La cofradía de Coatzacoalcos

En tiempos de Fidel Herrera se concibió la idea de hacer un gran puerto industrial. Para ello se dispuso de las reservas territoriales de Coatzacoalcos. Diez años después, el proyecto derivó en un saqueo. Tony Macías, el suegro de Javier Duarte, está en el centro de la maniobra

Coatzacoalcos, Veracruz.- En 2006 el gobierno de Fidel Herrera Beltrán concibió la idea de hacer de Coatzacoalcos un polo de desarrollo industrial que atrajera inversiones y generara miles de empleos.

A la vuelta de diez años, el proyecto derivó en saqueo de tierras y daño al presupuesto del estado, maniobras en las que está implicado Jesús Antonio Macías Yazegey, suegro del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aunque también salpica a presidentes municipales, exalcaldes, notarios y jueces.

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Organizaciones civiles de Coatzacoalcos calculan que el costo del fallido proyecto supera los 2 mil 500 millones de pesos, pues no sólo están de por medio las 331 hectáreas de terreno que fueron destinadas para tal fin, sino una millonaria inversión del gobierno estatal que terminó en los bolsillos de unos cuantos. En el centro del presunto fraude está Jesús Antonio Macías, padre de Karime Macías, esposa del mandatario veracruzano, quien en 2007 recibió la responsabilidad de crear la infraestructura para la instalación de naves industriales y vender lotes a empresas interesadas en instalarse en Coatzacoalcos.

A través del fideicomiso F/401220-9, firmado por Bancomer y el Instituto Veracruzano de Vivienda, Macías quedó al frente de la empresa Parque Tecnológico Puerto México (PTPM), para lo cual le fueron concesionadas 120 hectáreas de la reserva territorial Duport Ostión y 328 millones de pesos para echar a andar el proyecto.

Macías Yazegey, de origen chiapaneco, es señalado como uno de los principales beneficiarios de la red de corrupción que tejió el gobernador Duarte, quien en los últimos días ha intentadi blindar su salida —prevista para el 1 de diciembre— con fiscales y tribunales a modo; sin embargo, sus nombramientos no han prosperado en el Congreso local.

A una década de distancia, sólo seis empresas se instalaron en el parque, cuando la meta era vender 110 lotes industriales. Hay terrenos en litigio tras la aparición de los verdaderos dueños, por lo que no fue posible edificar las 6 mil 440 viviendas de interés social y las 239 de interés medio que fueron proyectadas originalmente. Otra circunstancia que tiene indignados a los habitantes de Coatzacoalcos —cuyo significado es “lugar donde se esconde la serpiente”— es que Macías aparece como dueño de los terrenos, pues Bancomer dejó el fideicomiso y en su lugar aparece como fiduciaria Interacciones, cuyo apoderado es el propio Macías.

Manga ancha “Los proyectos no aguantan la mínima revisión jurídica”, afirma Homero Gutiérrez Melchor, presidente de la Barra de Abogados de Coatzacoalcos, quien asegura que los gobiernos estatal y municipal son coautores de las ilegalidades cometidas.

El litigante explica que la primera anomalía del gobierno estatal, en este caso del ex mandatario Fidel Herrera, consiste en ceder reservas territoriales a un particular sin establecer claramente hasta dónde llegarían sus funciones.

“Hubo infinidad de simulaciones jurídicas en las que los gobiernos están coludidos”, agrega Gutiérrez, en alusión a las múltiples modificaciones que sufrió el fideicomiso F/401220-9, pues no sólo se fueron anexando más territorio, al elevar de 90 a 120 el número de hectáreas bajo su dominio, sino que se cambiaron los nombres de las empresas fiduciarias y de los fideicomitantes, lo que permitió beneficiar al suegro de Duarte.

Eje Central acudió al Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos para revisar los términos en los que se negoció dicho fideicomiso.

El contrato señala que “la fiduciaria (Bancomer) permite de manera exclusiva al fideicomitante-fideicomisario B (Antonio Macías) realizar en los polígonos las obras y mejoras que considere necesarias, así como las notificaciones que juzgue convenientes para la construcción del Parque Tecnológico de servicios e industria ligera no contaminante”. Aclara que la fiduciaria no se hace responsable de “verificar el avance de las obras realizadas, ni del cumplimiento o incumplimiento que se dé a la Ley de Desarrollo Urbano y a las disposiciones legales que sean aplicables a los polígonos con motivo de su ubicación”. También deja en claro que la fiduciaria “no se responsabiliza de la calidad de las obras que se realicen en los polígonos ni de los vicios ocultos que dichas obras pudieran llegar a tener, siendo lo anterior de la exclusiva responsabilidad del fideicomitante-fideicomisario B”.

Complicidades “Se trata de una cofradía que inició con Fidel Herrera, y cuyos integrantes continúan hoy en cargos públicos protegiéndose unos a otros”, expone Alejandro Gutiérrez Cabrera, representante de los dueños de los predios y quien ha documentado todas las argucias legales. “El principal usurpador de las tierras en Coatzacoalcos se llama Antonio Macías Yazegey”, asegura Alejandro Gutiérrez, quien sostiene que el principal delito del suegro de Javier Duarte es simular actos jurídicos para adueñarse de las reservas territoriales y después venderlas sin tener la documentación que acredite la legítima propiedad.

Asevera que Macías no ha hecho ningún trámite para la municipalización del Parque, no cuenta con manifestaciones de impacto ambiental por la destrucción de dunas ni para las obras de equipamiento que se han realizado en los predios.

Al abundar sobre las complicidades que se tejieron para urdir el presunto fraude, Gutiérrez Cabrera cita el caso del priista Juan Hillman Jiménez, quien ha sido alcalde de Coatzacoalcos y es titular de la Notaría Número 2, la cual ha avalado los contratos y fideicomisos realizados por Tony Macías.

También refiere el caso de Gustavo Guerrero Sánchez, quien era director jurídico del Instituto Veracruzano de Vivienda en tiempos de Fidel Herrera, justo cuando se dispuso de las reservas territoriales de Coatzacoalcos. Actualmente, es asesor legal de Tony Macías.

“Hoy en día el gerente jurídico de Invivienda es Arturo Yépez Duarte. Y basta que dé la orden en los juzgados para que nos alarguen los juicios y desgasten económicamente a todos los que fueron afectados. Se pueden ir años, pero no podemos hacer nada porque ellos tienen la sartén por el mango”, lamenta.