Las iniciativas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviadas al Congreso el pasado lunes 5 de febrero, argumentan, entre otras cosas, la obtención de ahorros para el erario. Sin embargo, las consecuencias podrían generar un impacto incluso en los bolsillos de los ciudadanos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que hasta 2010, antes de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la economía de México había sufrido un daño de 129 mil millones de dólares debido a la falta de un órgano regulador con autonomía institucional. En pesos actuales, esto rondaría 3.9 billones de pesos reales. De acuerdo con información proporcionada por el IFT a ejecentral, desde la entrada en funciones del organismo en junio de 2013 hasta 2023, las acciones regulatorias han generado beneficios por 728 mil millones de pesos.
Es decir, dejar las tareas regulatorias al Estado en lugar de a estos entes autónomos podría resultar en decisiones discrecionales, favoritismos u omisiones para actuar, sancionar y alinear a las empresas de los sectores económicos.
Actualmente, el valor del mercado de las telecomunicaciones es de casi 500 mil millones de pesos anuales, es decir, 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La competencia importa
Algo similar ocurre con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que debido a su independencia, ha ejercido influencia en los sectores con mayor impacto, especialmente aquellos en condiciones desfavorecidas. Estos sectores incluyen alimentos, transporte, medicamentos, servicios financieros, atención médica y combustibles, entre otros. Se puede considerar que su intervención ha contribuido a promover la igualdad de condiciones en áreas fundamentales para la economía de los ciudadanos mexicanos, evitando un deterioro más profundo en los ingresos de los hogares. Las cifras de los últimos años revelan que la Cofece ha contribuido a que los hogares entre 2018 y 2023 hayan tenido ahorros de más de 14 mil millones de pesos, lo que equivale a 7.5 millones de pesos por día, y al final de cuentas, esto ayuda a reducir el desgaste causado por el efecto inflacionario.
Ni tanto ahorro
Ambos casos muestran un beneficio para la economía familiar. Aunque el presidente López Obrador apuesta por los ahorros al eliminar estos organismos, es importante tener en cuenta que al absorber sus funciones, los gastos se mantendrán casi intactos. Por ejemplo, el presupuesto del IFT para este año es de mil 680 millones de pesos.
Del total, 63.9% se destina al pago de la nómina y sólo 0.4% se destina a materiales y suministros, mientras que el resto, alrededor de 598 millones, se utiliza para servicios generales, inversiones y otros gastos corrientes, lo que representa aproximadamente 36% del presupuesto y podría ser el área donde se logren ahorros.
Por otro lado, la Cofece tiene un presupuesto para este ejercicio fiscal de 687.9 millones de pesos, de los cuales 500.5 millones son para el pago de la nómina, que representa 72.8%, y 9.6 millones de pesos para materiales y servicios necesarios para ejecutar las tareas del organismo.
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Al considerar el gasto que representan estos dos entes creados para vigilar el desempeño económico de las empresas, es necesario revisar si realmente vale la pena su mantenimiento y el ahorro que significaría al ser absorbidos por alguna de las secretarías del gabinete federal.
A pesar de que conservarán sus funciones, los beneficios de un mercado competitivo se percibieron a partir de la autonomía que ejercieron estas entidades.
Como dato adicional, se puede contabilizar que el IFT ha costado al erario, entre 2013 (año de su creación) y hasta 2024, unos 19.7 mil millones de pesos, una suma ínfimamente inferior a los beneficios que ha proporcionado a la población y al dinamismo económico del país.
Por su parte, la Cofece, de acuerdo con lo expuesto por el gobierno federal, en los últimos seis años ha representado un gasto para el erario de cuatro mil 341.3 millones de pesos, contra un beneficio en la aplicación de la ley y un monto en multas al descubrir prácticas anticompetitivas de casi tres veces superior.
Como ejemplo, ya como entidad autónoma, aplicó sanciones por un total de cuatro mil 859 millones de pesos durante el año 2022, una cifra casi 23 veces mayor que las multas impuestas en el año 2011.
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