Guardia Nacional, entre el fracaso y la desmilitarización

A dos años y medio del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una de sus mayores debilidades recae en que “no hay una estrategia de seguridad nacional” y que la Guardia Nacional, como uno de sus pilares por intentar pacificar al país se mantiene aún en desarrollo, pese a que “su despliegue se ha apresurado y sus funciones y misiones están mal definidas”. Así lo considera un análisis del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad William Marsh Rice de Estados Unidos señala las fortalezas y oportunidades que tiene esta corporación si llegaran a tomarse las decisiones adecuadas, sin embargo también se advierten las amenazas y debilidades que podrían implicar su fracaso.

Aunque México no corre peligro de convertirse en un estado fallido, México tiene ‘estados’ fallidos, donde las bandas del crimen organizado han ganado tanto poder e influencia sobre las estructuras políticas, económicas y de seguridad que se han convertido en autoridades de gobierno de facto”, advierte el informe del Centro del Instituto Baker para Estados Unidos y México titulado: Forjando nuevas instituciones de seguridad: la Guardia Nacional de México y los desafíos de la identidad y nuevos Nacionalismos”.

El análisis FODA, enfocado a medir las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades del objeto de estudio en este caso la Guardia Nacional, señala que el gobierno actual ha caído en una preocupante contradicción y el reconocimiento implícito de que a la fecha la corporación no ha sido capaz de desmilitarizar el conflicto entre el Estado y las organizaciones delictivas, ya que mientras el Plan Nacional de Paz y Seguridad propuesto por el gobierno actual pretendía que con la creación de la Guardia Nacional se reemplazarían a las Fuerzas Armadas en el rol de combate al crimen organizado.

“Sin embargo, en marzo de 2020 AMLO emitió un decreto declarando que el Ejército mexicano debía continuar su papel de seguridad pública durante los próximos cuatro años, admitiendo que la Guardia Nacional no había logrado desmilitarizar el conflicto”. Seguir encomendando la responsabilidad de combatir a la delincuencia a las Fuerzas Armadas, apunta el Instituto Baker, implica buena parte de las debilidades que tiene la Guardia Nacional toda vez que entregar el control de la corporación a un mando militar y no a uno civil como lo es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implica una “falta de transparencia y responsabilidad judicial” para aquellos elementos que pudieran cometer violaciones a los Derechos Humanos e incluso conductas delictivas sin ser juzgados por las autoridades civiles.

Otra debilidad que enfrenta la Guardia Nacional (y el Ejército en general) es que todavía carece responsabilidad judicial por sus acciones. El ejército espera un cierto nivel de autonomía e impunidad frente al enjuiciamiento civil a pesar de los cambios de 2014 en el Código de Justicia Militar que autorizó el enjuiciamiento civil; dado que las fuerzas armadas de México actúan a nivel nacional en labores de seguridad pública, ejerciendo autoridad policial contra amenazas criminales, uno pensaría que se llevaría a cabo responsable de las violaciones del derecho civil y los derechos humanos”, indica el estudio.

Sin embargo, el análisis elaborado por Richard J. Kilroy, académico no residente del Centro para los Estados Unidos y México sostiene que un claro ejemplo de que esta falta de responsabilidad civil no ha sido asumida por las autoridades castrenses se refleja en que la Procuraduría General de la República, hoy FGR “no ha respondido a los casos de abuso de derechos humanos que involucran a militares, con el 97% de los casos investigados quedando impunes”.

Sin embargo, el análisis elaborado por Richard J. Kilroy, académico no residente del Centro para los Estados Unidos y México sostiene que un claro ejemplo de que esta falta de responsabilidad civil no ha sido asumida por las autoridades castrenses se refleja en que la Procuraduría General de la República, hoy FGR “no ha respondido a los casos de abuso de derechos humanos que involucran a militares, con el 97% de los casos investigados quedando impunes”.

Lo cual parece no ser una preocupación para el presidente López Obrador, pues apenas el pasado 19 de julio refrendó que una de las principales reformas pendientes por concretar en lo que resta de su mandato es entregarle el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al advertir que de lo contrario corre el riesgo de corromperse y pudrirse como ocurrió con la extinta Policía Federal.

