La Portada | Estado fallido, ganaron los “balazos”

Sobre un camino de terracería en una zona de Sinaloa, donde predomina uno de los cárteles más poderosos, a plena luz del día, apresura el paso un convoy del Ejército, algunos uniformados avanzan a pie y no sólo se escucha su nerviosismo, también se percibe en el video, uno de ellos, que secunda el resto, dicen: “sólo vamos de paso”. Cuando la imagen es más clara, sus interlocutores son hombres encapuchados y armados con palos, que insultan y amedrentan a los uniformados, y hasta golpean los cristales del vehículo castrense para ahuyentarlos. Estas imágenes fueron poco difundidas, y los comentarios de la jerarquía castrense coincidió, no hay autoridad.

La violencia criminal está fuera de control en México. La propia medición del gobierno federal sobre la cantidad de asesinatos vinculados a los enfrentamientos entre los grupos criminales aumentó más de 14 puntos en menos de 13 meses. Pasó de un cálculo de 60.5 en julio de 2021, al 75% que tuvo que reconocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera del 15 de junio pasado.

El argumento del gobierno federal es que las mayores muestras de inseguridad en el país, son producto del choque entre grupos de civiles armados, pero no ha sido el único detonante de esta creciente violencia homicida, pues en los hechos ya suman oficialmente 121 mil 657 personas asesinadas en lo que va de este gobierno hasta mayo de este año, que hasta ahora figura como el mes más violento del primer semestre de 2022.

Desde la óptica internacional, como lo es la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos o la Unión Europea y la propia ONU han advertido del poderío y diversificación de los grupos en el crimen transnacional, especialmente los mexicanos que, además del tráfico de drogas, han consolidado sus operaciones a delitos como la trata de personas, el lavado de dinero a través de criptomonedas, la tala clandestina, el tráfico de maderas, de especies, el tráfico de armas, y el control de insumos en las cadenas enteras de producción, en medio del resto de criminalidades locales que pugnan violentamente para posicionarse.

Así lo demuestran los constantes análisis y evidencias documentadas de especialistas y asociaciones civiles que han advertido que la intención del gobierno actual por implementar una estrategia que buscó atender las causas de la violencia y el deterioro del tejido social parece no sólo haber fracasado, sino que a más de la mitad del sexenio pareciera que le estalló en las manos al artífice de la reiterada consigna de “abrazos, no balazos”, quien no ha tenido más que reconocer la dominancia de la delincuencia en ciertas regiones del país.

“Esa zona de la sierra (Tarahumara) ha estado desde hace tiempo muy infiltrada, penetrada, dominada por la delincuencia (…) Es una zona que está dominada por esta banda, por este grupo (el Cártel de Sinaloa) y se está haciendo el trabajo que nos corresponde”, reconoció el miércoles pasado el presidente López Obrador sobre el contexto en el que el lunes de esta semana fueron asesinados los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto con el guía de turistas Pedro Palma, al interior de una iglesia en la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, Chihuahua. Un hecho que rompe con el límite que los propios criminales se habían impuesto, ya que estos sacerdotes sólo hacían labor pastoral y social, no defensa de derechos humanos, nunca habían recibido amenazas y eran respetados por todos en la comunidad.

Las derrotas del Estado frente a esta violencia no sólo es por los enfrentamientos o presencia en las comunidades. Estos grupos han vencido en el terreno digital, en la implantación del miedo y el convencimiento de la ausencia del Estado, el mismo que permite la impunidad.

¿Cómo lo han logrado? Un análisis elaborado por especialistas del propio gobierno plantea que la violencia no puede medirse en el número de muertos, sino en el control territorial que tienen y la ausencia del Estado.

Los analistas describen, por ejemplo, que al principio se les veía a estas organizaciones distribuyen despensas o tomando el control de comunidades, solamente haciendo rondines. Ahora los videos se distribuyen en más corto tiempo a los hechos cuando ocurren, lo hacen por la mayoría de las plataformas digitales, incluyendo chats; las imágenes son de asesinatos en puntos de mucha afluencia, sin cubrirse el rostro, presumiendo la acción; también grabando la persecución o ataque a militares, y de la Guardia Nacional, distribuyendo fotografías de militares abatidos.

