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María Idalia Gómez y Jonathán Nácar

Le llamaban “El Señor”. Muy pocos en el grupo lo conocían físicamente, sólo sabían de sus órdenes para cometer robos, extorsiones, secuestros, amenazas con mantas y ataques a sus enemigos. Los que sí lo identificaban eran las autoridades, fueran municipales o hasta federales, porque una de sus tareas era sobornarlas o someterlas al servicio de Guerreros Unidos.

Después del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo primero que las autoridades conocieron fue sus apodos “El Mochomo” o “El Mochombo”. Después su nombre, José Ángel Casarrubias Salgado. 

Al principio pensaban que tenía menos importancia en el liderazgo de Guerreros Unidos. Sus hermanos, en cambio, eran los jefes. El primero en importancia Mario (detenido el 29 de abril de 2014), luego Sidronio (capturado el 17 de octubre de 2014) y finalmente Adán (detenido el 29 de octubre de 2015).

Pero los testimonios se acumularon y las intervenciones telefónicas mostraron que José Ángel Casarrubias Salgado mantenía un perfil menos visible, pero era uno de los operadores principales del grupo. Y la noche de Iguala fue uno de los operadores en la desaparición de los normalistas.

Desde 2014 se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada y fue hasta la semana pasada que la cumplimentó la Fiscalía General de la República (FGR), utilizando los mismos testimonios y pruebas que entonces.

Información recabada por ejecentral confirma que la FGR no difundió la información, porque estaba esperando a que este miércoles, que se vencía el plazo, el juez definiera si le citaba auto de formal prisión o no. La duda existía porque durante este año y medio de las “nuevas investigaciones” de la fiscalía no habían aportado nada nuevo ni habían tramitado otra orden de captura en su contra.

Esto a pesar de que desde hace unos meses Gildardo López Astudillo, conocido como “El Gil”, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía. Se trata de uno de los operadores más importantes de Guerreros Unidos, de acuerdo con las pruebas del expediente, y uno de los subalternos de “El Mochomo”.

Tampoco al ser detenido las autoridades de la Fiscalía lo interrogaron, ni siquiera lo sometieron a un peritaje de voz, ya que en el expediente existen audios que confirmarían su liderazgo en Guerreros Unidos y con ello su participación en la noche de Iguala.

Durante las últimas 72 horas, El Mochomo permaneció en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, Estado de México. Y en los primeros minutos del miércoles, el juez ordenó su libertad por falta de elementos suficientes para someterlo a juicio.

Como se conoció la noticia antes del término legal, el fiscal Alejandro Gertz Manero difundió un video en el que daba la noticia de la captura de José Ángel Casarrubias;  confirmaba que existía una orden de captura contra el exjefe de la Agencia Federal de Investigaciones, Tomás “Z”, y contra cuarenta funcionarios municipales de la zona de Mezcala, Iguala y Carrizalillo; así como nueva evidencia enviada a los laboratorios de Innsbruck. Y con ello declaraba: “la verdad histórica ha muerto”.

Salió libre al que sus cercanos llamaban El Mochomo y de inmediato fue llevado a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, ahora sí para ser interrogado. Al cierre de esta edición permanecía en las instalaciones de la Fiscalía, en donde tendrán que definir su situación jurídica en las próximas horas.

En lucha. Vidulfo Rosales (con micrófono), abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos confía que la detención de El Mocho revelé la ubicación de los estudiantes. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo al expediente, las órdenes que anunció Gertz Manero, al menos la mitad, se trata de los mismos nombres que obtuvieron su libertad en los últimos meses por lo que se consideró deficiencias en la investigación. La otra parte serían nuevos personajes que se integraron en la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); así como de los testimonios de los normalistas sobrevivientes al ataque, que por primera vez están cooperando; los datos aportados por El Gil, intercepciones telefónicas y denuncias anónimas han permitido ubicar.

La Fiscalía en su nueva investigación está utilizando gran parte de la información que ya contenía el expediente, pero además señala a los mismos responsables: el Cártel de Guerreros Unidos que utilizaron a funcionarios locales, organizaciones sociales y sus familias para generar confusión durante el ataque a los normalistas y después para distraer la atención. 

En el expediente nunca se asentó que todos los normalistas hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, quien lo declaró fue el entonces procurador Jesús Murillo Karam, contra quien no existiría aún orden de aprehensión en su contra. 

En los documentos que conforman el legajo, al igual que la Recomendación de la CNDH, es que un grupo numerosos de los estudiantes si pudo ser incinerado en Cocula y otros grupos más en Mezcala o la zona de Carrizalillo. Es decir, las pruebas recabadas e hipótesis planteadas desde el ataque a los normalistas prevalecen en la nueva investigación de la FGR.

Y el papel de José Ángel Casarrubias Salgado en la noche de Iguala fue esencial, como lo reveló ejecentral el año pasado a partir de la intercepción de mensajes por parte de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en donde aparecía con el identificador de: pin 24e68b65

Conmemoración. El próximo 26 de septiembre se cumplirán seis años desde que los jóvenes desaparecieron en Iguala, Guerrero. Foto: Cuartoscuro

Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos.” Alejandro Gertz Manero,  titular de la FGR.

Guerreros Unidos, los responsables

Las agencias de inteligencia ubican que el antecedente de la conformación de Guerreros Unidos al año 2011, cuando Cleotilde Rentería, alias “El Tilde”, un excolaborador de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, señalado de haber fundado al llamado cártel La Barredora, y que, en busca de disputar las plazas de Guerrero y Morelos, bajo la denominación de Guerreros Unidos, se enemista contra otros grupos, particularmente la organización conocida como Los Rojos.  

