El riesgo legal es uno de los tantos riesgos de operación que habitualmente tienen en consideración los planes de negocio de las empresas multinacionales, adecuándose a los marcos legales de los países a los que arriban en busca de ventajas de localización de mercados, acceso a materias primas, mano de obras y/o fiscales. Sin embargo, cuando el marco legal nacional e internacional, como advierte Moody’s Investors Services, se modifica constantemente, se genera tal incertidumbre que los inversionistas optan por esperar mejores tiempos… o buscar sitios alternos como hoy lo demuestra el nearshoring de China hacia América.
De ahí la relevancia que tienen las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Norma Lucía Piña, para invalidar diversas iniciativas de reforma del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, manteniendo la coherencia del marco legal existente y, lo más relevante, mostrando que pese a la gran concentración de poder en la persona del Presidente, existe una rigurosa separación de poderes y contrapesos propios de una democracia incluyente.
Ciertamente que lo más conveniente en un horizonte de inversiones de largo plazo, como el que propone la secretaria de Economía Raquel Buenrostro para los primeros seis parques industriales en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es que no haya cambios abruptos de leyes y que sean procesadas de manera clara y firme para que se mantengan estables; y que exista un poder judicial capaz de procesar de manera expedita las inevitables controversias entre particulares y entre particulares y entidades de gobierno.
El hecho que la mayoría de ministras y ministros de la SCJN rechazaran el llamado “Plan B” —que pretendía reducir los alcances del Instituto Nacional Electoral— debido a la violaciones al proceso parlamentario al omitir la discusión en comisiones en la Cámara de Diputados y de Senadores, ha enviado una poderosa señal de una autonomía y apego al marco legal que tanto aprecian empresas nacionales y multinacionales por igual.
En busca del ally-shoring perdido
Luego del llamado “Viernes Negro” en que sin la debida discusión los senadores de Morena y sus aliados aprobaran nueve reformas (que previamente habían aprobado de igual apresurada manera la mayoría de diputados oficialistas), el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales que encabeza Alberto de la Fuente expresó su honda preocupación ante cambios que impactarían en la actividad minera, energética, de transporte aéreo, logística, comercial y de innovación.
“Estas iniciativas y modificaciones contienen elementos que van en contra de prácticas comunes a nivel global sobre inversiones y desarrollo de negocios. Incluso ponen en peligro el cumplimiento de los compromisos que el Estado mexicano ha adoptado con sus socios comerciales internacionales, tanto en la región de América del Norte como en el resto del mundo”, expresó el CEEG donde se agrupan las 62 multinacionales más importantes en México, que representan 20 % del PIB y que luego de la aprobación senatorial convocaron a un diálogo con los tres poderes de la República para reencauzar las reglas del juego.
Si bien el conflicto legal no es el más conveniente para ninguna empresa, es mucho mejor para los planificadores de empresa saber que cuentan con un poder judicial autónomo, deliberador y que no obstante ser objeto de las increpaciones de un Presidente especialmente poderoso y hostil, tomará decisiones apegadas a la ley.
Así que más que nearshoring, la reubicación de inversiones como un evento económicamente inercial, lo que se empieza a configurar en nuestro país es un ally-shoring. El US-Mexico Foundation que dirige Enrique Perret destaca que actualmente existe una oportunidad única para fortalecer los lazos de manufactura, comercio e inversión del T-MEC donde los elementos democráticos y de gobernanza son fundamentales.
“El ally-shoring describe el proceso mediante el cual los países reelaboran cadenas de suministro críticas y obtienen materiales, bienes y servicios esenciales entre socios y aliados democráticos confiables, con un enfoque en invertir en las relaciones a corto y largo plazo que protegen y mejoran la economía conjunta y seguridad nacional común”, describe la fundación.
Es decir, las ministras y ministros: Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña fortalecieron la posibilidad de lograr el ally-shoring… aunque habrá que ver sí López Obrador está dispuesto a ello en los próximos 16 meses.