Ahora, todos los uniformes que usan estos grupos criminales no se distinguen del de las Fuerzas Armadas, lo que causa la confusión y que se diluya la fuerza de la autoridad; adicionalmente han provocado no sólo que la población huya, también autoridades municipales o simplemente dejen hacer, por miedo o complicidad.

Los gobiernos estatales han disminuido los espacios de gobernabilidad en sus territorios, y el federal no cuenta con un mapa claro del impacto e influencia de estos grupos por todo el país. Es así, que los riesgos y consecuencias de esa realidad han rebasado a las autoridades en varias zonas, y el problema se extiende. Enfrenta, el gobierno federal un fenómeno que crece, la deserción que aumentó en un 25% en las Fuerzas Armadas, y la Guardia Nacional, y al mismo tiempo el limitado nivel de reclutamiento. La razón, porque entre ellos han sembrado miedo, por la violencia que ejercen al capturarlos y matarlos, y en otros casos, los menos, la explicación se encuentra en los sobornos que les ofrecen.

Especialistas coinciden que, ante la incapacidad de los gobiernos locales, así como el evidente abandono y debilitamiento de las policías estatales y municipales, frente al estallido de ese dominio delictivo, aunado a la creciente violencia homicida, y el repunte en la incidencia de otros delitos de alto impacto, ha derivado en lo que para la estudiosa y observadora de estos temas como Roxana Juárez Parra, maestra en Administración Militar, bien podría considerarse como la “desnaturalización” e indefensión de las Fuerzas Armadas.

“Eso de ‘abrazos, no balazos’ tienen un trasfondo más grave de lo que pudiéramos pensar, por más mofa que se haga, estamos hablando de que hay una consigna de que no se ataque (a los grupos criminales), tenemos una ley del uso de la fuerza que no se usa. En el imaginario social el problema es que se manda un mensaje de falta de respeto hacia las instituciones: las Fuerzas Armadas son una institución de Estado y pareciera que están abandonadas a su suerte, sin una consigna clara de qué es lo que se debe hacer en determinadas circunstancias”, advirtió la egresada del Colegio de Defensa de la Sedena.

De la inacción a la indefensión

Las imágenes de Sinaloa, en donde los militares tienen que pedir permiso para continuar su trayecto a encapuchados que los ofenden, no son únicas, al contrario, este tipo de hechos son difundidos de forma más recurrente en redes sociales. En este estado del Pacífico se dio a conocer un mes después de que saliera a la luz otro video tomado en la localidad de Nueva Italia, municipio de Múgica en Michoacán, donde se ve a civiles armados a bordo de varias camionetas persiguiendo a otro convoy militar, tras lo cual el presidente López Obrador, bajo la envestidura de comandante supremo de las Fuerzas Armadas reconoció que en su gobierno se cuidaba por igual a los elementos de seguridad como a los integrantes de las bandas criminales “porque son seres humanos”.

Para Roxana Juárez, exdirectora nacional adjunta de la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la extinta SIEDO, hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, las constantes afrentas de las que son blanco los integrantes de las Fuerzas Armadas como los de la Guardia Nacional, representan un grave peligro, pues advirtió la creación de “liderazgos al interior de comunidades que suelen ser criminales”, pues prácticamente dependen de delitos como el huachicol o el robo a transportistas, entre otros delitos.

“Es un atentado contra la autoridad. Entonces, si el Ejecutivo, si las autoridades no tienen el monopolio de la fuerza para poder gobernar, no sabemos quién lo va a tener, ¿en manos de quién estamos? Ese es el peligro”, refirió la especialista al señalar que el problema de fondo tiene que ver con que “históricamente en México nunca hemos trabajado por tener policías profesionales para garantizar la seguridad pública”, ya que de la seguridad interior se deben hacer cargo las Fuerzas Armadas.

El poderío que los grupos criminales han mostrado en ampliar y mantener sus zonas de influencia y replegar a las fuerzas de seguridad, ha implicado, por ejemplo, que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación desplegara en Michoacán, principalmente en municipios de la región de Tierra Caliente, que además del fuerte arsenal que poseen sus células se sumara el uso de drones modificados y minas explosivas para agredir a los uniformados y mantener atemorizadas a las comunidades.

