Contaminación política, no ambiental

Mientras la delincuencia se intensifica en Nuevo León y las quejas por falta de infraestructura básica se acumulan, el gobierno estatal de Samuel García, ha optado por lanzar una fuerza especial dedicada al monitoreo ambiental. Esta decisión, aunque envuelta en un discurso de salud pública, genera dudas legítimas. En lugar de fortalecer las capacidades de seguridad o mejorar la movilidad urbana, se destinan recursos públicos a operativos contra industrias, lo que abre un campo fértil para abusos, discrecionalidad e incluso extorsión a empresarios. El diseño de esta policía ambiental, sin un marco técnico robusto ni coordinación efectiva con áreas como movilidad, salud y desarrollo económico, parece responder más a una lógica de espectáculo que a una política pública sostenible. El estado enfrenta desafíos estructurales urgentes que no se resolverán con clausuras mediáticas. Si el gobernador busca dejar huella, necesita construir soluciones profundas, no solo generar titulares. Priorizar la forma sobre el fondo solo posterga lo que realmente apremia.