En México, el alza en los precios de los alimentos no es sólo un indicador económico; es el reflejo de un fenómeno más profundo en el que se entrecruzan la seguridad, la economía y el bienestar social. En este momento, detrás de este incremento se esconde una red compleja de factores, y uno de los que destaca es el crimen organizado.
De los diversos ramales de la delincuencia organizada que operan en nuestro país, hay un delito en particular cuyo impacto se proyecta a una tercera parte de la inflación en los alimentos, lo que representa una cantidad considerable de dinero para los hogares.
Se trata de la extorsión, una táctica insidiosa empleada por grupos criminales a gran escala, así como por células delictivas que, en nombre de reconocidos cárteles, logran someter y extorsionar a productores, distribuidores y comerciantes a lo largo de toda la cadena de suministro.
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El panorama que reflejan las cifras es preocupante. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extorsión ocupa el primer lugar entre los principales problemas de los sectores comerciales, industriales y de servicios, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, seguido del robo o asalto de mercancías, dinero e insumos.
El costo económico de esta inseguridad es de grandes dimensiones. En 2021, las empresas mexicanas desembolsaron alrededor de 120 mil millones de pesos en medidas de seguridad y como resultado de las pérdidas sufridas debido al crimen organizado.
En ese momento, el gobierno no había reconocido, como lo ha hecho ahora, que la extorsión constituye una emergencia que debe ser atendida. Según la exposición de motivos de la iniciativa recién enviada por el Ejecutivo al Congreso para impedir que los extorsionadores sean liberados durante su proceso penal, este delito “ha tenido un fuerte impacto en el tejido social” y existe “un alto grado de impunidad en su comisión”.
El primer impacto
Las consecuencias se sienten directamente en los bolsillos de las familias mexicanas. Según expertos en economía, aproximadamente 3% de la inflación en alimentos, frutas y verduras podría estar atribuido a la extorsión y el robo.
Un análisis y proyección realizado por ejecentral indica que este efecto inflacionario puede traducirse en un deterioro de más de 100 mil millones de pesos en los ingresos familiares, debido a los crecientes costos para producir, transportar y comercializar esos productos básicos.
Considerando que las familias mexicanas destinan cerca del 37.7% de sus ingresos a la compra de alimentos, los efectos son palpables. En 2023, una inflación del 7.28% en este rubro significó un efecto devastador de 253.6 mil millones de pesos en el gasto en alimentos.
De esta cantidad, aproximadamente 104.5 mil millones de pesos pueden atribuirse directamente a los costos delictivos que las empresas deben trasladar al consumidor final.
Este escenario tiene un impacto en la economía nacional. Según los datos proporcionados, el costo asociado al crimen representa aproximadamente el 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un tributo oculto que las empresas y las familias mexicanas pagan como consecuencia de la inseguridad.
Es decir, los actos criminales ya están deteriorando, día a día, en la economía de poblaciones, ciudades y regiones, y los especialistas advierten que pueden frenar su desarrollo.
Un delito desencadenante
Imagínese esto: un agricultor que lucha por sacar adelante su cosecha se enfrenta no sólo a desafíos naturales como la sequía, sino también a la sombra amenazante de los grupos criminales que exigen su “cuota” por permitirle trabajar la tierra en paz. Esta “protección” no viene gratis; es un impuesto ilegal que se traslada al precio de los productos agrícolas.
El problema no termina ahí. Una vez que los productos salen del campo, se enfrentan a otro obstáculo en su traslado. Los transportistas que llevan estos alimentos son blanco fácil para la extorsión, y no sólo por parte de los criminales, sino también de las propias autoridades.
Empresarios de diversos sectores productivos consultados por este semanario confirmaron estos pagos en efectivo y sin facturar. Así, los conductores deben pagar un “derecho de paso” para transitar por ciertas vías y evitar ser víctimas de otros delitos que ponen en riesgo sus vidas y la mercancía que transportan, como los robos con violencia. Incluso, cuando no pagan, corren el riesgo de que les incendien sus camiones. Todo este costo adicional se suma también al precio final que el consumidor paga en el supermercado.
Pero la influencia de los criminales dedicados a la extorsión va más allá del campo y las carreteras. Se infiltra en los mercados locales, donde los pequeños comerciantes luchan por mantenerse a flote. Lo mismo sucede con los establecimientos comerciales de todo tipo, incluyendo tiendas departamentales.
