Muy mal le ha ido al presidente Andrés Manuel con sus ocurrencias y sus improvisos. La falta de planeación y una ignorancia real o fingida nos han costado miles de millones de pesos a los mexicanos, todos. A él, corajes y enojos con sectores de la sociedad, como los ambientalistas en el caso del Tren Maya; con los inversionistas nacionales, por el Aeropuerto de Texcoco; para el New York Times, la decisión más estúpida que algún gobernante haya podido tomar en la historia reciente: no usar cubrebocas, los 800 mil muertos por Covid y la defensa insostenible de su familia envuelta en casos de corrupción y tráfico de influencias.
Esa necesidad megalómana de aparecer como el que ordena, y las cosas se hacen de manera indubitable, es tal vez su peor defecto. Por ello su afecto por el Ejército y su exigencia de lealtad incontestable con las cámaras, en particular, con los diputados, porque en la de senadores hay alguien que lo atempera. Con la mezcla de todo ello y ante su enojo por las decisiones de anular la primera parte del Plan B, ahora se le ocurrió un disparate: que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto directo “del pueblo”.
Sencillamente, lo que el Presidente está proponiendo es politizar la impartición de justicia y hacer de la labor de interpretación de la ley constitucional, una materia de opinión personal sobre qué es justo y que no, negando con ello todo lo que occidente y en la mayoría de oriente se considera la justicia. Es decir, que los jueces conforme a la ley, interpreten las leyes y el actuar de las otras dos ramas del poder en México y en casi todas las naciones del mundo.
Más allá de la idea propuesta desde la bilis y sin una reflexión profunda, la propuesta tiene muchos problemas.
La primera es que el cambio constitucional propuesto, el día de hoy, no tiene asidero en ningún lugar en la Constitución, que establece que para el ejercicio del poder, éste se dividirá en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y señala, como lo hicieron las primeras constituciones (inglesa, francesa y de Estados Unidos) que será a través de elecciones la constitución de los dos primeros y el tercero por vía indirecta. Soportado en que el Ejecutivo fue votado por todos y una parte del Legislativo también y así le transmiten su legalidad.
La segunda es que se hace de manera indirecta, para mantener la pulcritud del ius dicere (lo que dice la ley, de donde viene judicatura, juez, justicia) para que los jueces no se presten al juego político, sino a la labor inmaculada de interpretar la ley y las acciones de los otros dos poderes.
La tercera es que no sabemos qué vamos a elegir, ni cuándo. ¿Los candidatos los proponen los partidos o son ciudadanos que se presentan como aspirantes? ¿Cuándo los elegimos? ¿Escalonados o todos al mismo tiempo? ¿Cuánto duran en el cargo? ¿Tienen las mismas reglas de campaña que el resto de los candidatos del Ejecutivo y el Legislativo? ¿Se eligen sólo los ministros o también magistrados y jueces? Si un candidato quiere ganar, ¿qué tratos establecerá con el partido mayoritario que le garantice el triunfo? En fin, todo un nuevo diseño constitucional, complicado e innecesario, pero, sobre todo, desvirtúa la labor jurisdiccional (de los jueces): impartir justicia, no política justa.
Hay un problema final. Por diseño constitucional, el Plan C (que ganen mayoría los de Morena y el Presidente mande su reforma en septiembre antes de irse) es imposible. En materia constitucional, no se permiten reformas preferentes. Y, por diseño, ningún partido puede tener mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras, así que la ocurrencia, además de ser un disparate, es imposible de realizar. Claro, si de respetar la Constitución se tratara hasta el final del sexenio. Nada más, pero nada menos también.
