El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, rechazó que las reformas al Código Penal estatal para imponer hasta 20 años de prisión a quienes extorsionen en la ejecución de obras públicas y privadas en la entidad, sea una medida para reprimir protestas sociales.
El mandatario, quien envió la iniciativa aprobada hoy por el Congreso, dijo que la reforma está orientada a castigar la extorsión de supuestos sindicatos y grupos, quienes han usado protestas y bloqueos para ser contratados.
Para nadie es un secreto, lo dijimos incluso en campaña, que íbamos a trabajar para que se terminara la extorsión o el chantaje de grupos de sindicatos, pseudosindicatos, agrupaciones que con cualquier pretexto cerraban el libre tránsito, el libre acceso de empresarios, de ciudadanos dedicados o que prestaban servicios a las empresas nacionales, extranjeras, o a Petroléos Mexicanos, o a la Comisión Federal de Electricidad, a cambio de cuotas que imponían a las empresas”, dijo en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno, en Villahermosa.
El gobernador afirmó que la propuesta, que fue enriquecida por los diputados locales, fue distorsionada y vendida como si se tratara de un ataque a la libre manifestación.
López Hernández calificó de “trasnochados” a quienes en tribuna la denominaron como una reforma coercitiva y en contra de la libre manifestación, y aseguró que se luchará en contra de intereses enquistados.
“Lamentamos que haya, como siempre, grupos de intereses que incluso se han nutrido del chantaje y la extorsión quienes ahora intentaron distorsionar la información que contenía, o la propuesta de la iniciativa de ley que presentamos”.
Ante las criticas y señalamientos de la llamada “Ley Garrote”, que pretendía inhibir las protestas ciudadanas, los diputados locales aprobaron hacer cambios al dictamen original que buscaba castigar a quienes hagan bloqueos o protesten contra obras.EM
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