Las elecciones del próximo domingo han quebrado al gobierno del presidente Enrique Peña Nito antes aún de que se celebren. En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública aceptó la extorsión de la Coordinadora Nacional (CNTE), la disidencia magisterial, de que o suspendían la evaluación de los maestros, o sabotearían las elecciones en 22 estados. La suspendió el viernes y la tormenta comenzó. Vergonzosamente, ante la crítica, el comunicado desapareció de la página en internet de la dependencia, pero no la decisión del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que oficializó pusilánimamente la contrarreforma educativa.
Las palabras del presidente de que la Reforma Educativa, “largamente esperada”, era el pie de toda su transformación de México, suenan como broma. La reforma, eminentemente administrativa, sirvió de justificación para quitarle el control de las plazas –instrumento de manipulación y poder- a su sempiterna líder y aliada política de Peña Nieto, Elba Esther Gordillo, a quien, para hacer más patente la seriedad sobre la reforma en la que se embarcaban, metieron a la cárcel, donde aún se encuentra pese a que el caso, en términos judiciales, se cayó hace tiempo. Los nuevos aliados que encontró el equipo del presidente para caminar hacia la consolidación de la reforma, fueron los peores socios que podía haber encontrado, los líderes de la CNTE.
Si Gordillo y su equipo mostraban resistencias a la Reforma, y proponían que para llegar a ella se tenía que seguir un proceso inverso para la construcción de condiciones, la disidencia magisterial, querubines del peñismo, respondió con movilizaciones y violencia. El responsable de la negociación con la Coordinadora magisterial, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, hizo lo mismo que en el estado de México, cuando el gobernador era Peña Nieto: sacó la chequera, le regaló más de 10 mil millones de pesos a la disidencia magisterial, y les ayudó a transformar su grupo de cuatro estados, a un movimiento implantado en 22. Ingenuo e ignorante de las dinámicas y tejidos en la disidencia magisterial, pensó que el dinero político solucionaría todo. Toluca, definitivamente, no es México.
El primero de mayo pasado, los líderes de la CNTE le entregaron un pliego de demandas donde pedían la derogación de la Reforma, que no hubiera evaluación docente y que se otorgaran plazas automáticas a los normalistas. La sola reunión con Miranda, ante la conocida proclividad del subsecretario para darle a la disidencia magisterial lo que quiere, motivó que organizaciones sociales presentaran demandas de amparo contra las autoridades para evitar que cedieran. La dirección política magisterial, como lo hacen siempre, elevó la presión.
El jueves pasado anunció un paro de labores este lunes en protesta por la evaluación y el inicio de acciones concertadas en 22 estados –aquellos donde Miranda les ayudó a construir bases- para impedir las elecciones del próximo domingo. Como siempre dicen, tomarían carreteras, casetas, edificios públicos, realizarían marchas y armarían plantones. El viernes, la extorsión ganó. La Secretaría de Educación Pública informó a través de su portal de internet: “Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.
Esas 33 palabras fueron dinamita, y motivaron una severa respuesta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un organismo autónomo del Estado Mexicano, que es el único responsable de hacer ese trabajo. En un comunicado este sábado, el INEE exigió –ese es el verbo que utilizó- al gobierno dejar sin efecto la “suspensión definitiva” de las fechas de evaluación, y afirmó que la decisión atentaba contra el artículo 3º Constitucional y sus leyes reglamentarias, así como contra los lineamientos para regular los procesos de evaluación. “No tiene fundamento la razón esgrimida por la SEP como causa de la suspensión a la que alude”, agregó el INEE. “La medida es una invasión a la competencia del INEE y vulnera su autonomía constitucional”. Formalismos aparte, la decisión no fue tomada por el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, quien a lo largo de toda la negociación con la CNTE sólo ha sido la marioneta que pone la cara ante la opinión pública. El secretario de Educación para asuntos políticos, es Miranda. Las decisiones fundamentales de la SEP no las toma Chuayffet, sino Miranda bajo el mando de Los Pinos.
Esa realidad, sin embargo, no le quita responsabilidad al secretario. La decisión que él suscribe, como establece el INEE, viola tratados y convenios internacionales del Estado Mexicano, afecta el funcionamiento normal del servicio educativo en el ciclo escolar 2015-2016, y vulnera la legalidad de la Reforma Educativa. Para un experto constitucionalista como él, es una vergüenza que acepte de funcionarios menores en rango, instrucciones que lo dejan expuesto como un mal abogado y un peor funcionario.
Pero la dignidad no es una característica de la burocracia mexicana. No va a renunciar, como tampoco habrá castigo para el subsecretario Miranda o para quienes arriba de él, provocaron la claudicación del presidente en su Reforma Educativa. En este gobierno, las exigencias de los menos son superiores a los derechos de las mayorías. Son las amenazas, los gritos y la violencia, la divisa de cambio. Siempre se aducen razones de gobernabilidad para ceder y conceder. La claudicación, como método de pacificación, es un error. Sistemáticamente, su alianza perversa con la CNTE lo ha demostrado.
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