Este tipo de hechos ya tuvo consecuencias. En marzo, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, conformada por 18 organizaciones civiles y militares, ubicaron a los cárteles mexicanos en el mismo nivel de riesgo y peligrosidad que organizaciones terroristas como ISIS, al-Qaeda o Hezbolá, debido a su capacidad económica, la cual les permite “intimidar a los políticos e influir en las elecciones, así como reclutar y armar combatientes capaces de enfrentarse directamente a las fuerzas de seguridad gubernamentales”, alertó la Evaluación Anual de Amenazas 2022 de dicha comunidad.

Al respecto Roxana Juárez subrayó que lo que implica todo ese fenómeno en el que se ve minimizada la autoridad y las instituciones afecta no sólo en generar condiciones de seguridad, sino que también “afecta a la economía del país, a la confianza y sobre a la democracia, porque no sólo es ir votar, la democracia es libertad de prensa, rendición de cuentas electorales, gubernamentales, de que haya una equidad para quienes quieren contender y para todas las personas”.

Si a ello se suma que hay “Guardia Nacional que no tiene capacidades policiales, sin toda su estructura, ni adiestramiento y demás”, y de la cual ya hay incluso “una serie de quejas de indisciplina, además están trabajando con muy poco presupuesto”; la cantidad de tareas que tienen ahora las Fuerzas Armadas “las han desnaturalizado, y tienen un problema de adiestramiento porque nunca están en los cuarteles, todo el tiempo están haciendo, yendo y viniendo, lo cual nos da una ecuación que da muy malos resultados”, señaló la autora del libro Para Conocer a las Fuerzas Armadas.

Otra de las variables que se suman a dicha ecuación es el aumento de efectivos que causan baja, pues en comparación con los registros del gobierno anterior, que entre 2012 y 2018 mantuvo una cifra de entre los 7 mil y 12 mil elementos del Ejército y la Fuerza Aérea que causaron baja por diversos motivos, en promedio por año. A partir de 2020 la cifra se elevó al rango de los 15 mil.

Según datos de la Sedena, del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2022 suman ya un total de 47 mil 718 elementos de ambas instituciones que causaron baja, 4,134 de los cuales fueron “por haberla solicitado”, 243 más por “mala conducta”, mientras 2,309 más desertaron, entre otros rubros.

La violencia en territorios sin ley

Para el gobierno, la estrategia de seguridad ha dado resultados y el alto índice de homicidios dolosos está focalizado, con casi el 50%, en Michoacán, Guanajuato, estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los brotes de violencia y alta criminalidad se han desperdigado en prácticamente todo el país.

Para Nancy Canjura Luna, investigadora de la organización Causa en Común, aunque la violencia se concentra en ciertas zonas a causa de pugnas entre grupos criminales, “también vemos como ese mapa de casos se va ampliando más, en el que se van agregando nuevos estados, debido a que no ha habido ninguna política de contención exitosa, como lo dice el discurso oficial al señalar que se trata de una problemática heredada”.

Al considerar que 70% de los homicidios dolosos en el país se cometen por arma de fuego, son más constates los inéditos brotes de violencia en lugares considerados tranquilos, como el repunte de homicidios y extorsiones en la Riviera Maya, o la irrupción de grupos armados, bloqueos y enfrentamientos en ciudades como San Cristóbal de las Casas en Chiapas, revelan que la teoría gubernamental de que mientras haya predominio de una “banda (criminal) fuerte” evita que haya enfrentamientos y homicidios, como recientemente señaló el presidente López Obrador al ejemplificar el caso de Sinaloa.

Para Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, la alta tendencia de homicidios que se mantiene es muestra clara de que ese predominio criminal “lo alcanzaron a costa de la vida de miles de personas, y no precisamente en enfrentamientos cara a cara con sicarios de grupos rivales, sino desbaratando las estructuras de lavado de dinero de sus adversarios; es decir, asesinando a las personas encargadas de administrar sus negocios, en donde además de tener a familiares y amigos de quienes delinquen, también hay personas comunes y corrientes que son contratadas en dichas empresas”.

