Indagan “venganza política” en asesinato de diputada Gabriela Marín
El curul, del que apenas en julio tomó protesta la legisladora, era disputado por quienes impulsaron al hoy gobernador Cuauhtémoc Blanco, como alcalde de Cuernavaca
Autoridades tanto federales como del estado de Morelos advierten que detrás del asesinato de la diputada estatal, Gabriela Marín Sánchez —quien apenas en julio pasado rindió protesta como legisladora de la LV Legislatura en el Congreso morelense—, hay una posible “venganza política”. El caso será investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Pero será la FGR la encargada de encabezar las indagatorias de un hecho que el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló como un ataque “planeado”, cuya autoría atribuyó a “narco políticos” en la entidad.
En ese sentido, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona subrayó que en el asesinato de la legisladora, ocurrido ayer a las afueras de una farmacia en la ciudad de Cuernavaca “hay intereses políticos y no podemos descartar esa posibilidad”, dijo en entrevista con la periodista Denise Maerker en Radio Fórmula, ya que el chofer de la diputada sostuvo que se trató de un “ataque directo”.
Diversos litigios en torno al curul de Marín Sánchez, en los que estaría involucrado el exdiputado, Roberto Carlos Yáñez y su esposa, Zoraida del Rayo Salcedo —quien figura como legisladora suplente de Gabriela Marín—, forman parte de las indagatorias que atraerá la FGR, como anunció Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal.
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Al menos desde 2016, el entonces alcalde de Cuernavaca y hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, denunció penalmente a los hermanos Roberto Carlos y Julio César Yáñez Moreno, quienes habrían impulsado la carrera política del exfutbolista para convertirse en presidente municipal, por los delitos de amenazas, extorsión y uso de documentación apócrifa.
Precisamente este jueves, el diputado presidente del Congreso local, Francisco Sánchez acudió, junto a otros legisladores estatales, acudió a Palacio Nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador el respaldo del gobierno federal para garantizar la seguridad de los morelenses, además de exigir castigo a los responsables, tanto materiales como intelectuales, del asesinato de su colega y que no haya impunidad en el crimen contra Gabriela Marín, quien apenas hace cuatro meses tuvo a su bebé.
Sobre el asesinato de la diputada, el subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía refirió que los “diferentes indicios, testimonios y material que servirá de base para la indagatoria” en torno al caso, “no se puede descartar un móvil relacionado con una venganza o con un asunto de tipo político”.
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