de la ciencia política tradicional. Lejos de las visiones que proclaman una imaginaria revolución socialista o la inminente consolidación de una dictadura totalitaria, un análisis riguroso de los hechos y la revisión de la literatura reciente revelan un modelo en tensión continua y de contradicciones profundas, que conjuga una legítima vocación redistributiva y nacionalista con la persistencia de estructuras macroeconómicas de sometimiento geopolítico, incluidas externalidades ambientales irresueltas y mecanismos corporativos de control social con fines electorales.
El gobierno confunde la estabilidad macroeconómica y la inversión extranjera con un verdadero desarrollo productivo autónomo. El incremento salarial y los programas sociales han dinamizado el consumo interno, pero no resuelven los problemas estructurales de la economía nacional. La redistribución de la riqueza no sustituye el desarrollo de la industria mexicana. Sin un aparato productivo fortalecido, el aumento en la capacidad de consumo de las masas se fuga a través de la importación de mercancías de alto valor agregado, lo que perpetúa el estancamiento crónico y la dependencia al mercado norteamericano.
El nearshoring al servicio de la recomposición de la economía estadounidense tampoco fortalece la industria nacional. José Romero Tellaeche lo ha dicho con toda claridad: si las inversiones no se condicionan a la transferencia de tecnología, al incremento del contenido nacional y al fomento de la ingeniería local, seguro que habrá maquiladoras de ensamble, pero no empresas nacionales con propiedad intelectual bajo la rectoría del Estado.
Dado lo anterior, resulta indispensable desmontar el mito de una ruptura radical con el modelo económico global. La 4T no aspira a la abolición del capitalismo, sino a su estabilización y gestión social mediante reformas impulsadas desde el Estado. La vigencia del T-Mec y el estricto respeto a la disciplina macroeconómica dictada por los mercados internacionales evidencian la continuidad neoliberal. Esta paradójica convivencia entre la retórica antineoliberal y la praxis promercado americano funciona como un mecanismo de contención. El Estado asume los costos de la devastación socioambiental previa sin alterar de raíz las relaciones de producción ni la inserción de México en la globalización económica.
Esta sujeción a las lógicas imperiales adquiere una dimensión material crucial a nivel geoeconómico. Los intentos estatales por recuperar el nacionalismo energético tropiezan inevitablemente con la arquitectura de la transnacionalización corporativa. A pesar del discurso de soberanía, el régimen opera dentro de una matriz de acumulación que convalida la destrucción ambiental y el despojo territorial en las regiones periféricas. El desarrollo de megaproyectos de infraestructura reproduce dinámicas capitalistas extractivas (el caso del gas de lutita resulta escandaloso) que subordinan los recursos estratégicos, como el agua y la biodiversidad, a las cadenas de valor globales.
No obstante, esta continuidad coexiste con una reconfiguración sustancial de la legitimidad política. Los gobiernos de la 4T han implementado un programa de redistribución de la riqueza a través de transferencias directas y una política de recuperación salarial sin precedentes en el México contemporáneo. Se trata de la restitución del Estado social y la reivindicación de un nacionalismo histórico de corte cardenista. Desde esta mirada, el gobierno centraliza el poder con el objetivo de fracturar el régimen oligárquico que subordinó la esfera pública al interés privado durante más de tres décadas. En este sentido, la llamada “transición a la democracia” de los años noventa fue una falsa transición, un diseño institucional meramente formal y electoral que convalidó la captura del Estado por parte de élites tecnocráticas y corporaciones transnacionales.
La 4T logró romper el consenso discursivo del neoliberalismo al devolver al espacio público nociones proscritas como la ética pública, los derechos sociales, la soberanía, el humanismo y el sentido histórico de un proyecto de Nación. Sin embargo, aunque el régimen asume la defensa del Estado social y la educación pública frente a la lógica mercantil, la construcción de esta nueva hegemonía se centraliza de manera excesiva en la figura presidencial, lo que provoca una desactivación de la movilización popular genuina, ahora subordinada a una aceptación vertical de las directrices del Estado, con lo que se debilita el potencial transformador y autónomo de las clases subalternas, filtradas por el partido y la nueva burocracia sectorial. Además, se corre el riesgo de que gobiernos populares queden enfrentados con movimientos sociales antes aliados (como ya ha pasado).
