Inequidad y fragilidad. Esos son los términos más recurrentes que se detectan al conversar con cuatro expresidentes del instituto encargado de organizar las elecciones en México sobre las condiciones en que llega el país al proceso comicial más grande de la historia.
La mesa está puesta. Las campañas formales comienzan en dos semanas, las candidaturas están definidas, vienen los debates y las maquinarias de los partidos se alistan para desplegar intensas jornadas de promoción del voto.
Las dudas son si las autoridades electorales estarán capacitadas para el arbitraje político, si podrán dirimir los litigios poselectorales, si habrá condiciones para que los ciudadanos salgan a votar con seguridad, si los actores políticos respetarán las reglas… si habrá cancha pareja.
Para José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova (en el orden en que fueron presidentes del Instituto Electoral), esta será la contienda presidencial más inequitativa desde que los órganos electorales son ciudadanos y autónomos.
Entrevistados por separado por ejecentral, los cuatro exárbitros advierten que el desafío coincide con unas autoridades electorales que muestran fragilidades en su integración, con la intervención obstinada del presidente Andrés Manuel López Obrador en la contienda y con el acecho de la delincuencia organizada.
Como telón de fondo, la jornada ciudadana tiene un proyecto de reforma electoral que pretende llevar a México, dicen los entrevistados, a las condiciones de competencia que había en el país hace 60 años, cuando no se reconocía el pluralismo político que hoy vive el país.
Juego disparejo
“A este nivel, con esta intensidad y con este descaro, jamás”, responde Woldenberg al preguntarle si México había experimentado algunas elecciones que contaran con la intervención de un presidente como ocurre actualmente con Andrés Manuel López Obrador.
“El hoy Presidente durante muchos años trabajó, luchó, por construir condiciones equitativas de la competencia, y él mismo fue el que propuso que los funcionarios públicos deberían comportarse de manera imparcial durante los procesos electorales, y él es el primero en violar ese tipo de normas”, agrega Woldenberg, quien fungió como consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) de octubre de 1996 a octubre de 2003.
A 18 días de que arranquen las campañas y a 111 días de la jornada electoral, el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, considera que ya se han roto las condiciones de una contienda equitativa.
“Lo que ha ocurrido en el INE y con el Tribunal Electoral es que en los últimos 18 meses han permitido un juego disparejo que ya causó un daño irreparable. Y lo que ha permitido esa condición son dos fenómenos: uno es el intervencionismo de López Obrador en las campañas, que ya le ha causado un daño muy fuerte a la candidata de oposición, que le ha incrementado los negativos y eso claramente es un asunto que ya no tiene reparación. Eso ya generó un desequilibrio”.
Árbitro electoral entre octubre de de 2003 y diciembre de 2007, Ugalde agrega que el segundo factor de inequidad “es haber tolerado que las campañas se hayan iniciado antes de tiempo. En el caso de Morena hace dos años y en el caso de la oposición desde el verano”.
Y añade un tercero: “Los gastos excesivos de precampaña que han sido onerosos, ostensibles y que, pues, eso también ya ocurrió, ya causó un daño irreparable. Entonces esas tres cosas ya ocurrieron. De tal forma que el arbitraje político está en seria duda”.
Momento crítico
Para Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE entre febrero de 2008 y octubre de 2013, el mayor tema de preocupación es la dificultad del INE y del Tribunal Electoral para llegar debidamente integrados a la jornada electoral donde estarán en juego más de 20 mil cargos de elección popular y al que están convocados más de 98 millones de mexicanos.
“En el caso del tribunal, no sólo está incompleta su Sala Superior, sino las salas regionales y eso impone situaciones difíciles de operación, porque sin tener la conformación completa, de todas maneras tiene que resolver los litigios, y aun cuando en el caso del tribunal quien preside la Sala Superior y las salas regionales tienen voto de calidad para resolver esos litigios, se hace muy complicado el procesamiento de los asuntos”, opina.
“Y en el caso del INE están vacantes la Secretaría Ejecutiva y la mayoría de las direcciones ejecutivas, coordinaciones de las unidades técnicas, que, si bien pueden funcionar con encargados de despacho, lo cierto es que tampoco es lo óptimo, porque el proceso electoral es muy demandante, exige de concentración y de mucho esfuerzo”, puntualiza.
