Minority report

No es broma. Con el alegato de defender y proteger los derechos de autor, alguna mano negra promueve un proyecto para crear un impuesto que se aplicaría a la adquisición de dispositivos digitales con capacidad de copiar contenidos, es decir cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora. El precio lo pagaría el consumidor final, o sea cualquier ciudadano, y la justificación estaría en hacer pagar, por adelantado, por si alguien desea copiar una creación literaria, musical, pintura, fotográfica, en video o programa de cómputo, protegida por el derecho de autor. No queda para nada claro dónde se vuelven lo mismo, o quién dijo que se pueden equiparar, las regalías a que tiene derecho un autor por el uso de su obra, con los gravámenes que la autoridad fiscal recauda para financiar el gasto público. Pero además de eso, tampoco parece tener mucho sustento jurídico la idea de gravar una posible conducta, algo que no ha ocurrido y que podría no ocurrir, pues el hecho de que un dispositivo tenga capacidad de grabar, fotografiar, escanear, copiar, convertir a PDF, WAV o MP3 y hacer videos, además de chatear y hablar por teléfono, no significa que su propietario lo vaya a utilizar para copiar obras y menos para violar derechos autorales, pero si así lo hace, no tiene lógica jurídica y viola la más elemental garantía del debido proceso, que se le cobre a alguien antes de que siquiera haga una copia, por anticipado, pues eso equivaldría a imponerle una sentencia previa sobre una falta que todavía ni siquiera ha cometido.