Mediante lo que el especialista en análisis de riesgos y políticas públicas consideró como “tareas de limpieza social que rayan en delitos de lesa humanidad”, aseguró que estos grupos criminales fortalecidos actúan “con la total omisión, complacencia o complicidad de las autoridades”. Un segundo aspecto a destacar es que mientras los esfuerzos del gobierno se alineen hacia un grupo dominante y los focalicen a debilitar estructuras menores, “se extiende a que estos delincuentes se dediquen, cada vez más, al robo, la extorsión o el secuestro, entro otros delitos”.

En consecuencia de esa situación es como el deterioro del tejido social y los daños adversos en diversos ámbitos se ve reflejado no sólo en el alza de asesinatos, sino también en la crítica situación en cuanto al homicidio de autoridades municipales, líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la inédita violencia homicida en contra de periodistas, que tan sólo en lo que va del año ya suma 11 comunicadores asesinados, aunque el gobierno sólo reconoce nueve crímenes, que de entrada significa un aumento de casi el 90% respecto a lo registrado en el primer trienio del gobierno anterior. A esto hay que sumarle las extorsiones, que son una manifestación clara de la ausencia de autoridad, en donde es posible hacer un cobro de impuesto paralelo, oscuro, que la autoridad no frena, y que en cambio somete a comerciantes y pobladores.

“Los homicidios son un indicador indiscutible, y las extorsiones ponen el foco en la pérdida de control del Estado”, explicó un funcionario de seguridad.

Datos de la consultora Etellekt sobre el contexto de violencia política en los procesos electorales señalan que la cifra de 17 alcaldes y alcaldesas asesinados en esta administración es 70% mayor que lo registrado en el mismo periodo del gobierno de Felipe Calderón, cuando sumaron 10 víctimas; y 21% más al compararlo con el lapso similar en el sexenio de Enrique Peña, con 14 víctimas.

“El Presidente apuesta a que la paz se alcance mediante estos mecanismos de violencia, y no por la acción del Estado en materia de seguridad y justicia, desconociendo además que la pax narca y sus acuerdos, son cada vez más inestables en medio de las alternancias políticas, en donde el poder a nivel estatal y municipal teje sus propios pactos con el crimen”, alertó.

Estragos del “camino correcto”

El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua despertó la indagación, preocupación y enojo de la Iglesia católica. La exigencia de justicia por los ya siete homicidios de prelados que suman en esta administración detonó el clamor no sólo de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), sino también del Sumo Pontífice, el papa Francisco quien lamentó: “¡hay tantos asesinatos en México!”.

Mientras que el secretario general del CEM, Monseñor Ramón Castro advirtió que la violencia y sus estructuras de muerte se han desbordado en las comunidades, “desfigurando a la persona humana y destruyendo la cultura de la paz”, provocando que “nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos”.

Aunque el presidente López Obrador reconoció por primera vez que en su gobierno hay más asesinatos que durante la época de Felipe Calderón, a quien reiteradamente inculpa por la violencia en el país, rechazó tajantemente modificar su estrategia en busca de reducir la violencia, pues aseguró “este es el camino”.

Bajo un panorama en el que, con el asesinato de los sacerdotes jesuitas suman ya al menos 111 personas defensoras de Derechos Humanos asesinadas a lo largo del gobierno actual, de acuerdo con el seguimiento de organizaciones como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, es una de las consecuencias derivadas de la impunidad, “que permite que exista este clima en el que al parecer cometer un homicidio no tiene ninguna consecuencia y se replican estos casos, no necesariamente de naturaleza ligada con la delincuencia organizada”, subrayó Nancy Angélica Canjura.

La especialista en seguridad, políticas públicas y género sostuvo que el discurso de ‘abrazos, no balazos’ y que confrontar la violencia genera más violencia no ha dado resultados contra la delincuencia organizada, pero tampoco contra la delincuencia común, pues advirtió que “únicamente tenemos algunas políticas asistencialistas o paliativas, que sólo se enfocan a ciertas causas que no necesariamente explican como tal la dimensión del fenómeno de la violencia en el país”.

Y uno de los indicadores que también evidencian el errado diagnóstico sobre la seguridad pública es el hecho de que “el nivel de violencia contra las policías se ha agudizado en este gobierno”, pues de acuerdo con la maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM, pese a que ha sido evidenciado que mientras más se focalice en lo local los esfuerzos en materia de prevención del delito y la implementación de una policía de proximidad podría prevenirse el desbordamiento de la violencia en las comunidades.