Es una institución que se ha venido construyendo en dos años, se está consolidando, ya la gente pide la Guardia Nacional, pide que haya Guardia Nacional en todos lados y el propósito es que estén en todo el país, cuidando al pueblo, pero queremos que queden adscritas, que queden en la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa (…) Si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa tenemos la garantía de que no se va a pudrir, como sucedió con la Policía Federal”, sostuvo el mandatario.

El riesgo de fracasar

Uno de los aspectos tomado en cuenta por una gran cantidad de organizaciones civiles, académicos y especialistas retomado en el estudio del Centro para los Estados Unidos y México se refiere al futuro institucional de las Fuerzas Armadas, pues como anticipó el análisis de Yadira Gálvez Salvador titulado “La Guardia Nacional: los retos de las Fuerzas Armadas frente a la seguridad pública de México”, publicado en el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) el hecho de mantener a efectivos militares y navales en labores de seguridad pública de manera paralela -y complementaria- a las acciones de la Guardia “significa policializar a los militares, lo que no es más que aceptar el fracaso de las

instituciones civiles de seguridad y de las estrategias aplicadas hasta el momento”.

Al respecto el documento de Richard J. Kilroy pone sobre la mesa los riesgos que tiene la Guardia Nacional de fracasar y deteriorarse como fue el caso con otros intentos que llegaron a echar a andar gobiernos anteriores; aunado a las implicaciones de una estrategia basada en incrementar el papel de los militares en misiones de seguridad pública y en línea de combate contra las organizaciones de delincuencia transnacionales (TOC por sus siglas en inglés) como conciben los Estados Unidos a los cárteles mexicanos.

›Como parte de estos antecedentes que tiene de frente el gobierno actual por crear una “nueva institución de seguridad en la línea de una Fuerza de Policía de Estabilidad en medio de las crisis de seguridad y salud públicas en curso”, el estudio publicado este julio reitera los intentos del sexenio de Vicente Fox con la entonces Agencia Federal de Investigaciones; la Policía Federal del gobierno de Felipe Calderón o la Gendarmería Nacional del presidente Enrique Peña Nieto.

“Tales esfuerzos se han quedado cortos en el intento de México de crear una institución policial más profesionalizada y menos corrupta en el país capaz de lucha contra el crimen organizado”, subraya el documento y propiamente sobre los resultados de la llamada “guerra contra el narco” que emprendió el presidente Felipe Calderón sostiene que, “en esencia, al enviar la ‘caballería’, estaba comprometiendo su reserva estratégica para combatir estas organizaciones criminales transnacionales, dejando a los militares expuestos, pero también sujetos a las mismas influencias corruptoras y acusaciones de abusos contra los derechos humanos a los que se han enfrentado las agencias policiales”.

Y toda vez que la Guardia Nacional ha quedado efectivamente bajo el control operativo de la Defensa Nacional, el Instituto Baker asevera que las amenazas ya no recaen en un ámbito externo, sino en un tema de seguridad interna, “lo que significa que Sedena podría marginar sus operaciones (y presupuesto) para proteger los roles, misiones y financiación de nuevos equipos de las fuerzas armadas”.

Si la Guardia Nacional estuviera subordinada a los gobiernos estatales, las fuerzas de esta corporación podrían llegar a ser vistos como milicias estatales, que podrían ser cooptadas por el estado o autoridades locales (municipales) para utilizarlos con fines políticos, apunta el análisis como una amenaza al evocar el contexto de que “México tiene una dolorosa historia de caudillos y ejércitos particulares que se combaten entre sí por el control político y el poder económico”

El riesgo inminente recae en que “nadie quiere volver a los días de la Revolución Mexicana. Sin embargo, las organizaciones de delincuencia transnacionales han asumido un papel similar, asemejándose a ejércitos regionales bajo el mando de poderosos jefes que ejercer el poder político y económico en sus respectivos estados”.

La advertencia no es nueva. En marzo pasado, el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos (US Northcom) aseveró que los cárteles del crimen organizado transnacional mantenían el control en alrededor del 30 o 35 por ciento del territorio mexicano, “en áreas que son con frecuencia ingobernables”, lo cual ha sido una amenaza latente para el gobierno estadounidense principalmente en la frontera con México.

