Hacía meses que Irma Eréndira Sandoval no veía en persona al presidente Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera los temas que ella consideraba delicados los había podido tratar directamente con él. Públicamente se hablaba de su salida del gabinete, pero a pesar de las señales ella no lo creía posible. Hasta que llegó el viernes 18 de junio y le avisó, no su jefe, un tercero, el mensaje fue corto, el lunes la esperaban en Palacio Nacional, se haría el anuncio de su salida de la Secretaría de la Función Pública.
De la sorpresa, pasó a un cierto enojo, luego supuso que habría algo más en el gobierno para ella, por eso era momento de ser cautos. Esperó algún otro mensaje, pero no llegó nada más. Sólo su esposo John Ackerman tuitéo: “Sumamente orgulloso de Irma Sandoval por su profunda entrega a la Cuarta Transformación y su vocación de servicio a la patria”. Ella sólo respondió “Te amo”.
Había entonces una sensación de incertidumbre, preparó con su equipo una especie de informe, y un posible mensaje de despedida, que tuvo que decir, porque no había otro espacio para ella en el gobierno de López Obrador. Pidieron que fuera breve, porque la agenda estaba apretada, dio algunas cifras sueltas, porque ya es mitad de año y ni siquiera ha presentado su informe 2020:
“En fin, presidente, usted sabe lo que le entrego, usted sabe de dónde vengo, usted me conoce, conoce mis convicciones y sabe que procedo de una familia de lucha”, le dijo a un presidente que poco sonrió, más bien se mantuvo sobrio, y que sólo concedió 11 minutos para su despedida y anunciar a Roberto Salcedo Aquino como nuevo secretario.
“El propósito es seguir combatiendo la corrupción, no permitiendo la corrupción, desterrar la corrupción de nuestro país y seguir haciendo un gobierno austero, un gobierno probo, un gobierno que entienda que el poder es humildad, que no es prepotencia, lujos, fantocherías, extravagancias, que debe uno ser no funcionario público, sino servidor público, como decía Morelos, siervos de la nación”, recalcó el lunes el mandatario, como despedida a Sandoval.
Irma Eréndira Sandoval apenas llevaba 933 días en el cargo y de acuerdo a SPIN Taller de Comunicación Política, de las 634 mañaneras que se cumplieron el lunes pasado, apenas acudió a 11, y sólo tomó la palabra en 5 de ellas. Y a Palacio Nacional solo había asistido a una decena de veces más para reuniones de Gabinete, pero a pesar de manejar el tema medular de la agenda, el de corrupción, López Obrador no la incluyó en las reuniones nodales sobre el tema.
Así, de ser una de las más notoriamente aguerridas seguidoras de López Obrador, quien la mantenía cerca por el cariño y respeto a su abuelo Pablo Sandoval Cruz y a sus padres Pablo Sandoval Ramírez y Carmen Ballesteros Corona, y considerarla su escudera contra la corrupción, comenzó a mostrar su malestar sobre su desempeño, sus desplantes, su falta de resultados, su ostentosidad y junto a ella su esposo, pero también su hermano Amílcar Sandoval, con quien generó demasiado ruido al interior de Morena, porque se consideraba el elegido a ser gobernador de Guerrero, hasta que desistió.
ejecentral verificó con ocho fuentes distintas esas últimas horas de la secretaria, pero también lo que desde Palacio Nacional se decía de ella, de quien en los últimos meses se referían como “desleal al Presidente”.
López Obrador, aseguran, recibió y verificó con las personas de su mayor confianza lo que estaba haciendo Sandoval, sus ausencias de la Secretaría, sus gustos por utilizar chofer y escoltas, su transformación de vestuario, su insistente protagonismo y el presumir su cercanía con él. Y también verificó el crecimiento en los bienes familiares, de los que no había dado cuenta.
El Presidente también pidió referencias a otras dependencias sobre el trabajo de la titular de la Función Pública y muy pocos fueron los buenos comentarios, eran muchas más las referencias a la dedicación y el buen trato del subsecretario Roberto Salcedo Aquino.
