1er. TIEMPO: Cuando el silencio se vuelve mafioso. Hay una vieja tentación en la política mexicana: diluir la responsabilidad hasta volverla irreconocible. Cuando nadie es culpable, todos lo son; y cuando todos lo son, nadie paga. Ese mecanismo, tan funcional para el poder, encuentra hoy una expresión inquietante en ciertos liderazgos de Morena frente a los señalamientos, cada vez más frecuentes, de vínculos con el crimen organizado. La respuesta no es frontal ni transparente; es coral. Y en ese coro, resuena Fuenteovejuna. En la obra de Lope de Vega, el pueblo entero asume el asesinato del comendador para protegerse. “¿Quién mató al comendador?” -pregunta el juez-. “Fuenteovejuna, señor”. Nadie delata, nadie rompe la línea. La comunidad se vuelve un escudo colectivo. Pero en la política contemporánea, esa lógica no es épica: es funcional al encubrimiento. En México, cuando surgen indicios -no sentencias, pero sí patrones, testimonios, investigaciones periodísticas- sobre la infiltración del crimen en estructuras locales de poder, la reacción no es abrir expedientes ni auditar trayectorias. Es cerrar filas. Gobernadores, dirigentes, voceros: todos repiten la misma partitura. “Es politiquería”, “no hay pruebas”, “es una campaña”. Así sucedió en 2021, cuando llovieron denuncias de interferencia del Cártel de Sinaloa en las elecciones donde ganó la gubernatura Rubén Rocha Moya. El entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que eran mentiras de sus opositores, de la derecha, de los medios. Cinco años después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa, junto con otros nueve sinaloenses, y la respuesta del gobierno es la misma: no hay pruebas, lo están magnificando opositores, la derecha y los medios. Rocha Moya fue acusado por el exjefe del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, de haber traicionado sus complicidades, y no pasó nada. Morena cerró filas. López Obrador lo abrazó. La presidenta electa viajó a Sinaloa para hacer lo mismo. Los líderes del partido y los gobernadores le expresaron su apoyo. Entre los goberfnadores, había al menos siete que se encontraban en su misma situación. Fuenteovejuna. La sobrevivencia. Varios líderes de Morena que se vieron en el espejo, también corrieron a respaldarlo. La historia se está repitiendo. Los mismos gobernadores; los mismo líderes del partido. Las mismas caras. Nada ha cambiado desde 2021. Tampoco el encubrimiento. Lo único nuevo es que antes eran denuncias de mexicanos. Ahora, esas denuncias -apoyados con más pruebas-, las retomó el gobierno de Donald Trump en los tribunales de Nueva York.
2º. TIEMPO: Cuando la narrativa se vuelve muralla. Cuando un partido en el poder, con control territorial, presupuestal y político, adopta la lógica de Fuenteovejuna, desactiva los mecanismos de rendición de cuentas. La lealtad sustituye a la legalidad. La cercanía al proyecto político se vuelve blindaje. Y el mensaje hacia abajo, hacia los cuadros locales, es inequívoco: mientras no rompas la fila, estás protegido. Los hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con Ignacio Ovalle, quien le dio su primer empleo formal, a quien nombró director de Segalmex, que iba a resolver la corrupción en las empresas del Estado que vendían leche y alimentos a precios subsidiados, y que se convirtió en un hoyo de raterías, donde el fraude en cuatro años ascendió a 7,000 millones de pesos, casi una tercera parte por encima de la llamada Estafa Maestra, la mayor corruptela, hasta entonces, en la historia de México. López Obrador salió una vez más a la defensa y dijo que Ovalle había sido engañado por los priistas que antes estaban en el sector. Nunca lo investigaron. Tampoco hizo lo mismo con quien era su comisaria financiera, Raquel Buenrostro, quien junto con el infame subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ellminaron el sistema de distribución de medicamentos aduciendo corrupción, y terminaron sin procesar a nadie, con un desabasto que aún no se arregla después de siete años, y nuevos focos de corrupción que, tampoco, se quieren