En respuesta el gobierno de López Obrador rechazó rotundamente dicha afirmación y aunque los propios indicadores oficiales de criminalidad no los favorecen, pues desde el inicio de la actual administración la incidencia de homicidios dolosos se ha mantenido en máximos históricos, al igual que la alta cifra de víctimas de feminicidios, extorsiones y otros delitos de alto impacto para el primer semestre de este año han repuntado tras el confinamiento por la pandemia de 2020.

De ninguna manera, esa afirmación no es real. Tajantemente la negamos y efectivamente sí hay presencia en algunas zonas como todo mundo lo conoce en algunas entidades, no en todo el territorio hay presencia de grupos que se combaten con todo el aparato del Estado de este gobierno mexicano”, respondió la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez a la aseveración del general VanHerck.

Cambio de enfoque

Considerando que una de las mayores debilidades que enfrenta la Guardia Nacional, al igual que con entidades similares en gobiernos anteriores es que, si bien el uso doméstico de las Fuerzas Armadas puede ser necesario en ocasiones debido a la corrupción y la incapacidad de las autoridades locales para enfrentar amenazas criminales, el estudio FODA resalta que “es mejor hacerlo como Fuerza de aumento temporal a las fuerzas de seguridad pública locales durante una crisis”.

Ya que ante la probabilidad de que las Fuerzas Armadas también pueden ser vistas como una fuerza de ocupación a nivel nacional y no siempre cuentan con la confianza de los funcionarios locales. Si los miembros de la Guardia Nacional, como los de la Guardia de los Estados Unidos, fueran reclutados y sirvieran en los estados en los que residen, “tendrían más probabilidades de desarrollar habilidades policiales orientadas a la comunidad y de identificarse con el servicio a sus comunidades y familias locales”.

La apertura de la Guardia Nacional, aunque diferente del modelo estadounidense, para asumir proyectos de infraestructura como el mantenimiento de carreteras, puentes, etc., así como para mejorar la economía, la educación y la salud pública, y poder brindar oportunidades de empleo para los jóvenes empleo, contrarrestando el reclutamiento de los cárteles y bandas criminales, se sugiere en el análisis como una oportunidad.

Al igual que la posibilidad de integrar a la corporación elementos de seguridad pública como son policías, bomberos y cuerpos de rescate asumiendo roles de liderazgo “también podrían fomentar una nueva identidad que aborde las amenazas desde una perspectiva de “todos los peligros”. En este sentido, la Guardia Nacional podría verse como parte de la primera en responder a una crisis y ser una alternativa a las Fuerzas Armadas federales que llegan después de un desastre con un apoyo que podría o no ser apropiado para la situación.

Considerando al presidente como un mandatario “populista de izquierda” el estudio indica que existe una oportunidad para que su gobierno pueda establecer una Fuerza Policial de Estabilidad “y una nueva identidad que refleje los nuevos nacionalismos de México”. En ese sentido apunta a que una Guardia Nacional a nivel estatal proporcionaría servicios estatales y autoridades locales con fuerzas disponibles para responder a desastres naturales y otros las amenazas provocadas por el hombre que pueden enfrentar, así como también pueden aumentar la seguridad pública roles y misiones”.

Un aspecto fundamental resulta el replanteamiento que se sugiere debería asumir el gobierno de López Obrador respecto al financiamiento de Estados Unidos mediante la Iniciativa Mérida y la oportunidad que tiene en la administración de Joe Biden para tratar de captar estos recursos en función de las necesidades de México, considerando que el reexaminar los alcances de este programa, pues al rechazar dicho financiamiento el mandatario mexicano ha recaído en una contradicción.

En mayo de 2019, AMLO anunció que no aceptará más fondos de la Iniciativa Mérida. No estaba claro si se refería todo el dinero o solo los fondos que van a las Fuerzas Armadas. Lo que AMLO puede no haber sabido es que, bajo la administración de Obama en 2013, los recursos de la Iniciativa Mérida fueron dirigidos en su mayoría a apoyar la reforma judicial y otras funciones no militares enfocadas a atender las causas profundas de la violencia y apoyar la construcción de comunidades fuertes, que es en lo que López Obrador ha dicho que quiere enfocarse”.

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