Las tiendas de barrio y los mercados de conveniencia se ven obligados a pagar también una “cuota” para operar sin enfrentar represalias, o les hacen creer la idea de que les venden seguridad a ellos y a sus negocios. Esto los obliga a elevar los precios de los productos básicos que ofrecen.
Extorsiones desbordadas
Los números oficiales son contundentes y muestran cómo las extorsiones en México están desbordadas.
En lo que va de la actual administración, el número de víctimas reportadas por las fiscalías del país ha ido en escalada. De 2019 a 2023, se acumularon al menos 48 mil 804 personas extorsionadas en todo el país, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil personas se ubicó en 8.48 en 2022, con 11 mil 39 víctimas, la más alta desde 2015. Hasta el año pasado, el estado de México, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Morelos, Hidalgo y Veracruz encabezaron las tasas más altas de víctimas de ese delito.
“Actualmente, en el país se registra un incremento en el número de extorsiones, un delito que lastima a la sociedad y afecta su patrimonio y seguridad. Durante enero de este año, se observó un aumento del 7.7% en la comisión de este delito en comparación con el mismo mes de 2023”, reconoció la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la conferencia matutina del 20 de febrero pasado.
La realidad es que ese aumento apenas representa una fracción mínima de la verdadera incidencia, ya que la cifra negra, es decir, las extorsiones que no se denuncian, es prácticamente del 100 por ciento.
Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), la cifra negra en las extorsiones aumentó ligeramente, pasando del 98.7% en 2019 al 98.9% al cierre de 2021. En ese mismo año, las extorsiones representaron la mayor incidencia de los delitos contra las unidades económicas del país.
De dos millones 868.5 mil delitos cometidos contra las empresas en México en 2021, según la última ENVE, 28.9% de esa incidencia corresponde a extorsión, lo que la convierte en el principal crimen contra las organizaciones legales establecidas en el país.
Secuelas en dos terceras partes del país
El incremento de 13% en la incidencia de extorsiones reportado por los organismos del transporte de carga federal en el último año es un fenómeno que, según Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), “se incorpora de manera directa a la cadena de valor de los distintos suministros”. Esto representa apenas el primer nivel en la cadena de este ilícito.
En entrevista con ejecentral, el empresario explica que después sigue el “cobro de piso” por el derecho a vender, lo cual implica un costo adicional; además, en diversas regiones del país, los criminales llegan al extremo de apoderarse de las mercancías para dictar los precios finales al consumidor, lo que constituye “un tercer nivel de castigo”.
Cuauhtémoc Rivera explica que los extorsionadores no sólo se limitan al llamado “cobro por derecho de piso”, sino que también controlan la distribución y fijan el precio final de los bienes y servicios. Esto se ha documentado en entidades como Guerrero, Michoacán y estado de México.
“A la hora de que la mercancía llega a la plaza, los extorsionadores se apropian de ella y se encargan de su distribución en el punto de venta para fijar el precio final de los productos. Es decir, controlan la distribución final, cobran por vender en la plaza y también exigen un pago para asegurar que la mercancía llegue segura al centro de distribución”, detalla.
Según Rivera Rodríguez, la suma de estos tres “pisos de castigo” puede impactar hasta en 20% el valor final del producto en algunas regiones, principalmente en zonas del Bajío, que incluyen Guanajuato, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y estado de México. Sin embargo, también se observa en áreas como Guerrero, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Colima y Morelos.
“Dos tercios del país ya están afectados por este flagelo, lo que perjudica tanto a la economía como al consumo nacional”, sostiene el líder de la ANPEC.
Bajo la premisa de que “la delincuencia no deja títere con cabeza”, el empresario sostiene que ningún tipo de negocio escapa a las extorsiones, desde tortillerías y pollerías hasta cremerías. Incluso, en el estado de México, las “croqueterías” (locales de comida para mascotas) también son blanco de estas prácticas.
Para Cuauhtémoc Rivera, el enfrentamiento que ocurrió a finales del año pasado y dejó un saldo de 14 muertos, donde pobladores de Texcaltitlán se defendieron de las extorsiones de integrantes de la Familia Michoacana, resulta muy ilustrativo de la realidad en la que están inmersos numerosos municipios y localidades en buena parte del territorio.
