Mil 728 días han transcurrido del gobierno de la “Cuarta Transformación”, al menos hasta este viernes 25 de agosto. Y en todo este tiempo, que arrancó con un compromiso de verdad y justicia para los casos más emblemáticos de corrupción o violaciones graves a derechos humanos de este y de gobiernos anteriores, se mantiene navegando en el mar de la impunidad y el olvido.
Reflejo de lo anterior son los retrocesos o la caída en las investigaciones de asuntos que por su relevancia o gravedad pasaron de ser promesas de campaña a compromisos del gobierno en turno, como el haber colocado en la agenda el llegar a ‘la verdad’ en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o la judicialización del caso de presunta “corrupción transexenal” que involucra a la constructora Odebrecht.
Sin embargo, los avances en esos y otros casos de injusticia que se han acumulado en lo que va de la actual administración no indican una pronta resolución o aclaración, considerando los 402 días que le restan al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, las probabilidades de concluirlos y detener a todos los responsables resultan inciertas.
Especialistas consultados por ejecentral señalan que la situación actual en materia de procuración e impartición de justicia en el país es producto, en buena medida, de una serie de errores, deficiencias y omisiones al interior de las instituciones encargadas de la persecución e investigación de los delitos; así como de las instancias responsables de impartir y garantizar justicia y un verdadero estado de derecho.
En el mapa actual hay una falta o ausencia de autonomía en las fiscalías y procuradurías del país, reformas que están significando retrocesos en las localidades y por otra parte aumento de trabajo en los sistemas de justicia ya saturados; aunado a las deficiencias presupuestales, y la inexperiencia de nuevos cuadros que está generando mayor lentitud en los procesos y probables irregularidades, y una limitada reparación integral del daño, forma parte del balance negativo que se tiene.
Hay hechos concretos que muestran una falta de brújula, la falta del plan de persecución penal de la fiscalía federal, enfocado en aclarar los hechos y propiciar las garantías de no repetición; la falta de una revisión al sistema de competencias que delimite realmente los delitos o fenómenos criminales federales y locales, que hoy día provocan fragmentación de los casos o inacción; así como la poca claridad sobre el modelo de investigación en todas las fiscalías del país. Esto sumado a que los poderes judiciales, federal y estatales están siendo blanco de presiones y amenazas.
Así, en medio de este panorama, coincidieron los expertos consultados, se mantienen las víctimas, quienes lejos de obtener justicia y una reparación integral del daño son revictimizadas e incluso perseguidas por los mismos servidores públicos que deberían garantizarles auxilio y protección.
Enfoque fallido
El hecho de apostarle a un modelo policial-militar por encima de fortalecer las áreas de procuración de justicia a nivel federal y los estados, ha sido la base de la política de seguridad de los últimos 30 años, lo que a decir de David Peña Rodríguez, abogado y defensor de Derechos Humanos, evidencia la falta de una visión integral en la responsabilidad del Estado mexicano para garantizar justicia y seguridad.
“En el tema de procuración, en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto la menor inversión fue hacía las procuradurías. Ahora, con la supuesta ‘autonomía’ de las procuradurías que se pasan a fiscalías tampoco hay un ejercicio presupuestal adecuado para dotarlas de recursos”, refirió.
Peña Rodríguez señaló que uno de los síntomas que reflejan los escasos o nulos avances que tienen la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales en los casos más mediáticos se debe a que no se cuenta con instancias de servicios periciales con la suficiente capacidad y autonomía.
Un ejemplo en ese sentido apuntó, resulta el caso Ayotzinapa donde la “manipulación de los servicios periciales” para cumplir con lo que ordenaba el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy detenido y bajo proceso; lo cual se suma a que pese a las reformas al sistema de justicia penal, a la fecha “las fiscalías siguen siendo entes políticos”.
“Aunque sean autónomos de nombre, mientras sigan siendo nombrados por los gobernadores o en el caso del fiscal general por el presidente de la República, no se va a romper esa dependencia política que se tiene; hay que buscar la forma para que realmente estos fiscales dejen de ser instrumentos políticos”, señaló el también maestro en Derechos Humanos y Democracia.
