La inminencia del proceso electoral impone una carga política indeseada en la conducción de la economía nacional, que podría tener un impacto negativo en el ejercicio que viene. La gran cuestión tiene que ver con la manera de detonar un crecimiento económico real, en un entorno que resulta claramente desfavorable para esta administración.
Muy seguido leo notas que contrastan los resultados oficiales sobre la conducción de la economía nacional durante el sexenio pasado, en comparación con el presente. El análisis me parece desafortunado, en la medida en que las circunstancias son claramente distintas. Un factor primordial para entenderlo tiene que ver con la extraordinaria bonanza que produjo el sobreprecio del petróleo, que hoy ha desaparecido por completo. ¿Cómo hacer frente al gran cúmulo de programas sociales y gasto ordinario del que depende, en gran medida, la manutención esencial de cientos de miles de mexicanos?
Es precisamente este boquete presupuestal el que explica la angustiosa situación que atraviesa el gobierno, por cuanto a la decisión que debe adoptarse entre incurrir en un endeudamiento excesivo que le permita la conservación de dichos programas de asistencia social o prescindir de ellos y producir un estado de precariedad económica, justo en la víspera de un proceso electoral que ya anuncia la sonoridad de las voces populistas.
El distanciamiento que han adoptado las agencias calificadoras con relación a la posición ventajosa de la que gozaban los bonos de deuda soberana del país constituye una advertencia que no puede desdeñarse, y cualquier propuesta que haga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre dicho particular debe recibirse con atención.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro ya anunció que el presupuesto de egresos para el año entrante será severo, y que sólo se tratarán de evitar disminuciones en materia educativa, en salud y en inversión productiva.
Se trata de una decisión valiente y comprometida de este gobierno, que antepodría los intereses de la nación a los que atañen al mismo partido gobernante, en su caso, en la medida en que la disminución del ritmo de endeudamiento y el saneamiento de la situación financiera del Estado, perseguirían una consolidación de la economía nacional en el largo plazo, que podría afectar el resultado electoral.
Además de la pronta vuelta de timón que mejore los métodos de comunicación social del gobierno del Presidente Peña Nieto, resulta inaplazable valorar qué se debe hacer para lograr, realmente, la materialización de las múltiples ideas que se aterrizaron en las reformas aprobadas durante la primera parte del sexenio. Es verdaderamente inconcebible que exista tal distancia entre la visión del país que produjo el gran acuerdo del Pacto por México, y los desatinos administrativos para sacar el gran provecho que dicho marco legal debería de arrojar.
Ante un presupuesto austero que puede perjudicar el desempeño del gobierno a lo largo del año entrante, se presenta de manera urgente la necesidad de aterrizar el beneficio de las reformas, a través del camino de la inversión productiva de capital, que siempre provendrá del sector privado. Ya se percibe el cambio en materia de telecomunicaciones y son muchas las ventajas que habrán de venir con motivo de la apertura del sector energético, en el campo de los hidrocarburos. ¿Qué está sucediendo en el ámbito de la inversión de capital en el ramo de la generación de energía eléctrica?
Cualquiera que sea el camino que la inversión haya de tomar, demandará la concreción de un punto pendiente de la gran agenda nacional: la consolidación del Estado de Derecho.
Y sobre este punto, la reforma penal nos queda excesivamente corta. Si ha de erradicarse la corrupción y terminar la impunidad, ello obedecerá a la capacidad de esta administración, y de nuestros jueces, de observar la ley y hacerla cumplir, a cabalidad y sin contemplaciones.
La “negociación” de la ley educativa y las prebendas que ofrece la Segob y con las que se despacha la Coordinadora, por un lado; y la ilógica inacción del Gobierno tratándose de la persecución de delitos en el ámbito del enriquecimiento ilícito que se demuestra groseramente contra los gobernadores salientes de Veracruz, Chihuahua, Nuevo León o Quintana Roo, son un claro ejemplo de una colusión pasiva que daña, ya no sólo la imagen del gobierno en turno, sino la percepción del país y su economía, de la que dependemos todos.
El mejor consejo para recuperar la senda de la estabilidad, que abriría una puerta y una oportunidad al partido gobernante para contender dentro de dos años, consistiría en atender, de una vez por todas, el gran faltante de la legalidad que ha caracterizado los tropiezos ocurridos a lo largo de estos dos años, los que producen los altos índices de impopularidad que podrían pasar a los libros de la historia: la justicia cotidiana.