La comparecencia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, el día de ayer, dejó rastros preocupantes y una sensación de que vivimos en un país en el que la polarización ya no puede explicarse por la existencia de dos polos (valga la perogrullada), sino por algunos más.
El día de ayer dos senadores tuvieron que explicarles, porque existe la sospecha de que no lo entienden o no les interesa entenderlo, que el Ejército y la Marina, no son presidencialistas sino constitucionales. Es decir, que aunque su jefe supremo sea el Presidente de la República, ese carácter sólo está dado por el hecho de que la Constitución así lo indica, de ninguna manera porque el Presidente sea General, haya cursado la carrera militar o sepa del asunto (dicho sea de paso, en los países de monarquías constitucionales donde el yey (a) son jefes de Estado, si cruzan por ese entrenamiento; Inglaterra y España notoriamente).
No es extraño, por ello que el General secretario se digne a sugerir a los diputados, ante una invitación a informar y explicar que pasa con los Guacamaya leaks, que la reunión no debería ser en el congreso de la unión, sino en su oficina, pues desde su fuero y costumbre cotidiana, él sólo le debe reportar e informar al Presidente de la república, a nadie más. Se equivoca notoria y gravemente el General Sandoval. Él no es empleado del Poder Ejecutivo, es empleado de la República, de la Constitución y lo que ella dicta y de los Poderes de la Unión. De ningún modo puede tener el desplante del veto a ir al congreso a menos que la constitución y la ley, le vengan guangas.
Ayer, también, el Senador del PAN tuvo que llamarle, en el recinto al General secretario, “Señor Sandoval”. No era una falta de respeto, era ponerlo en su lugar. En la Cámara los grados militares se respetan y se atienden por cortesía, de ninguna manera pueden estar por encima de la representación popular. Al final, el General Secretario es una persona nombrada, seguramente por muy buenas razones, pero los diputados y senadores fueron electos por el pueblo al que el ejército se debe y está obligado con él. Puede que el pueblo haya cometido el muy grave error de elegir a ciertos legisladores, pero los eligió. Al general, el Presidente lo escogió para llevar a cabo ciertas tareas que, por cierto, están especificadas en ley.
Lo más grave de la comparecencia del día de ayer, sin embargo, no son todas estas confusiones y aclaraciones que desde muy diversos puntos de vista no deberían ser necesarias, ni existentes. Lo grave es que quien nos ha llevado a esta circunstancia es el propio jefe supremo de las fuerzas armadas.
Cuando Lázaro Cárdenas emitió el reglamento en 1937 en el que expresamente les prohíbe a las fuerzas armadas, derivado del artículo que prohíbe en la constitución la participación del Ejército en asuntos civiles, a nadie se le ocurrió que el Presidente debió haber sido advertido de no involucrar al Ejército en cuestiones civiles, igualmente.
Pero no fue así. Desde hace tres sexenios, los presidentes han involucrado al Ejército en asuntos civiles, sin tener porque hacerlo y a falta de una estrategia contra la inseguridad pública que pudiera ser viable y razonable. Lo más sencillo fue recurrir a quien portaba un arma y obedecía órdenes. El malestar, para todos, es patente desde entonces.
En este sexenio, sin embargo, el asunto se ha vuelto delicado. No sólo se repitió la costumbre de los últimos 15 años: se les dieron más tareas, que ahora los tienen pensando en hacer un disparate -por iniciativa propia o de su jefe- una línea aérea, como no existe en ninguna parte del mundo.
Entonces asistimos al peor de los mundos: si uno es chairo se piensa de una manera. Si uno es fifí, de otra. Si uno está con el Ejercito o en contra de él de otra. Y así sucesivamente. Un México, que no encuentra certeza en donde debe existir: en lo que dice la ley. Nada más, pero nada menos también.