Aunque Irma Eréndira Sandoval presumía de manera insistente que había limpiado la dependencia, los mecanismos de control y sanciones ejemplares. Sin embargo, al interior del gobierno una de las preguntas insistentes fue qué había hecho con cerca de 100 denuncias que se presentaron tras llevar a cabo auditorías internas tras el relevo de la administración de Enrique Peña Nieto, ya que prácticamente no avanzaron los casos, sólo aquéllos que había heredado. El resto no fue sancionado.
La última confirmación del fracaso llegó desde la Secretaría de Economía. Descubrieron cómo desde el Órgano Interno de Control (OIC) de la paraestatal Exportadora de Sal (ESSA), área dependiente presupuestal, jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, persistía una red de corrupción desde hace 10 años que Sandoval ni siquiera había tocado, al igual que otras oficinas.
Las consecuencias de no estar enterada ni romper con este tejido de corrupción, es que la empresa haya sido embargada por las graves faltas detectadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de las cuales se calcula un adeudo que asciende a más de tres mil millones de pesos, equivalentes a unos 150 millones de dólares, sin considerar las mermas millonarias por la pérdida de juicios, pagos en exceso, compras irregulares, conflictos de interés y demás anomalías que no fueron prevenidas, atendidas y mucho menos sancionadas por los funcionarios de la Función Pública, a cargo del OIC de la empresa.
Sobre el abanico de irregularidades y posibles corruptelas por parte de los funcionarios a su cargo fue advertida la hoy extitular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, pero en los dos años, seis meses y 20 días que se mantuvo en el cargo, la revisión y limpieza que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las dependencias de la Administración Pública Federal, no se cumplió.
ESSA es el último ejemplo de que se simuló el combate a la corrupción. Fue hasta la llegada a la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, que fue nombrado un nuevo titular de la OIC, y comenzó a descubrirse la trama que no sólo significó beneficios para los involucrados, sino grandes pérdidas económicas para el Estado.
3 mil millones de pesos es el adeudo de ESSA, sin considerar mermas millonarias por la pérdida de juicios, pagos en exceso, entre otros rubros.
Última evidencia contra Sandoval
Fue el 3 de marzo de este año, con apenas 30 días como director general de Exportadora de Sal que Gregorio Edgar Cavazos Rodríguez detectó que la coordinación interinstitucional de la paraestatal no estaba funcionando, sino todo lo contrario.
Pues la protección y permanencia de impunidad que procuraron tanto el entonces director de Administración y Finanzas, Jesús Martínez Torres, como el también hoy extitular del OIC de la empresa, Jorge de Jesús Rueda y Moreno, así como sus subalternos quedó en evidencia.
“Se notificó a los comisarios públicos sobre esta situación, la SFP tenía conocimiento al respecto y no se efectuó ninguna otra manifestación sobre el particular”, fue lo que Jorge de Jesús Rueda y Moreno, entonces a cargo del Órgano Interno de Control de la SFP respondió en su calidad de vocal ejecutivo del primer Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la gestión de Cavazos Rodríguez.
El cuestionamiento fue sobre las deficiencias detectadas en la Dirección de Fortalecimiento de Control Interno de la SFP, así como los motivos de la falta u omisión de las sesiones del COCODI, pues de acuerdo con el sistema no se habían celebrado desde marzo de 2020, y provino de la jefa de Departamento de Metodologías y Control, Leticia Nava Vera, representante de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública de la propia SFP.
La postura de Rueda y Moreno, quien fue destituido seis semanas después de la primera sesión del COCODI de este 2021, evidenció para Gregorio Edgar Cavazos la postura de que toda la estructura del Órgano Interno de Control estaba enfocada en intentar justificar las faltas graves del propio OIC, y las deficiencias de la operación de la empresa al calificarlas como no graves, minimizándolas en el mejor de los casos, y en otros casos absurdamente solventarlas y/o justificarlas. Por dicha advertencia fue que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo tomó cartas en el asunto.
