A grandes rasgos, la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo pretende que CFE recupere la planeación y control del sistema nacional convirtiéndola en un organismo estatal autónomo. La electricidad se consideraría un área estratégica a cargo del Estado y la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento serían procesos indivisibles. La CFE generaría al menos 54% del consumo eléctrico nacional y el restante 46% sería producido por privados y adquirido por CFE mediante un procedimiento de competencia. Adicionalmente, se cancelarían los permisos privados de generación y autoabastecimiento, así como los Certificados de Energía Limpia. CFE sería, además, la responsable del proceso de transición energética.
Para avanzar en una reforma que sirva al desarrollo nacional todos los actores involucrados deberían reconocer errores y aciertos en sus posiciones y estar dispuestos a ceder en algunas de ellas por el bien del país. Como sociedad debemos reconocer que requerimos más y mejor energía proveniente de una matriz más diversificada que nos permita contar con mejores precios y mejor calidad de la energía tanto para la industria como para el comercio, los servicios, la agricultura y el uso doméstico.
El gobierno debería reconocer que su reforma implica elevados costos fiscales. Los generadores privados celebraron contratos al amparo de la Ley y posiblemente querrán ser indemnizados. La reforma acarrearía, además, pérdida de confianza que probablemente se extendería a otros sectores de la economía; ocasionaría una mayor contaminación y degradación ambiental y posiblemente sería impugnada ante tribunales internacionales. La CFE debería reconocer que actualmente opera con pérdidas, que podría mejorar su eficiencia operativa y financiera, que requiere de elevadas inversiones y que no cuenta con los recursos suficientes para llevarlas a cabo.
En tanto, el sector privado debería reconocer que la reforma de 2013 generó contratos ventajosos para varias empresas, lo cual es insostenible tanto para CFE como para las finanzas públicas, por lo que tendrían que renegociarse. Las familias deben reconocer que su consumo de energía, casi siempre subsidiada, no es el más eficiente y que muchas ocasiones afectan a CFE a través del uso de “diablitos” extendidos por todo el país tanto en hogares como en negocios formales e informales.
También debe reconocerse la intermitencia de las energías renovables y que la matriz energética debe estar lo suficientemente diversificada para contar con energía eléctrica todo el tiempo y estar en posibilidades de hacer frente a posibles contingencias. Incluso la comunidad internacional debe reconocer que México tiene derecho de reformar sus leyes atendiendo a los intereses nacionales.
El reconocimiento de lo anterior permitiría contar con un punto de partida para la discusión de la reforma. Probablemente esta no sería la propuesta por el Ejecutivo, ni la ratificación de ocurrida en 2013, implicaría una mayor proporción de energía de fuentes renovables, pero bajo condiciones menos desventajosas para las empresas públicas. Es posible que el papel de los órganos reguladores tenga que modificarse en beneficio de la sociedad. Adicionalmente, la reforma debería expresarse como un acuerdo de largo plazo que brinde certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros. En su construcción es deseable un amplio consenso social, pues se trata de cambios que se extenderán más allá del sexenio. Esperamos que todos los actores involucrados estén a la altura del momento histórico que vive el país.
