Un discurso polarizante puede reflejarse con múltiples rostros, y afectar en la convivencia social de muchas formas, incluida la seguridad.
Si bien no es posible correlacionar directamente las palabras de gobernantes o autoridades con el aumento de delitos, sí trastoca en otros aspectos; uno de ellos, apuntó Francisco Rivas Rodríguez —director general del Observatorio Nacional Ciudadano—, es el hecho de que se abona a un clima de violencia generalizada en el que las descalificaciones pueden llegar a impactar en la respuesta o la aplicación de recursos y políticas públicas para atender los problemas de violencia e incidencia delictiva.
“En México lamentablemente sí sucede, cuando hay un Presidente que dice que todos los periodistas son malos, hay un fenómeno que abona a que, por ejemplo, se recorten recursos en áreas sustantivas, o cuando el Presidente niega la violencia contra las mujeres eso repercute en una disminución de recursos para las fiscalías especializadas, las áreas de atención para las mujeres, para los programas de género, etc. Si tienes un gobernante que empieza a decir que los medios de comunicación no sirven o que las ONG son malas evidentemente abonas a un clima de violencia”, advirtió.
Precisamente ese “efecto en términos de política pública, de recursos, de compromiso y en términos de medición de resultados” que señaló el activista, se ve replicado en otras tareas y niveles de gobierno. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y la Red de Periodistas Desplazados en México, respecto a la actuación de alcaldes e incluso de gobernadores, que están reproduciendo el trato a los informadores, en cuanto a descalificar, minimizar y hasta agredir a medios y periodistas.
En lo que va del año se han evidenciado, entre muchos más a nivel municipal, las reacciones de gobernadores como la del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien en una de sus conferencias matutinas de febrero intimidó y regañó a una reportera, a lo que el mandatario se negó a pedir una disculpa pública como le solicitó el medio de comunicación. Y a finales de marzo cuando David Monreal, gobernador de Zacatecas, acusó a los medios de comunicación de ser “promotores de las organizaciones criminales”, lo cual fue advertido por las organizaciones como declaraciones que criminalizan y vulneran la integridad de la prensa.
Y es que, si bien el choque de posturas es un “debate histórico” que no es exclusivo de este gobierno, para Francisco Rivas sí se ha incrementado en esta administración y termina por afectar en la percepción sobre la aplicación de las leyes y las obligaciones ciudadanas en busca de un verdadero estado de derecho.
Al respecto apuntó: “Para muchas personas la ley no es importante, porque la ley no ha sido un elemento que les haya permitido vivir mejor, o sea cuando el presidente dice ‘a mí no me vengan con que la ley es la ley’ –respecto a la discusión en la Corte sobre la Ley de la Industria Eléctrica—, pues sí está hablando el idioma de mucha gente en México, no ve en la ley un instrumento para vivir mejor y eso claro que nos polariza y nos divide”.