El acceso a una vivienda digna y asequible continúa siendo una preocupación esencial para la clase trabajadora en México. A pesar de los esfuerzos, el 21.1% de los hogares mexicanos lidia con necesidades de vivienda no cubiertas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI). Ante este escenario, emerge una propuesta de reforma constitucional que busca expandir las facultades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para abarcar la construcción de viviendas y ofrecer esquemas de arrendamiento social a precios accesibles.
Esta propuesta sugiere una modificación a la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de transformar el sistema de financiamiento del INFONAVIT.
La reforma busca permitir que el INFONAVIT, además de otorgar créditos para la compra de vivienda, también pueda construir y arrendar viviendas a los trabajadores, facilitando un acceso más amplio a opciones de vivienda digna.
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El INEGI ha identificado un déficit de 8.2 millones de viviendas, lo cual representa el 23.3% del inventario total, resaltando la urgencia de atender tanto el rezago cualitativo como cuantitativo en el sector. La falta de producción de nuevas viviendas, agravada por los altos costos de financiamiento y la inflación global, ha restringido las opciones de vivienda disponibles para los trabajadores.
Como respuesta, la reforma propone habilitar al INFONAVIT para que participe directamente en la construcción de viviendas, trabajando en colaboración con entidades públicas, privadas y sociales. Esta medida no solo beneficiará a los trabajadores al brindarles más opciones de vivienda, sino que también fomentará la economía y generará empleo.
La propuesta incluye, además, esquemas de arrendamiento social, tomando inspiración en modelos internacionales exitosos como el de Viena, Austria, y el Condominio de Justicia Social en Recoleta, Chile. Estos ejemplos han probado ser efectivos en proporcionar viviendas asequibles y bien ubicadas a personas de ingresos bajos y medios.
Los objetivos de la reforma destacan la capacidad del INFONAVIT para construir viviendas y arrendarlas a los trabajadores con precios que no superen el 30% de su salario. También se contempla que, después de diez años de arrendamiento, los trabajadores puedan optar por comprar la vivienda.
De acuerdo con el Gobierno de México, esta iniciativa promete una transformación significativa en la política de vivienda, enfocándose en la justicia social y el derecho a una vivienda digna para todos los trabajadores mexicanos. Con su implementación, se aspira a reducir el déficit habitacional y elevar la calidad de vida de millones de personas en el país.
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