Tultitlán salvaje

Elena García Martínez heredó algo más que el cargo de presidenta municipal a su cuñada, Ana María Castro Fernández. También dejó una estela de corrupción, opacidad y conflictos sociales que hoy tienen al municipio de Tultitlán bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, de Rodrigo Archundia y la Contraloría del Estado de México, de Hilda Salazar.

La operación más llamativa es el presunto desvío de más de 38 millones de pesos a una asociación civil para hacerse de terrenos ejidales sin escrituras. Ahora, con ese argumento, intentan despojar a cientos de familias de su patrimonio, para lo cual buscan hasta cambiar el nombre de la colonia para borrar su identidad legal. A estas acusaciones se suman reportes periodísticos, que apuntan a que, desde el inicio de la gestión de Castro, hace siete meses, se han adjudicado más de 72 millones de pesos en contratos públicos ya sea por asignación directa, o mediante licitaciones con competencia simulada, donde solo participó un proveedor. Y la cuenta sigue.