ver. A Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad en el gobierno anterior, le encontraron que no había declarado muchas propiedades a su nombre y de familiares, lo que provocó denuncias de enriquecimiento ilícito y conflictos de interés. Al senador Adán Augusto López, le encontraron grandes anomalías en sus declaraciones fiscales y patrimoniales cuando era gobernador de Tabasco y secretario de Gobernación, pero no pasó nada; le limpiaron su expediente. Atraparon a los hermanos de López Obrador, Pío y Martín Jesus, recibiendo dinero en efectivo del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y bajo el grito del expresidente de que “eran para la causa”, sepultaron los casos tres metros bajo tierra. Esta dinámica tiene consecuencias. Erosiona la credibilidad del Estado y afecta las inversiones, como en la actualidad. Si las acusaciones nunca prosperan, si las investigaciones nunca concluyen, si los expedientes nunca se judicializan, la percepción de impunidad deja de ser percepción. La certidumbre jurídica se evapora. Pero también, incentiva la captura criminal de lo público. Donde hay impunidad, hay oportunidad. Y al normalizar la ambigüedad moral: el vínculo no se prueba, pero tampoco se investiga; no se confirma, pero se tolera. El discurso de la “transformación” prometía cortar de tajo con esas prácticas. Pero el poder, como la gravedad, jala hacia abajo. Y la tentación de proteger a los propios, aunque eso implique mirar hacia otro lado, termina por imponerse. No es nuevo en la historia mexicana; lo novedoso es la escala y la narrativa que lo justifica. El problema no es sólo ético; es institucional. López Obrador prometió que serían diferentes. Y lo fueron, pero negativamente.
3er. TIEMPO: El riesgo de todo, la putrefacción. La pregunta incómoda que surge en el momento mexicano en el que vivimos, es si el país puede darse el lujo de un Fuenteovejuna permanente en la política, porque en la obra, la Corona termina absolviendo al pueblo por falta de pruebas y por razones de estabilidad. En la realidad, la absolución sin verdad ni justicia no estabiliza: pudre. Y lo que se pudre en la cúspide, termina filtrándose hacia todo el sistema. Al final, el dilema no es literario, es político. ¿Se gobierna con la ley o con la consigna? ¿Se protege a la ciudadanía o a la estructura? Porque cuando llegue la pregunta -inevitable, persistente- “¿quién permitió la infiltración?”, responder “todos” será, en los hechos, decir “nadie”. Y ese, para un Estado, es el principio del vacío. Este el gran dilema que afronta la Presidencia. El mundo de Fuenteovejuna desapareció. Hay demasiados señalamientos de corrupción y de vínculos con el crimen organizado, como para intentar minimizarlos, culpar a la oposición, a la derecha y a los medios de innvetarlos y magnificarlos. El nuevo gobierno no fue el impulsor de ladrones y criminales, sino víctima de una herencia maldita, de la que tiene que zafarse. La presidenta Claudia Sheinbaum, a quien efectivamente le produce escozor la corrupción y los abusos, llegó a un final del camino para conciliar y evitar que las manzanas podridas en Morena sean vistas como el todo del movimiento. La acusación del Departamento de Justicia contra el exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve sinaloenses, ha problematizado una realidad más amplia que tiene varias capas. No toda la corrupción está asociada con el crimen organizado, por lo que tiene más espacio para ir resolviendo la primera, pero no le queda más tiempo demorar la persecusión de los políticos vinculados con los criminales. Entre las putrefacciones, esta es la peor, porque traslada un Estado al lado oscuro de la ley y mina todo lo que el gobierno haga. Pero no tiene de otra. Estados Unidos se cansó de que lo hiciera gradualmente. La acusación del Departamento de Justicia fue la señal que el juego habìa cambiado. Y esta semana que pasó, el presidente Donald Trump les dijo que no está distraído, y que si México no hace su trabajo contra el crimen organizado, Estados Unidos lo hará. No hay espacio para la interpretación.
rrivapalacio2024@gmail.com
X: @virapa_oficial
