Las batas blancas ya no caben en los pasillos. Esta semana volvieron a salir: del Centro Médico Siglo XXI a Reforma, de Monterrey a Juárez, con carteles que piden un aumento directo al salario del 10 % y denuncian la falta de medicamentos. El 21 de octubre bloquearon vialidades. El día 13 ya lo habían hecho. Para el 30 de octubre anuncian otra movilización nacional. Solo después de paralizar a la ciudadanía, el IMSS elevó su oferta del 6.8% al 8%, anunció la basificación de más de 10 mil plazas y desplegó la estrategia de «escucha activa» en 277 hospitales.
No es casualidad. Es el patrón.
Durante años, las quejas se quedaron dentro: falta de gasas, jeringas y especialistas, además de turnos marcados por el cansancio y la presión. El personal documentó las carencias en reportes que rara vez generaban una respuesta. La consulta del 14 de octubre —en la que participaron alrededor de 282 mil trabajadores— se rechazó claramente el primer aumento. Solo después de la presión llegaron las mesas de diálogo, los recorridos «piso por piso» y el nuevo porcentaje. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el 8 % de aumento como el más grande de los últimos tiempos. Zoé Robledo habló de compromisos con plazos y fechas. Todo correcto… y todo reactivo.
El problema de fondo no es que el gobierno negocie. Es el incentivo que se consolida: mientras el descontento se queda en el consultorio o en el sindicato, todo se reduce a anuncios y diagnósticos. Cuando el costo se vuelve público y se mide en horas perdidas en el tráfico, aparecen los planes integrales de la semana. Esa lógica convierte la protesta visible en el único lenguaje efectivo. Y es un lenguaje caro: para los pacientes que esperan, para los trabajadores que abandonan temporalmente el hospital y para una ciudad que se detiene.
Hay más costos. Cada ciclo de omisión y reacción erosiona la confianza en las instituciones. Si la única forma de ser escuchado es generar caos, se desincentiva el diálogo interno y se fortalece la lógica de la confrontación. También se debilita la representación sindical: cuando la base siente que sus líderes negocian «a espaldas» de los trabajadores o presentan propuestas insuficientes, crece la disidencia y se fractura la capacidad de alcanzar acuerdos estables. Además, el sistema de salud paga un doble precio: primero, por las carencias acumuladas —desabasto, rotación de personal y agotamiento— y, después, por la interrupción de los servicios durante las movilizaciones.
Atender a tiempo no significa ceder a todo. Significa detectar la acumulación de carencias antes de que se conviertan en movilizaciones. Significa garantizar que el abasto, la cobertura de personal y las condiciones laborales tengan un seguimiento permanente, no solo cuando las necesidades acumuladas se convierten en una emergencia. Significa establecer canales de diálogo que no dependan de que un grupo decida cerrar avenidas.
Los trabajadores del IMSS no inventaron el descontento de un día para otro. Llevaban meses señalándolo. La respuesta llegó cuando el problema ya era insostenible. Esa diferencia —entre prevenir y apagar— es la que separa a una administración que construye capacidad institucional de otra que administra emergencias. La salud pública no debería necesitar bloqueos para ser escuchada. Cuando el gobierno solo se mueve después de que la ciudad se detiene, el mensaje es claro: el costo de la omisión se paga primero en el asfalto y después en los hospitales. Y ese costo, tarde o temprano, lo terminamos pagando todos.