›Apenas con 18 días de haber asumido en el cargo, Clouthier Carrillo reconoció en entrevista exclusiva con este periódico la responsabilidad que la dependencia había asumido en el sector de Minería, pero de la misma manera señaló la encomienda que la Función Pública, entonces a cargo de Sandoval Ballesteros tenía de frente para la depuración en ESSA como uno de los mandatos del presidente López Obrador.
“El motivo por el cual yo pedí un cambio (en el OIC de ESSA) es el siguiente: la persona no tenía, o no pasaba mucho tiempo en Guerrero Negro, me parece que esa posición requiere de una supervisión más cercana y tiene un familiar, bueno, su esposa para ser más exactos, enferma y yo quiero entender que eso le demandaría y en una visión más humanitaria pensar que él debía regresar a México para que esté más a gusto atendiendo los asuntos que le corresponden en casa. Yo le comenté esto a la secretaria -de la Función Pública, Irma Eréndira- y si hay complicidad o no en los procesos, pues será la propia Función Pública la que habrá de determinarlo, o las investigaciones que se hagan derivadas de esto que apunten hacia allá, pero yo no puedo prejuzgar”, refirió Tatiana Clouthier a ejecentral el pasado 22 de abril.
Lo cierto es que la llamada de atención no fue atendida por la exsecretaria de estado. Muestra de ello es que pese al cambio de Jesús Rueda y Moreno como titular del OIC en ESSA, una de las denuncias de hechos presentada apenas el 9 de junio pasado, dirigida a la hoy extitular la Función Pública advierte sobre la serie de omisiones y probable encubrimiento por parte de los integrantes del Órgano Interno de Control de la paraestatal enfocados en simular y encubrir anomalías y posibles delitos de manera “sistemática”.
Incluso la querella a la que tuvo acceso este periódico advierte sobre la probable responsabilidad de los socios japoneses de Mitsubishi en delitos fiscales, lo cual incluso llevó a que la empresa productiva haya sido embargada, derivado de la probables red de complicidades y la cercanía entre los funcionarios de la SFP con los de Exportadora de Sal, teniendo como antecedente directo el que durante los años 2010-2012 se habría iniciado una suerte de “operación tapadera”, la cual se habría afianzado durante los sexenios
de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, según la denuncia.
Como parte de las anomalías detectadas las denuncias refieren sobre la operación y permanencia de Jesús Martínez Torres como director de Administración y Finanzas (DAF) de ESSA, quien según fuentes consultadas dejaría su cargo a finales de este mes, y junto a Jorge de Jesús Rueda y Moreno como exencargado del OIC conformaron un círculo de poder abocado a proteger los intereses de lo que fue la administración de Ernesto Cordero, Herminio Blanco, Ildefonso Guajardo y Mario Alfonso Cantú. Los cuales habrían permanecido intangibles durante la gestión de Irma Eréndira como titular de la SFP.
En tanto el papel que llegó a fungir Nonato Antonio Avilés Rocha, designado por el presidente López Obrador como director general de ESSA con la entrada en vigor de su gobierno, habría culminado con su destitución luego de la permanencia y fortalecimiento de la estructura de gerentes y subgerentes que solventaron la gran cantidad de irregularidades y corruptelas, de las cuales dio cuenta este periódico a través de diversos reportajes en cuanto al beneficio que el exdirector procuró con familiares, parientes y amigos a quienes entregó diversos contratos de compra-venta de sal.
No obstante, de su destitución oficializada el 22 de enero de este año, a unos días de que Tatiana Clouthier Carrillo había asumido como titular de la Secretaría de Economía, la estructura persistente del OIC de la Función Pública en ESSA procura justificar como faltas no graves las cometidas durante su administración e incluso procurando simular el solventarlas.
