Que la Fiscalía General de la República haya anunciado la reapertura de la investigación sobre la elección en 2021 en Sinaloa significa algo y no debe ser ignorado. La acusación de la corte de Nueva York incluye un capítulo completo acerca de ese episodio por la supuesta participación del crimen organizado en la operación, el mismo día de los comicios locales de los que surgió Rubén Rocha Moya como candidato ganador. Pasar del no hay pruebas a la reapertura de una vieja investigación sobre la que además corrieron ríos de tinta en los medios de comunicación es un cambio nada despreciable. Algunos analistas especializados en la materia penal han deslizado una hipótesis que conviene considerar: si Rubén Rocha Moya fuera imputado en México por las autoridades mexicanas sería prácticamente imposible que se concediera su extradición a los Estados Unidos en virtud de que estaría procesado, atendiendo un requerimiento de la justicia mexicana. Claro que ese giro en la situación, que lo mantendría en México, necesitaría de un cambio en el discurso que diría más o menos así: “Acabamos de encontrar elementos de prueba que justifican acusar y procesar al gobernador con licencia”. El asunto es de pronóstico reservado, por lo que cada uno tendrá que hacer su propia apuesta.