“Les están cobrando un peso por cada metro de cultivo que tenían en las hectáreas a sembrar, exigiéndoles a los pequeños jornaleros que paguen entre 30 y 40 mil pesos por el derecho a cultivar sus hortalizas. ¡Es una locura! Por eso la gente se les enfrentó”, advierte.
Una sangría de más de 57 mdp
Hace unos días, durante su participación en una mesa de seguridad en el Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), estuvo a punto de ser víctima de extorsión.
La anécdota compartida por José de Jesús Rodríguez Cárdenas relata que durante este tipo de reuniones suelen apagar o silenciar los teléfonos celulares para evitar interrupciones. Aprovechando este momento, un extorsionador llamó a su oficina y solicitó dinero en su nombre, argumentando que había sufrido un accidente y no podía comunicarse personalmente.
“Salgo de la reunión y veo tantas llamadas perdidas, hablo (a la oficina) y llevaban alrededor de 15 minutos hablando con estas personas, la gente estuvo a punto de depositar el dinero porque no podían localizarme”, recuerda el empresario sobre los alcances de la extorsión en la ciudad.
Para dimensionar los costos que tienen las extorsiones en los establecimientos comerciales en la capital del país, el empresario detalla que, de acuerdo con las mediciones de la Canaco, “en el último trimestre del año (2023) la gente pagó más de 57 millones de pesos”.
Esta cifra, refiere, correspondió sólo a 25 mil denunciantes que indicaron que les cobran mensualmente entre mil y cinco mil pesos. “Si realizamos esta multiplicación, nos da 57 millones en un trimestre. Este es el tamaño del impacto que tiene la extorsión, hablando exclusivamente de la Ciudad de México y sus 16 alcaldías”.
“Aquí hay una gran cantidad de negocios, encabezados por los restaurantes que es uno de los más socorridos, pero hay también joyerías, tiendas departamentales, o de conveniencia, es decir los OXXO, estas pequeñas tiendas son extorsionadas; carnicerías; ferreterías, hasta tortillerías”, señala el empresario.
El presidente de la Canaco en la CDMX sostiene que a este tipo de negocios, según su tamaño y éxito, los extorsionadores “les venden seguridad”, argumentando que si acuden con la policía esta “no va a hacer nada”; les generan la idea de que en lugar de contratar seguridad privada, les paguen a ellos de dos a cinco mil pesos.
“Cuando eso sucede y el empresario paga y lo hace constantemente estamos perdiendo nuestra ciudad, estamos perdiendo el Estado de derecho y entonces ya no puede transitar una sociedad”, alerta Rodríguez Cárdenas.
“Cadenita” de extorsiones
Uno de los principales motivos por los que miles de transportistas han colapsado las carreteras del país con paros nacionales en exigencia de mayor seguridad tiene que ver con las extorsiones para permitirles trabajar, pero también con el hecho de que buena parte de estas “cuotas” les son exigidas por las propias autoridades locales.
Pagan por transitar por ciertas vías, por ingresar a un determinado municipio y por poder cargar o descargar su mercancía, por permitirles el paso en un retén de revisión, por evitar que la grúa se lleve su camión… Y hasta han pagado para que les puedan tomar su declaración cuando fueron ya víctimas de algún robo u otro delito.
Por todo lo anterior, los transportistas deben hacer pagos diarios a autoridades municipales, estatales, federales o a los grupos criminales que, de acuerdo con Carlos García, vicepresidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), van de 30 a 40 mil pesos por cada transportista al mes.
“Hoy resulta que en muchos municipios tenemos que pagar un permiso para entrar a descargar o cargar”, explica; sin embargo, a decir del transportista, dichos permisos rayan en la ilegalidad, pues según la Ley de Movilidad no está permitida la sobrerregulación en el transporte de carga federal.
“¡Por eso nos manifestábamos!, porque estamos peleando que las placas federales deben ser respetadas en todo el país, y no ocupar ningún permiso para entrar a ningún lado”, añade Carlos García.
Sin el “permiso de conectividad”, dice, para evitar que sus camiones con la mercancía sean llevados al corralón, los transportistas deben dar “‘mochadas’ de dos mil hasta cinco mil pesos. Entonces, ahí va la cadenita de extorsión”.