El peor escenario
La expectativa de contar con una fiscalía general autónoma, independiente y moderna quedó atrás con la llegada de Alejandro Gertz Manero como su titular. Para Chrístel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de la organización México Evalúa, lo que en realidad implicó fue un retroceso de 40 años, que con “muchos incentivos perversos terminan en darnos que la procuración de justicia es el gran talón de Aquiles del país”.
Al respecto consideró que, en el caso de la FGR, es decir en el ámbito federal, “tenemos el peor escenario posible”, pues advirtió que “vimos llegar a un titular que romantizar, por así decirlo, la forma de hacer justicia del pasado, completamente ajeno a una perspectiva de derechos humanos, que se aisló y cerró las puertas al escrutinio público y la participación ciudadana”.
Entre las omisiones y deficiencias que se sigue arrastrando en la fiscalía a cargo de Gertz está el hecho de que en más de cuatro años de operación nunca se concretó el plan de persecución penal, que en palabras de la investigadora representa una “brújula” en la ruta de acción de la fiscalía enfocado en aclarar los hechos y propiciar las garantías de no repetición.
Sin embargo, al no contar con este instrumento en los casos de alto impacto o los que llegan a ser más mediáticos, la ciudadanía desconoce cuál es la atención que se le va a dar, si se va a privilegiar la reparación del daño o hasta qué punto se van a desmenuzar estas redes criminales, explicó Rosales.
Además de apuntar la falta de autonomía y debilitamiento de las áreas de servicios periciales y forenses que se mantienen “supeditadas a las fiscalías”, en lugar de fungir como un contrapeso que proporcionen elementos de prueba y dictámenes que aumenten la calidad y solidez de las investigaciones, Chrístel Rosales señala otras áreas que han frenado la obtención de resultados.
Como la falta de una revisión al sistema de competencias que delimite cuáles delitos o fenómenos criminales tiene que perseguir la federación y cuáles el fuero común genera “espacios de indefinición” donde se “fragmentan” las investigaciones, lo cual da lugar a que haya impunidad en el combate de las estructuras y mercados criminales.
“Vemos casos donde se encuentran cuerpos de personas y al ‘no haber evidencia’ de que hubo participación del crimen organizado, no lo termina persiguiendo ni la federación ni el estado; o se terminan fragmentando las investigaciones sin estar generando inteligencia real y eso termina diluyendo cualquier esfuerzo desde el propio Estado”, detalló.
La poca claridad sobre el modelo de investigación tanto en la FGR como en el resto de las fiscalías del país resulta otro de los aspectos que merman su capacidad para resolver los casos y en consecuencia de conseguir resultados positivos para las víctimas y la población en general.
De acuerdo con la especialista en el diseño y ejecución de proyectos de mejora institucional, la relevancia recae en que este modelo “define cómo se va a hacer inteligencia criminal, como se van a aprovechar los datos, los elementos de prueba y el análisis que permita identificar hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos de investigación”.
Sobre ese punto Chrístel señala que, aunado a la insuficiencia de recursos, las fiscalías deberían estar transitando a lo que se denomina una persecución penal estratégica, es decir definir muy bien dónde se van a invertir sus recursos y esfuerzos, y qué tipo de casos pueden tener una pronta solución con base en un mecanismo de justicia alternativa. Esto considerando que sólo uno de cada dos casos que llegan a las fiscalías del país reciben algún tipo de respuesta, ya en una tercera parte se decreta el ‘no ejercicio de la acción penal’ y alrededor del 2 % llegan a los tribunales, según el análisis y seguimiento de México Evalúa. El desaprovechamiento de los mecanismos alternativos es evidente.
A nivel nacional sólo el 8 % de los casos que reciben alguna respuesta por parte de las fiscalías son turnados a la justicia alternativa; no obstante, según el diagnóstico de la organización enfocada a la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental, ese índice podría ascender cuando menos al 40 % debido al tipo de incidencia delictiva que hay en el país.