›Bajo la perspectiva de que las figuras del DAF y del OIC desempeñan un papel angular la interior de la empresa productiva toda vez que, por un lado la Dirección de Administración y Finanzas está a cargo en su estructura de buena parte de la gerencias de Adquisiciones y Recursos Humanos, áreas donde se manipula la acción del ejercicio del egreso presupuestal de ESSA; así como el Órgano de Control Interno abocado a la gestión de la investigación, sustanciación,
y justificación de los Procedimientos de Responsabilidad Sancionatorios. La falla en ambos pilares implica las omisiones o probables casos de corrupción interna de la empresa.
Dentro de este entramado hay funcionarios que continúan jugando un papel relevante, pese a la salida de los titulares del DAF, el OIC, así como de la propia secretaria de la Función Pública. Uno de ellos es el caso de Luis Antonio Castro Leree, licenciado en Comercio Exterior, representante de la Gerencia de Sistemas y Desarrollo de TI de Exportadora y vocal suplente del Área de Tecnologías de la Información.
Quien, de acuerdo con su desempeño dentro de la paraestatal, así como de lo denunciado reiteradamente ha desempeñado al menos desde 2015 un papel de tipo comodín en ESSA, debido a que la gerencia de Sistemas y Desarrollo TIC implicó una encomienda fuera de su capacidad, y aunque Jesús Martínez Torres pretendió colocarlo como su sustituto al frente de la Dirección de Administración y Finanzas, ha procurado estar al tanto de negociaciones competentes desde comercialización hasta las correspondientes al DAF.
¿Sabías que? El conglomerado de Mitsubishi se ha opuesto a cualquier tipo de autoría o indagatoria externa del OIC de la empresa.
La simulación
“Yo creo que efectivamente la Secretaría de la Función Pública es hoy un eje central del gobierno pues no se diga en el combate a la corrupción, en el control , en el auspicio de la transparencia, en la fiscalización del gasto sino sobre todo es un reflejo de la llegada de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que llegaron los ciudadanos al gobierno”, vitoreaba en febrero de este año la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en una entrevista exclusiva con Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
En dicha charla, enfocada a abordar sobre “las principales líneas de acción encaminadas a cerrar el paso a la corrupción”, tal cual lo promocionó el Canal Catorce del SPR, la entonces funcionaria recalcó que la SFP se había “ciudadanizado” con la llegada y respaldo normativo del gobierno de López Obrador a fin de constituir a la Función Pública como el gran órgano concentrador de la fiscalización. También dijo que las oficinas de la OIC se habían mantenido trabajando durante la pandemia, algo que resultó ser falso.
“Antes los contralores dependían directamente, organizacionalmente y sobre todo en términos presupuestales, y tú sabes que el que paga manda, de la entidad que fiscalizaban, entonces, había una suerte de ser juez y parte en el sentido de la fiscalización”, sostuvo entonces Irma Eréndira a Jenaro Villamil, para luego asegurar que ella había prácticamente limpiado la casa.
A Irma la realidad la rebasó y nunca limpió la casa ni puso orden.
“¿Cuánto cuesta para que todo se mantenga igual?”, fue la explicita pregunta que funcionarios del OIC de Exportadora de Sal, habrían hecho a Gregorio Edgar Cavazos Rodríguez, según fuentes consultadas y quien apenas el 1 de febrero asumió como nuevo director de ESSA, luego de que el 3 de marzo, en la primera sesión del COCODI detectó las ausencias y deficiencias tanto del vocal ejecutivo, como del vocal coordinador de Control Interno, es decir los entonces titulares del OIC, representantes de la Función Pública, y de la DAF de ESSA.
Este periódico ha podido confirmar que una vez que el actual director general de ESSA detectó y alertó a la titular de Economía sobre las anomalías de deficiencias interinstitucionales, particularmente de la Dirección de
Administración y Finanzas, así como del Órgano Interno de Control, los subordinados de este último abrieron un procedimiento de investigación en contra del recién designado director general, en razón de la ausencia que registró luego de haber aplicado la vacuna preventiva de la Covid-19.