Aunque las pugnas al interior de los órganos electorales y la permisividad ante los actos anticipados de campaña ya ocasionaron un desequilibrio en la contienda electoral, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE entre abril de 2014 y abril de 2023, opina que se trata sólo del “prolegómeno de una violación generalizada de las reglas del juego”.
Detalla: “Llegamos a un proceso electoral, luego de una secuencia de actos de deslealtad o de simulación incluso de las normas, como por ejemplo las precampañas anticipadas tanto del oficialismo como de las principales fuerzas de oposición, que no solamente fueron consentidas, sino además fueron avaladas por las propias autoridades electorales”.
Opina que el presidente López Obrador ha sido un contumaz violador del artículo 134 constitucional desde que tomó posesión y no ha habido un solo proceso electoral en el que no haya intervenido violando la Constitución, transgrediendo el principio de neutralidad.
“Ya permitieron, ya fueron condescendientes con algunas violaciones, pues les va a costar mucho más la tarea arbitral que me temo que va a ser sumamente exigida”, sentencia Córdova sobre el desempeño de los órganos electorales, por lo que no duda en estimar que “estamos probablemente frente a un momento crítico de la historia de la democracia en el país”.
Equidad erosionada
A José Woldenberg le tocó encabezar esfuerzos para la ciudadanización de las autoridades electorales en los años 90. Condujo el proceso electoral de 1997, cuando por primera vez el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y estuvo al frente del IFE durante el proceso electoral de 2000, cuando el tricolor perdió por primera vez la Presidencia de la República y llegó al poder el panista Vicente Fox.
Al preguntarle si hay condiciones para unas elecciones equitativas, Woldenberg contesta: “Si uno lee la Constitución y las leyes electorales, esas condiciones están dadas. Pero si uno ve el comportamiento del gobierno y de muchos de los candidatos, pues están precisamente erosionando las condiciones de equidad en la competencia”.
Orador durante la megamarcha del pasado 13 de noviembre de 2022, cuando miles de ciudadanos se movilizaron para defender al INE ante una reforma electoral que pretendía erosionar su estructura y facultades, Woldenberg puntualiza que “lo que está en juego en México es si la germinal democracia, que a lo largo de varias décadas y generaciones forjó el país, resistirá las embestidas del autoritarismo presidencial y su coalición”.
A Luis Carlos Ugalde le correspondió lidiar con la controvertida elección de 2006, que se dirimió por una diferencia de medio punto porcentual entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Además, vivió como presidente del IFE el conflicto poselectoral que incluyó la toma de Paseo de la Reforma durante varias semanas por parte de simpatizantes del tabasqueño.
Respecto a si actualmente existe el riesgo de una elección de Estado, como acusan los líderes de la oposición y analistas políticos, el experto en análisis de riesgo político refiere: “Pues no es que haya riesgo, es que ya está ocurriendo. Hay varios síntomas de una elección de Estado, donde la candidata oficial ha gastado varias veces el tope de gastos de campaña, donde inició una precampaña 18 meses antes de lo que la ley indica y donde el Presidente se ha entrometido en las campañas. Esas tres cosas constituyen elementos de una elección de Estado”.
Sobre la posibilidad de que se impugnen los resultados por la falta de equidad en la competencia, Ugalde opina que se está orillando a que la oposición pida la nulidad de la elección, aunque el triunfo de la candidata oficial fuera significativo.
“Igual que lo hacía López Obrador cuando fue candidato de la oposición, que decía que había habido inequidad y no ha aceptado el resultado. Nunca antes, sin embargo, en México había habido estas condiciones de inequidad, nunca. Y esto claramente el riesgo es que propicie un conflicto poselectoral o el rechazo de resultados por parte de la oposición, independientemente del margen de triunfo que pudiera tener la candidata oficial”. explica.
“Vamos a ciegas”
Leonardo Valdés fue el encargado de instrumentar la serie de cambios a las leyes electorales que se derivaron de la reforma de 2007, a partir de la cual se prohibió a particulares la contratación de espacios en radio y televisión para la difusión de propaganda política, además de que se hizo más rigurosa la fiscalización de recursos para financiar a los partidos políticos.
Valdés Zurita condujo también las elecciones presidenciales de 2012, cuando el PRI volvió al poder de la mano de Enrique Peña Nieto.