La detención en 2012 de El Tilde, permitió que Mario Casarrubias Salgado, alias “El Sapo Guapo”, asumiera el liderazgo de la organización, y con ello expandió las operaciones del cártel a otras entidades, principalmente hacia la Ciudad y el Estado de México, así como hacia el mercado de drogas en Estados Unidos, lo que implicó que en 2013, apenas un año de que los hermanos Casarrubias Salgado quedaran al mando, la DEA los identificó como uno de los cárteles más peligrosos responsable del trasiego de droga y de introducir heroína y fentanilo a territorio estadounidense. 

En abril de 2014, la extinta Comisión Nacional de Seguridad, a cargo entonces de Monte Alejandro Rubido, informó que, en Toluca, estado de México fue detenido Mario Casarrubias Salgado, identificado como líder de Guerreros Unidos Guerrero y el estado de México, y señalado como el principal distribuidor de droga hacia Chicago a través del uso de autobuses de pasajeros, y cargamentos de tráileres. 

Su detención supuso que Sidronio Casarrubias Salgado “El Chino” tomaría el mando, pero fue detenido a los pocos días que fue detenido su hermano, Mario.

De acuerdo con declaraciones ministeriales del expediente integrado por la extinta PGR, cuando los hechos se suscitaron en Iguala, quien fue reconocido como el segundo al mando de la organización fue José Ángel Casarrubias Salgado, que asumió el mando absoluto tras la detención de sus hermanos.

Era el encargado de coordinar a Gildardo López Astudillo “El Gil” o “El Cabo Gil”, quien entonces se desempeñaba como jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, quien era considerado por la PGR como el autor material de la desaparición de los estudiantes, pero que, en septiembre de 2019, un juez absolvió y liberó, al haber desestimado los elementos probatorios con los que la dependencia intentó inculparlo. Ahora es testigo protegido de la FGR.

El dato. El 3 de diciembre de 2018, el presidente López Obrador firmó el decreto presidencial con el que creó la Comisión de la Verdad para esclarecer la desaparición de los normalistas.

La clave

José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo” o “El Mochombo”, no sólo era uno de los principales jefe al mando aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sino que de acuerdo a los documentos oficiales que ejecentral ha revisado en los últimos años, este personaje tomó decisiones y rindió informes a sus hermanos de lo que, según las intervenciones a las comunicaciones de él y otra decena de miembros de la organización develaron como una confusión al creer que junto a los jóvenes normalistas estaban sus enemigos, integrantes del grupo de Los Rojos. 

“Senos metiron los contraas kon los ayiosinpas y hubo un vergaseraaa (sic)”, respondió José Ángel Casarrubias, cuando su hermano Adán Zenén Casarrubias, alias “El Tomatito” –también líder dentro de la estructura criminal–, le preguntó, al día siguiente de los hechos, el 27 de septiembre lo que había ocurrido, de acuerdo con una de las transcripciones que la DEA.

La agencia antinarcóticos tenía ya varios meses interceptando 11 teléfonos de Guerreros Unidos, un cártel que es prioritario en su agenda, porque heredó gran parte del poder de los hermanos Beltrán Leyva y se constituyeron como uno de los principales proveedores de drogas sintéticas a Estados Unidos (especialmente fentanilo).

En el expediente existen más de una decena de testimonios que ubican a José Ángel Casarrubias Salgado como uno de los herederos del clan. Y lo señalan como el responsable de haber dado la orden de asesinar a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Por su importancia, la entonces Procuraduría General de la República lo identificó como personaje clave y desde octubre de 2015, ofreció una recompensa de hasta dos millones y medio de pesos por información que llevara a su captura, así como de otros cuatro señalados como probables responsables de la desaparición de los normalistas, incluyendo al exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez.

Con base en las intercepciones de la DEA y a las que este semanario tuvo acceso, las conversaciones que sostuvieron los hermanos Casarrubias, en las que destaca Adán Zenén, como el más activo en las comunicaciones, es a Gildardo López, a quien le encargaron cerrar los accesos a Iguala. 

Identificado con el pin “24e68b65” y “Soldado del amor”, José Ángel Casarrubias, según revelan los datos en las transcripciones de las intervenciones, se encontraba enfermo y esto de alguna forma facilito la confusión entre quienes protagonizan el conflicto. Pero él es quien da las órdenes respecto al manejo de la crisis que provocaron esa noche en Iguala. 

“Yaestan hasiendo esoo van atapar todooo las entradas”, respoindió El Mochomo a su hermano, Adán Zenén (detenido en octubre de 2015, prácticamente un año después de los hechos). 

Había que generar caos, para eso atendiendo la plática con su hermano El Mochomo, ordenó Adán Zenén Casarrubias –quien figura en las transcripciones bajo el alias de “Silver”–, que se convocaran a integrantes de la organización para simular manifestaciones: 

“Ira que agan una demanda colectiva al gobierno del estado y una marcha con todos los de transportes”.

El testimonio que José Ángel Casarrubias rinda sobre la desaparición de los normalistas podría llevar a su paradero.

Todavía, después de casi tres años, la DEA no entrega completa la información sobre las intercepciones telefónicas que realizó. Se trata de las horas criticas en las que operaron los hermanos Casarrubias Salgado la desaparición de los estudiantes, entre la 10 noche del 26 de septiembre y las 4 de la madrugada del día siguiente, y que resulta pieza fundamental para esclarecer qué ocurrió con los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. 

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