Cabe señalar que a lo largo de los dos años y medio de la administración de Irma Eréndira las múltiples anomalías documentadas por parte del SAT y la Auditoría Superior de la Federación, entre las cuales se incluyen las auditorías de cumplimiento financiero de la revisión de las Cuentas Públicas de 2013 y 2015, en las cuales se cuestionó la forma en que ESSA determina sus precios de venta, sobre los cuales se mantuvo una falta de transparencia.
Sumado a que tampoco atendió Sandoval las consecuencias de créditos fiscales y embargos de cuentas bancarias por incumplimiento de disposiciones legales cometidas por más de una década -del 2008 al 2014-, propiciadas de la probables adquisiciones y contrataciones ilegales derivadas de la desviación de recursos, y conflicto de intereses en el área de Recursos Humanos así como observaciones, Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y recomendaciones por parte de la ASF, conductas que a la fecha persisten sin que se hayan determinado faltas administrativas graves, y que por parte de los encargados del OIC se han solventado con procedimientos aparentemente anómalos.
El poder que Mitsubishi tiene se debe en parte a sus alianzas con funcionarios de OIC. Fuentes y documentos a los que ejecentral ha tenido acceso evidencian que el conglomerado de Mitsubishi se ha opuesto, por lo menos en los últimos 15 días, a cualquier tipo de autoría o indagatoria externa.
Es así que tras el nombramiento de Gregorio Cavazos, de acuerdo con fuentes consultadas, han pretendido que los socios minoritarios de Mitsubishi, a través de los integrantes del OIC de ESSA como son Ageo Navarro Calderón, titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y mejora de la Gestión Pública; Sven Itzcóatl Amador Marín, titular del Área de Quejas del OIC; así como Johanna Berenice Romero, encargada del Área de Responsabilidades, persista al interior de la paraestatal la política de desacreditar o al menos de minimizar las sanciones, procedimientos, señalamientos y demás denuncias sobre irregulares y posibles delitos que se les ha pedido investigar.
Tropiezos de una exconsentida
Como auditor especial de Desempeño de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el equipo a cargo del maestro de carrera en administración pública y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, Roberto Salcedo Aquino, estuvo a cargo de documentar y solventar las anomalías detectadas en Exportadora de Sal durante el periodo de 2000-2018.
Ahora, con nuevo titular de la Función Pública, el auditor internacional experto en fiscalización de la deuda pública por parte de la Organización Internacional de Auditorías Superiores, tiene la encomienda de, no sólo dar seguimiento a lo que en su momento detectó y auditó sino también de atender lo que como subordinado en la gestión de Irma Eréndira en la SFP no se investigó. Uno de los casos es el de ESSA.
›Su caída comenzó desde hace al menos un año atrás, cuando un reportaje del periodista Carlos Loret de Mola en Latinus, puso al descubierto las múltiples propiedades de la hoy exfuncionaria y su esposo John Ackerman, cuyo valor no correspondía a sus respectivos ingresos. Aunado al hecho de que Pablo Amílcar, hermano de la extitular de la SFP se erigió, entonces, como el principal contendiente de Félix Salgado Macedonio en busca de la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, a la cual terminó por declinar en marzo pasado, no sin antes dañar las entrañas del partido en Guerrero.
“López Obrador impuso al controvertido senador por compromisos previamente adquiridos con él, concretados finalmente porque el delegado federal y su principal adversario, Amílcar Salazar, cuya familia, encabezada políticamente por su hermana Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, cayó de la gracia presidencial tras revelarse sus múltiples propiedades, cuyo valor no corresponden a sus ingresos. No acusó a la familia Sandoval de corrupta –el presidente tiene un enorme respeto por su finado abuelo, el respetado comunista Pablo Sandoval–, pero congeló a la secretaria, cuya permanencia en el cargo está en el aire, y a su familia”, adelantó el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal el 16 de febrero pasado. Sus días estaban contados, sólo había que esperar el tiempo perfecto para López Obrador.
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