“Desde nuestra perspectiva la gran mayoría de los casos que involucran delitos patrimoniales, de robo, podrían ser resueltos bajo un mecanismo de reparación del daño y no aplicar la misma fórmula para todos los casos; los casos de narcomenudeo podrían ser mejor atendidos bajo un tema de salud pública, de control de adicciones y no estar saturando la capacidad de respuesta de las fiscalías”, expuso.
Independencia judicial en riesgo
Al advertir que la primera puerta que tienen los ciudadanos para acceder a la justicia es a través de las autoridades locales, Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, destaca lo que llama la “inédita intensidad” que en este gobierno han tenido los ataques hacia el Poder Judicial, tanto a nivel federal como local.
A nivel federal persisten los amagos de una reforma judicial enfocada a modificar el método de nombramiento de jueces y ministros, aunado a las constantes críticas y amenazas de recortes presupuestales; a nivel estatal se siguen impulsando “paulatinamente y muy discretamente varias reformas que van en sentido contrario de garantizar una independencia judicial”.
Ejemplos hay muchos, refirió Pantin, al recordar la reforma con la que en agosto de 2020 se eliminó el consejo de la judicatura local para concentrar sus funciones en una comisión presidida por el entonces gobernador Jaime Bonilla.
O las reformas que el año pasado aprobó el congreso de Yucatán para ampliar el número de magistrados y modificó el sistema de pensiones que obligó a renunciar a la mayoría de los magistrados del Tribunal Superior
de Justicia.
Lo que implicó que el gobernador nombró a ocho de 15 magistrados. “En Veracruz el hecho de que por decisión del gobernador una jueza sea juzgada, en medio de las presiones de la presidenta del Poder Judicial de Veracruz quien advirtió a los juzgadores atenerse a las consecuencias de ir contra la voluntad del mandatario, es muy preocupante en términos de independencia judicial porque en esas circunstancias ¿cómo podemos pensar que hay un estado de derecho en Veracruz?”, cuestionó la doctora en Ciencia Política.
Entendiendo que “la independencia judicial es la garantía de que los juzgadores y juzgadoras en cualquier nivel tomen sus decisiones con base en el derecho y los hechos del caso, y no de otras consideraciones que pueden ser presiones políticas, económicas, mediáticas”, Laurence destaca la relevancia de la suficiencia presupuestal para los poderes judiciales, como para cualquier institución, como una condición necesaria para su funcionamiento.
Con una reforma laboral que ha dado más responsabilidades a los poderes judiciales locales, y con la aprobación del nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares, lo cual también implica mayores inversiones en cuanto a capacitación, infraestructura, etc., para Laurence además de las garantías para que los poderes judiciales en los estados cuenten con los recursos financieros suficientes, “también debe fortalecerse los controles para el ejercicio de ese presupuesto”.
¿Y las víctimas?
La insuficiencia de recursos no sólo ha afectado la efectividad de las fiscalías y a los poderes judiciales, sino que también ha trastocado el derecho a la atención y la reparación del daño de las víctimas, que a decir del abogado David Peña “se le sigue negando el acceso a la justicia a la mayoría”.
Para el litigante en derechos humanos “no hay un verdadero proceso de investigación, que asegure que los delitos sean correctamente investigados; no se cuentan con los mecanismos adecuados para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.
En “el tema de presupuesto en la atención de víctimas ha sido profundamente castigado con este gobierno. Bajo la lógica de la austeridad se han cerrado fideicomisos, programas, se han recortado recursos y eso desde luego que impacta en una deficiente atención a las víctimas”, refirió.
Desde la perspectiva del jurista, el común denominador en la mayoría de los considerados ‘casos emblemáticos’ donde el proceso de acceso a la justicia avanza hasta la detención de algunas personas, “prácticamente en ninguno de esos casos se conoce la verdad. Se les niega a las víctimas conocer qué fue lo que pasó y eso no es menor”.
Aunque “el que se reconozca desde el Estado o se construya desde el Estado los mecanismos, las garantías para que se garantice la verdad es una de las obligaciones constitucionales e internacionales que tienen las autoridades del Estado mexicano. Lo cual no se está haciendo”.
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