Sin recurrir a negociaciones con autoridades de Estados Unidos ni declararse culpable, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, solicitó mediante un escrito dirigido al juez Brian M. Cogan que se desestimen cuatro de los cargos que se formularon en su contra.
Se trata de los cargos por conspiración internacional de cocaína, conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer y distribuir cocaína y de ser miembro de un cártel de las drogas, las cuales, señala su defensa, se encuentran superpuestas y se relacionan a la misma conducta.
Aunado a ello se señala que la imputación en contra de Genaro García Luna se realizó en 2019, más de cinco años después de que dejó su cargo en el Gobierno de México, esto en 2012 con lo que el tiempo para que estos delitos prescribieran ya se cumplió.
El documento del cual ejecentral tiene una copia, señala que incluso si García Luna participó de estos delitos, “una acusación que él niega con vehemencia, su retiro del servicio público en 2012 sirvió como retiro de las conspiraciones que se imputan”.
Foto: Cuartoscuro
La defensa del exsecretario de Seguridad Pública alega también que el gobierno actual no ha señalado que el exfuncionario federal incurrió en alguna “conducta conspirativa” posterior al año 2012, cuando incluso abandonó el país para seguir trabajando de manera privada.
Entre los anexos que la defensa entrega se encuentra el formulario de inmigración, el cual Genaro García Luna llenó en el año 2018 al solicitar la ciudadanía estadounidense y en el que aseguró nunca ha cometido delitos, por lo que no había sido detenido.
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“Si el señor García Luna hubiera participado en una conspiración con el cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012, cosa que no hizo, es evidente que al retirarse de la vida pública y al salir de México en 2012, el Sr. García Luna se retiró de cualquier supuesta conspiración. El estatuto de prescripción por los delitos que se le imputan al señor García Luna es de cinco años”, se lee en el documento con fecha del 14 de octubre.
Como parte de la moción se solicita también una serie de documentos y datos a fin de preparar debidamente su defensa, como lo es una lista con los nombres de los presuntos conspiradores no acusados.
Se argumenta para que ello que muchos de los presuntos co-conspiradores se han ubicado en México, lo que crea obstáculos adicionales para la investigación que la defensa realiza por lo que, de proporcionar sus nombres en una fecha cercana al juicio, sería imposible viajar para intentar entrevistarlos.
El abogado indicó que si bien esta petición se realizó en una carta fechada el 15 de abril de 2022, el gobierno respondió que la información estaría contenida en la divulgación de material que “al parecer será entregado hasta cerca del comienzo del juicio”.
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