Luis León y Jonathan Nácar
En las denuncias penales los parientes consanguíneos y por afinidad del exgobernador Javier Duarte, aparecen como presuntos cómplices y por eso, en los últimos siete meses, catearon sus inmuebles, los vigilaron, intervinieron sus llamadas telefónicas.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda revisó sus cuentas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)auditó sus operaciones financieras y como resultado, emitieron alertas migratorias y les cancelaron sus visas para viajar a Estados Unidos. Pero después de capturar al exfuncionario en Guatemala, algo cambió y la Procuraduría General de la República, a través del subprocurador Jurídico, Alberto Elías Beltrán, aseguró que los parientes de Javier Duarte “no tienen ninguna situación que enfrentar a la justifica mexicana”.
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Así se justificó la PGR para no solicitar al gobierno de Guatemala que, junto con el exgobernador, fueran detenidos sus familiares y su esposa Karime Macías Tubilla, el pasado sábado 15 de abril, cuando los sorprendieron en un hotel del municipio de Panajachel, departamento de Sololá. Tanto Macías Tubilla como su familia aparecen en los expedientes que se iniciaron en la PGR y en los que se dibuja la red de complicidades que el exmandatario construyó en más de una década, con al menos 50 personas, entre familiares, amigos, servidores públicos y empresarios, que participaron en transferencias bancarias, constitución de empresas y compra-venta de terrenos y propiedades.
De acuerdo a una copia del expediente de la PGR, Duarte y sus allegados estarían involucrados en el desvío de recursos por más de tres mil millones de pesos.
Esos documentos, en propiedad de ejecentral, citan como partícipe de la red delictiva a la esposa de Duarte de Ochoa. En la misma acusación figuran la madre del exmandatario, su hermano, su suegra, así como la hermana, primos y tíos de Karime Macías, todos señalados como presuntos cómplices del enriquecimiento ilícito de la pareja.
La trama
De acuerdo con la investigación, este tejido de contubernios inició con la incursión de Javier Duarte a la administración del entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, como subsecretario de Finanzas, en diciembre de 2014. Con casi cuatro meses en el cargo y un ingreso aproximado por ese tiempo laboral de alrededor de 209 mil 084 pesos; en marzo de 2005, su esposa, Karime Macías compró una propiedad en el Condado de Maricopa, Arizona en 10 dólares, aunque el valor catastral que tenía en esa fecha era de aproximadamente 544 mil 500 dólares que, multiplicados por el tipo de cambio publicado en marzo de ese año, que era de 11.29 pesos por dólar, arroja un valor de seis millones 149 mil 691 pesos.
Ese movimiento significó el arranque de una serie de adquisiciones sospechosas de familiares y colaboradores cercanos a Duarte y su esposa, a través de una estructura financiera basada en 70 empresas. Entre los bienes se encuentran dos condominios en la Torre Pelicano en el Fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz, que el 28 de febrero de 2007 Guillermo Macías -primo de Karime-, compró a nombre de Duarte; uno más que el entonces funcionario adquirió a través de su cuñada Mónica Ghihan Macías Tubilla, fue el condominio 6-B en cuatro millones 460 mil.
José Juan Janeiro Rodríguez fue identificado como el principal prestanombres del exgobernador veracruzano, pero al convertirse en testigo colaborador, la orden de aprehensión en su contra fue congelada.
El 31 de octubre de 2007, Karime Macías cedió los derechos de la casa de Arizona a Jorge Ramírez Pérez, su tío político, apoderado legal y socio de Jesús Antonio Macías, suegro de Javier Duarte.
El 16 de abril de 2012, ya con su cuñado al frente del ejecutivo estatal, Mónica Ghihan, adquirió los departamentos 9-A en el piso 10 y 6-A en el séptimo nivel de la Torre Pelícano por cinco millones 500 mil pesos, cuando su valor comercial real, de cada departamento, alcanzaba los 10 millones y cuatro millones 400 mil pesos, respectivamente. El mismo modus operandi aplicaron el 7 de junio de 2013, con la adquisición de otro departamento en la misma Torre Pelícano por 10 millones de pesos, a nombre de José Armando Rodríguez Ayache, esposo de Mónica.
Los cateos realizados durante los últimos meses por la PGR a propiedades ubicadas en Chiapas, Estado de México y Chiapas, aparecen a nombre de la familia Macías, y en las peticiones a los jueces se establece no sólo que se busca al exgobernador, sino que se investiga a la familia.
Esto les permite asegurar dinero en efectivo y bienes. Olvidando estas operaciones de bienes, el subprocurador Elías Beltrán prácticamente exoneró a Karime Macías, al asegurar el lunes pasado, en entrevista con noticieros Televisa que “hasta el día de hoy dentro de las líneas de investigación que tenemos no hemos identificado que ella haya recibido recursos federales en sus cuentas o que tenga dentro de su patrimonio algún activo que estén relacionados con los recursos federales que desfalcaron del estado de Veracruz (...) ¿Ni por complicidad o encubrimiento?”, se le cuestionó al funcionario y respondió tajante: “no lo tenemos todavía identificado.”
Le ayudan en Guatemala
La protección de la PGR a Karime Macías se extendió hasta Guatemala. Para acusar de algún delito en ese país a la esposa del exgobernador, las autoridades mexicanas deberían presentarles pruebas de que el pasaporte con el que ingresó a territorio guatemalteco, bajo el nombre de Karina Murcia, es apócrifo. El Ministerio Público guatemalteco no puede fincar responsabilidades penales, pues carece de pruebas. Tampoco existe una solicitud de México para detenerla, confirmó a ejecentral la vocera del Ministerio Público federal de Guatemala, Julia Barrera. “La fiscalía no recibió ninguna información de que hubiera utilizado documentos ilegales. No tenemos ningún reporte policiaco en ese sentido. La policía nacional civil de Guatemala fueron lo que cumplimentaron la orden de detención y son quienes deberían responder si interrogaron a esta persona (Karime)”, explicó la vocera. lleon@ejecentral.com.mx jonathanjnd@ejecentral.com.mx