Para quienes creemos en la democracia y la igualdad política y para quienes creemos en la ciencia al servicio de la sociedad y del crecimiento de nuestro país, hoy debemos estar de luto. Se han concretado dos salvajadas dignas de inscribirse en las páginas más negras de la actividad política, legislativa e institucional de nuestra historia reciente.
Por un lado y contra la opinión del líder de la junta de coordinación política de Morena, Ricardo Monreal, la magra mayoría de Morena y sus aliados en el pleno del Senado de la República, aprobó el llamado Plan B de la Reforma Electoral que rencorosamente impulsó el presidente López Obrador. Entre sus puntos más lamentables se revivió y avaló la llamada cláusula de vida eterna para los llamados partidos satélites del gobierno, es decir el PT, PVEM y PES.
Durante una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas se aprobó en lo general y particular 68 a favor y 50 en contra el dictamen, luego de la participación de 60 oradores, donde se registraron mil 244 reservas, la mayoría de oposición, cuyas propuestas de modificación fueron casi todas desechadas, con excepción de las presentadas por senadores de Morena, del PT, PVEM y PES, en donde se incluyó la llamada cláusula de vida eterna.
La reforma fue devuelta a la Cámara de Diputados por los cambios que se le realizaron en el Senado y se espera que en las próximas horas sean avalados por la vía fast track ya que el periodo ordinario concluye este 15 de diciembre.
Al respecto, el senador del PRD, Juan Manuel Fócil, recordó que el presidente López Obrador en la conferencia mañanera “comentó que los duendes habían cambiado esa parte de la reforma” en San Lázaro, para incluir la cláusula de vida eterna. “Sin embargo, el error ya vimos que ni es error ni hubo duendes… que era un pacto entre los partidos Verde, PT y Morena”.
La reforma también compacta la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), obliga a que se elimine el servicio profesional electoral, con lo que se prevé que casi 2 mil trabajadores del instituto sean despedidos. Se elimina la secretaria general y se restan facultades a la autoridad para sancionar conductas de funcionarios públicos que vulneran la equidad de los comicios. Ahora dichos funcionarios se podrán hacer propaganda para sí mismos u otros funcionarios de su propio gobierno, utilizando los recursos de sus propias dependencias.
Se limita las facultades del Instituto Nacional para sancionar a los partidos políticos y candidatos, a través de la cancelación de candidaturas por faltas graves, desaparece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se elimina la Secretaría Ejecutiva del INE, entre otras instancias que compactan la estructura del órgano electoral, y se cancela el Servicio Profesional Electoral, lo que redundará en la banalización de los empleos especializados en la materia.
Al mismo tiempo y sin hacer el mismo ruido que las iniciativas electorales, se modificó la ley que regía la vida institucional del CONACYT. El presidente mandó una iniciativa de ley que transforma el CONACYT en un nuevo órgano, en donde desaparece la participación de investigadores y universidades de los órganos de decisión, concentrando el poder en la dirección general. Lo anterior significa un retroceso enorme, y se pierde el compromiso gubernamental de otorgar un 1% del PIB a la ciencia, además limitando el número de becas y el SNI a la disponibilidad de recursos. Se acabó, factualmente el apoyo a la ciencia y la tecnología. Siempre obsequiosa con el presidente, Elena Álvarez Buylla afirma que se acaba así la ciencia neoliberal (lo que eso signifique). Ambas iniciativas acaban de facto con dos ámbitos cruciales para la paz política, el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de nuestro país. Nada más, pero nada menos también.