El último consejero presidente del IFE opina que la reciente reforma electoral presentada por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados sería un retroceso, pues está en contra de la nominación de consejeros y magistrados por voto popular, de la eliminación de los legisladores plurinominales y de la desaparición de los organismos públicos locales electorales y los tribunales locales.
“Toda la independencia y autonomía por la que luchamos y que se fue obteniendo poco a poco para tener equilibrios, para tener un mejor funcionamiento del sistema democrático, se iría a la basura. Es una propuesta que difícilmente puede pasar porque las fuerzas políticas tienen memoria histórica, entonces no veo a las oposiciones votando a favor de estas reformas”, sentencia.
“Pareciera que el presidente López Obrador –dice– quiere que regresemos a aquella etapa del PRI cuando ganaba todos los distritos y todos estados, y entonces era el único partido que tenía diputados y senadores. Claro, eso es muy cómodo cuando se es Presidente, porque asegura la mayoría calificada para modificar la Constitución a su antojo, pero eso ya no se llama democracia, se llama autoritarismo y lo vivimos muchos años en este país, y lo logramos superar pacíficamente y sería gravísimo que tuviéramos que regresar a esa situación”.
A Lorenzo Córdova le ha tocado lidiar con López Obrador como candidato opositor, como presidente de la República y como un actor esmerado en descalificar al INE.
Estaba al frente del instituto cuando se rechazó en el Congreso la reforma constitucional que pretendía desmantelar el servicio profesional del organismo y que los consejeros y magistrados electorales fueran electos por voto popular a propuesta de los tres Poderes de la Unión. También le tocó litigar cuando los legisladores aprobaron el llamado “Plan B”.
Sus pronósticos para el actual proceso electoral no son alentadores. “Creo que vamos a tener elecciones profundamente desequilibradas, en donde la cancha pareja quedará como cosa del pasado. Porque no veo a los órganos electorales imponiendo con severidad las condiciones que la propia Constitución establece en este sentido”.
Sobre el paquete de reformas que el presidente López Obrador presentó el pasado 5 de febrero, Córdova dijo que será un factor de desequilibrio, pues la propia candidata del bloque Morena-Verde-PT, Claudia Sheinbaum, ya ha dicho que esas acciones serán parte de su plataforma de gobierno.
“¿Qué quiere decir esto? Pues que la oposición se va a enfrentar no solamente al partido en el gobierno, que tiene un partido aventajado en las encuestas, que es el partido mayoritario en nuestro país, sino que muy probablemente se va a enfrentar a toda la estructura, sobre todo a la estructura discursiva y comunicacional del gobierno”, vaticina.
Sobre los escenarios posteriores al 2 de junio, el exconsejero presidente del INE estima que si la contienda presidencial tiende a cerrarse, muy probablemente se comenzarán a escuchar voces desde el poder que acusen fraude.
“Así pasó en Estados Unidos en la elección de 2020 con un presidente con poca lealtad democrática como lo fue Donald Trump. Lo mismo pasó en 2022 en Brasil –refiere– con un presidente con poca o nula lealtad democrática como lo fue Jair Bolsonaro. Y pues el presidente López Obrador es un Presidente que en ese sentido se parece mucho a aquellos dos. Es decir, no es un Presidente con una lealtad democrática como lo revela su constante desapego al orden constitucional en la materia electoral”.
El segundo gran riesgo, desde la visión de Córdova, es la aceptación de los resultados. “Pienso que lo que va a ocurrir después del 2 de junio es una enorme cantidad de litigios y de impugnaciones a los resultados, lo que va a exigir mucho al tribunal”, que para entonces se verá en serias dificultades para procesar las impugnaciones dada la vacancia de titulares en las distintas salas.
Respecto al papel que jugará la delincuencia organizada, Córdova señaló que el Estado ha faltado a su responsabilidad no sólo de mitigar el fenómeno de la criminalidad, sino que fue omiso ante la autoridad electoral para presentar mapas de riesgo que ayudaran al personal electoral a trazar la logística del trabajo en campo.
“Me temo que las instancias de seguridad del Estado mexicano no han hecho su trabajo de diagnosticar cómo está cambiando la actitud del crimen frente a las elecciones. Hoy vamos a ciegas. El Estado yo creo que ha fallado en hacer ese diagnóstico y ojalá, pues, esa visibilidad que implican las elecciones genere una especie de actitud inhibitoria para que el crimen organizado no interfiera en los procesos”, concluye.
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