“Si uno va a una fiscalía a rescatar un camión hay que dar la ‘mochada’ para que le tomen la declaración, ahí son sus 500 pesitos, y luego para el perito porque como hay muchos robos y muchas demandas de peritajes se van otros cinco mil a 10 mil pesitos”, asegura Carlos García.
El valle nororiente del estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato son algunos de los “focos rojos” que como Amotac tienen identificadas como zona de extorsiones.
Normalizando la extorsión
Jesús es el chofer del supervisor de una empresa trasnacional que tiene operaciones de construcción y servicios en distintos estados del país. Por lo menos una vez a la semana debe visitar alguno de estos lugares o incluso pasar los siete días revisando obras y servicios que prestan en Guanajuato, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, estado de México y Michoacán, principalmente.
Cuando tomó el trabajo, recomendado por un amigo que hace lo mismo dentro de la compañía, no sabía que, después de considerarlo apto tras varios exámenes de habilidades y confiabilidad, recibiría un entramiento básico de seguridad personal tipo escolta.
Así que pasó los siguientes tres días aprendiendo medidas especiales de seguridad al conducir y para protegerse, pero lo que más le llamó la atención es que también le enseñaron en una de las pláticas a cómo comportarse frente a grupos armados y retenes de grupos criminales. Guardar la calma, ser amable y colaborador, no mirar a los ojos y tener a la mano identificaciones, fueron algunas de las medidas que debía implementar, le dijeron.
Y sí, desde el principio, hace de eso más de un año, comenzó a lidiar con los retenes que Jesús llama de los “mañosos”.
“Al principio pensaba que eran de militares o policías, porque están así vestidos, se parecen mucho, pero luego ya vas viendo que son de la maña, por detalles de la ropa o cosas que dicen o cómo se hablan”, relata.
Jesús, un hombre ya cercano a los 40 años, pide que no se mencionen sus apellidos ni el nombre de la empresa en la que trabaja, porque quiere “evitarse problemas”, pero sí quiere contar, añade, que “los retenes son más comunes de lo que la gente piensa y hay que estar preparados para tratarlos, ellos cada vez son más amables y tienen todo bien organizado”.
Y así es, al preguntar a otras dos personas que se dedican a tareas similares, confirmaron que por cada viaje que hacen llevando a un supervisor o jefe, por lo menos se encuentran a uno de estos puestos de control de grupos criminales. Y todos hacen lo mismo, ya se volvió un método.
“Prácticamente tienen ellos una lista, a veces ves que la tienen en un cuaderno, otras veces en su celular y una vez hasta parecía como un recuadro con todo y su tabla bien formal. Allí checan que vengan las placas, tu nombre de pila, el tipo de auto y ya pasas”, detalla Jesús.
Pero sólo puedes pasar sin problemas si ya pagaste la cuota. Es decir, que las empresas debieron enviar a alguna persona a que cubriera el cobro por circular sin problemas y hasta “protegido” por los territorios de estos grupos.
Uno de sus jefes sólo comentó que, al mes, dependiendo la zona, se pueden pagar de 50 a 200 mil pesos al mes, y eso varía en función de cuántos automóviles van a pasar y para qué.
“Ya tienen bien identificadas a las empresas y según el sapo es la pedrada”, explica el supervisor contactado por ejecentral. Las empresas, añade, prefieren pagar estos costos porque permiten que sus operaciones no se detengan, los empleados circulen con seguridad y no se denuncia porque las autoridades “no hacen caso”.
Una solución dudosa
La apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para disminuir las extorsiones y la incidencia de otros delitos como el narcomenudeo, la defraudación y otros de tipo fiscal, se basa prácticamente en endurecer el castigo e imponer la medida de prisión automática a los sospechosos de cometer esos delitos.
Sin embargo, los principales afectados consideran que esto no disminuirá si no se acompaña del fortalecimiento y la depuración de las autoridades involucradas en la cadena de extorsión; y un cambio en la estrategia de seguridad para desarticular a los grupos que se dedican a este delito.
“Yo creo que leyes hay muchas, lo único que veo es que sí hay mucha corrupción”, señaló el vicepresidente de la Amotac.
En ese sentido, José de Jesús Rodríguez urgió a generar “una verdadera política de seguridad”, basada en la inteligencia, el fortalecimiento y la depuración de las policías, pues advirtió: “hay gran parte de los crímenes, de los cárteles, incrustados en las policías, incrustados en los gobiernos”.