Fiscales de Estados Unidos tienen nuevos indicios sobre los posibles nexos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con grupos delincuenciales; sin embargo, los gobiernos de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador han decidido dar carpetazo al asunto por razones políticas, sin considerar que la seguridad nacional de ambos países puede estar “más amenazada que nunca” por el crimen organizado.
Esto se desprende de una investigación publicada este jueves por The New York Times Magazine, basada en docenas de entrevistas con funcionarios en activo y exservidores públicos, así como como miles de páginas de archivos judiciales y documentos gubernamentales que no habían sido publicados previamente y que ponen al descubierto las negociaciones entre autoridades y delincuentes.
Firmada por Tim Golden, la investigación relata que, pocos meses después de iniciado el gobierno de Biden, fiscales del Distrito Este de Nueva York propusieron volver a acusar a Cienfuegos de nuevos cargos, ya que habían reunido nuevas e importantes pruebas.
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“Ahora tenían al menos tres traficantes que afirmaban haberse reunido directamente con Cienfuegos, en diferentes momentos y en diferentes partes de México, para hablar sobre su protección de sus operaciones de drogas. Tenían otros testigos que podrían iluminar los supuestos tratos del general con los (hermanos) Beltrán Leyva. Pero los funcionarios del Departamento de Justicia rechazaron la idea de un nuevo gran jurado”, apunta el texto.
Titulado The Cienfuegos affair: Inside the case that upended the drug war in Mexico (El caso Cienfuegos: entrañas del caso que alteró la guerra contra las drogas en México), el reportaje llega a la conclusión de que los intereses políticos son más fuertes que la seguridad y el combate a la corrupción en ambos lados de la frontera.
“Lo que ninguno de los dos gobiernos ha reconocido públicamente es que la seguridad nacional de México, y la de Estados Unidos, pueden estar más amenazadas que nunca por el crimen organizado”, alerta.
Y agrega: “El gobierno mexicano se ha alejado de enfrentar a las bandas criminales sin reducir su poder o violencia. La pérdida de confianza entre los dos gobiernos ha socavado los ya problemáticos esfuerzos para reformar el sistema de justicia mexicano. Muchos analistas mexicanos vieron la exoneración de Cienfuegos como un mensaje especialmente poderoso de impunidad para los militares justo cuando estaban tomando un control aún mayor de la aplicación de la ley”.
Petición. Según la investigación, el gobierno de Estados Unidos pidió a México no menospreciar la evidencia contra Cienfuegos.
La exoneración
Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional entre 2012 y 2018, fue detenido el 15 de octubre de 2020, durante un viaje a Los Angeles, California, acusado de nexos con bandas del narcotráfico.
Tras una gestión diplomática de México, que puso en vilo la colaboración entre ambos países para combatir al crimen organizado, Cienfuegos regresó a México el 19 de noviembre de ese año.
La Fiscalía General de la República, que se había comprometido a investigar al general, lo cual hizo a toda velocidad, el 14 de enero de 2021, exoneró a Cienfuegos de los delitos que se le imputaban en Estados Unidos.
La insólita presión mexicana
La investigación de The New York Times Magazine arroja luz sobre la “bomba”, que significó para el gobierno mexicano la detención de Salvador Cienfuegos y la presión que ejercieron sobre la justicia de Estados Unidos para lograr su extradición a México. A continuación los episodios:
—La furia de Ebrard
Días después del arresto de Cienfuegos, el canciller de México, Marcelo Ebrard, convocó al embajador Christopher Landau a su oficina en el Centro de la Ciudad de México. “Nunca había visto a Marcelo tan enojado”, dijo Landau. “Habíamos pasado por algunas negociaciones complicadas: el comienzo de la pandemia, la política de ‘Quédate en México’, pero nunca había visto algo así. Se lo tomaron mucho peor de lo que esperábamos”.
Ebrard dijo a Landau que la presencia de la DEA en México estaba “decididamente en riesgo”.
“Le dije al embajador que el arresto había destruido cualquier base de confianza, cualquier base de cooperación”, dijo Ebrard al autor. “Actuaron con engaño y sin ninguna consideración por el peso de México. Le pregunté: ‘¿Actuarías de esa manera con Francia o algún otro aliado?’”.
—Justicia vs. política
De vuelta en su oficina, Landau llamó al fiscal William Barr por una línea segura. Ebrard estaba furioso, dijo. Los militares estaban alborotados. “Esto es muy importante para ellos”, dijo el embajador.
El impulso de Barr para mejorar la cooperación antidrogas estaba en peligro. Si bien Landau había accedido al arresto de Cienfuegos, ahora albergaba dudas sobre la solidez de las pruebas contra el general. Le dijo a Barr que no estaba seguro de si la acusación valía el costo potencial.
—Titubeos del fiscal
Manifestada la inconformidad del gobierno mexicano con la aprehensión de Cienfuegos, el canciller Ebrard habló con el fiscal Barr para informarle de las posibles represalias de México y la fractura en la cooperación bilateral.
“Personalmente, sentí que el caso de Cienfuegos no valía la pena echar por tierra cualquier perspectiva de una cooperación más amplia con los mexicanos”, escribió Barr en sus memorias, sobre las valoraciones que hizo antes de ordenar la liberación de Cienfuegos.
Según dos funcionarios informados sobre la llamada, Barr pidió a los mexicanos que no menospreciaran públicamente la evidencia de la DEA contra Cienfuegos y expresó su esperanza por la captura de Rafael Caro Quintero, algo que ocurrió semanas después.
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