“Una vez que empiezan las bases de operaciones mixtas en donde se utilizaban a las policías municipales y estatales en coordinación con el Ejército”, señaló Angélica Canjura, es cuando se vulneró aún más a las policías locales, por encima de un discurso en el que las Fuerzas Armadas tienen más capacidad y confianza en tareas de seguridad pública, lo cual ha propiciado mayor deslinde en el tema desde los gobiernos locales al pedir el apoyo federal.

“Si bien cada estado y municipio tienen responsabilidad en cómo se estructuran sus policías y como se financian, también es cierto que la Federación no está haciendo su parte para fortalecer estas instituciones, y actualmente está desmantelado, se perdieron fideicomisos y programas que se tenían para las policías locales con lo cual están dejando de recibir estos apoyos federales y se están canalizando a la Guardia Nacional”, expuso.

Aunado al desplome presupuestal que para los ejercicios fiscales de 2021 y 2022 incluyó la eliminación de los recursos para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) enfocado a las policías municipales, la inconformidad de los cuerpos policiacos provocó que luego de que 2019 fue el año con más emplazamientos a paro por parte de las policías, 2020 registró la mayor cantidad de paros de estas corporaciones.

El nivel de violencia, de acuerdo con ‘La situación de las policías en México (2018-2022)’ que actualiza Causa en Común, desde el inicio de este gobierno y hasta abril de este año sumaron mil 537 uniformados asesinados, 52% de los cuales -con 810 casos- fueron policías municipales, 629 estatales y 98 federales, que representa 40 y 6%, respectivamente de esa incidencia en el que los focos rojos resultan los estados de Guanajuato y Chihuahua con 226 y 104 asesinatos cada uno en ese periodo.

Bajo la lupa

Mientras que a nivel nacional los efectos inmediatos que está teniendo el incremento de la criminalidad, según la investigadora Nancy Canjura, se observa en como los grupos criminales “ahora tienen mayores territorios y despliegues de fuerza con total impunidad, dejando a las comunidades en la zozobra”, que a decir de la experta responde a la “falta de visión, de estrategia y sobre todo a la ausencia de Estado de derecho que ha caracterizado la actuación de la Guardia Nacional como tal”.

La incursión de estos grupos, considerados por gobiernos e instituciones extranjeras como organizaciones delincuenciales transnacionales, en un abanico amplio de operaciones y mercados ilícitos que además del tráfico de drogas y armas, también sofisticaron sus operaciones de lavado de dinero, lo cual ha repercutido en la caída de inversiones, tanto extranjeras como nacionales.

Con la advertencia de que la delincuencia organizada en México, particularmente los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya son sinónimo de alerta para la Unión Europea, que en su informe sobre drogas de este año advierte de una mayor presencia de estas organizaciones en la producción y tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas.

Mientras que para el gobierno de Estados Unidos, quien el 16 de junio pasado emitió una inédita alerta de viaje para que sus connacionales eviten viajar prácticamente a todo el país, con excepción sólo de Campeche y Yucatán, ante el nivel de riesgo por la incidencia de delitos como homicidios y secuestros; también ha responsabilizado a los cárteles en México por la “pandemia” de muertes por sobredosis que ya supera las 107 mil víctimas, más del 15% ocurridas en este año.

“Estamos convirtiéndonos en un estado que amenaza a otros estados, somos un Estado que amenaza a la región. Así como Venezuela que tiene tratos con los iraníes, con las FARC, apoya el tráfico de drogas a Europa y a todas partes. Es muy grave lo que nos está pasando”, advirtió Roxana Juárez, al pronosticar que las presiones internacionales, particularmente del gobierno estadounidense, para redoblar el combate a la criminalidad podría generar mayores preocupaciones y tensiones en la relación bilateral.

“Hay un grave señalamiento en todas partes, y no lo digo yo, acerca de que tenemos una presidencia, un gobierno que colabora con el narcotráfico y eso es gravisísimo y eso le tendría que preocupar mucho a los estadounidenses, porque tenemos un grave lío de migración, de narcotráfico, de crimen organizado trasnacional que va desde la tala clandestina, el tráfico de maderas, de especies, de todo”, advirtió la especialista.

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