Esta centralización conecta directamente con la rapiña de la crítica liberal más convencional (de Lorenzo Córdova a Natalia Torres) respecto al resurgimiento de rasgos autoritarios. Para quienes comparten esta tesis, la 4T opera bajo la lógica de un populismo autocrático que erosiona la arquitectura constitucional de contrapesos, captura los órganos autónomos y debilita el pluralismo político. Lo cierto es que el régimen edifica su permanencia mediante formas corporativas y clientelares de control de masas, donde los programas sociales actúan como herramientas de legitimación electoral vertical en lugar de derechos universales desvinculados del partido en el poder.
El régimen de la 4T no representa un quiebre absoluto con el orden económico que impone Estados Unidos, sino una reorganización política interna del Estado mexicano. Su naturaleza se define por la tensión irresoluta entre la urgencia de justicia distributiva frente al fracaso de la democracia puramente electoral, y el ejercicio del poder presidencial a costa de las garantías institucionales del Estado de Derecho, en un contexto geopolítico en el que los términos de la integración económica en el hemisferio norte del continente han cambiado. Precisamente, la dualidad del régimen estriba en su capacidad para disputar la hegemonía discursiva y aliviar parcial y temporalmente la pobreza material, a la vez que mantiene intactas las estructuras de sujeción al capital norteamericano, ejerce un control corporativo sobre las masas de votantes cautivos y administra el deterioro socioambiental del territorio nacional a través de regiones de sacrificio.
Las alternativas propuestas para superar la encrucijada entre la “continuidad neoliberal” y el “populismo autoritario” al menos coinciden en evitar la restauración del orden tecnocrático anterior. Voces críticas de la izquierda fuera y dentro de Morena han insistido en la construcción de una auténtica hegemonía desde abajo, donde las clases subalternas recuperen su autonomía política y la movilización popular deje de operar como un mero instrumento de aclamación electoral en un entorno de marcado neocorporativismo (particularmente indígena).
Asimismo, está presente la demanda de atender en serio los daños ambientales y sanitarios causados por el neoliberalismo y el sometimiento a las dinámicas de acumulación regionales, así como de favorecer la gestión comunitaria de los bienes comunes mediante la soberanía alimentaria, energética y sobre los recursos estratégicos en general. Sin embargo, la persistente crisis ambiental, el fraude del fracking sustentable y la economía circular, así como la reivindicación de los organismos genéticamente modificados y la negligencia frente al uso de plaguicidas altamente peligrosos y de los creados con biología sintética, parecen apuntar hacia otro lado.
En el plano institucional, se ha planteado consolidar un Estado social de garantías sustanciales, con el que los programas sociales se transformen en derechos incondicionales para todos, blindados frente al control clientelar gracias a una arquitectura de contrapesos sociales efectivos y a una función judicial democrática e independiente, capaz de asegurar que el Derecho actúe verdaderamente como la ley de protección de los más débiles ante los poderes fácticos y cualquier eventual captura del aparato estatal.
La seguridad pública es un tema de interés nacional, pero no sólo para el gobierno de México sino, especialmente, para nuestro vecino del Norte, que busca resguardar su propio sistema financiero y consolidar el control de los recursos provenientes de la economía criminal, en un marco de injerencismo y subordinación geopolítica con alfiles de por medio.
Pero el meollo del asunto está en otro lado. Para que la 4T no termine siendo simplemente “una administración más sensible del orden neoliberal”, debe pasar de la mera disciplina fiscal y la contención de la pobreza a una transformación radical de las fuerzas productivas. El fortalecimiento industrial exige construir soberanía científica, tecnológica y financiera, en vez de sólo depender de la dinámica económica del mercado estadounidense. Además, los programas sociales que garantizan votos no podrán sostenerse si la economía no crece. Éste es el límite material de la 4T, así como de la resistencia cognitiva y las batallas culturales que se dan en su nombre.
Con el cobijo de las instituciones o desde la intemperie plebeya, el pensamiento crítico no puede renunciar a ser lo que es, salvo cuando ya ha dejado de serlo.
