Expertos alertan al TEPJF sobre regresión democrática

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) convocó a diversos actores que han estado involucrados en las reformas electorales de los últimos 25 años para conocer sus propuestas sobre cómo fortalecer al órgano encargado de calificar los comicios en México. La advertencia fue clara: corren tiempos de regresión democrática.

Al participar el jueves pasado en el foro “La visión fundacional del sistema de elecciones y la justicia electoral en México”, el director general del Instituto Federal Electoral (IFE) de 1993 a 1994, el exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, dijo que “en tiempos de regresión democrática como los que vive hoy México, se requiere de todos los servidores públicos a cargo de la justicia electoral un comportamiento intachable que no genere resquicios o pretextos para la intromisión autoritaria que siempre pretenden jueces y magistrados a modo”.

Sin mencionar por su nombre al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ni la reforma electoral que su partido impulsa en el Congreso, el expresidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita (2008-2013), dijo que “ante cualquier intento de reforma que vulnere ese equilibrio que logramos entre control jurisdiccional y legitimidad que hoy tenemos, sería necesario oponerse, no solamente desde las instituciones sino desde las voces de la sociedad civil y desde la academia”.

Otro de los asistentes al foro del TEPJF fue el exdiputado panista y doctor en derecho Juan Miguel Alcántara Soria, quien participó en la reforma de 1990 mediante la cual se creó el Tribunal Federal Electoral, antecesor del actual órgano electoral.

Durante su ponencia, advirtió que “en 2022 estamos ante un escenario inverso y adverso para la democracia, un presidente con legitimación de origen indiscutida, pero deslegitimándose día a día en el ejercicio del cargo”; y al advertir que la próxima reforma electoral pudiera revertir avances institucionales, llamó a “defender nuestros órganos constitucionales para disminuir riesgos de actividades antidemocráticas”.