Lo sucedido hace más de un año en Iguala, Guerrero, ha marcado la agenda nacional. Aquella noche del 26 de septiembre, cuando 43 personas fueron secuestradas por grupos criminales con la participación de cuerpos policiales municipales y presumiblemente privadas de la vida, confirmó una vez más el control que la delincuencia organizada ha llegado a tener de autoridades municipales y presumiblemente estatales, así como la descomposición del tejido social como consecuencia del permanente enfrentamiento entre diversas bandas criminales.
Ante la falta de acción de las autoridades estatales al mando del entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero, el gobierno federal tomó el asunto, procediendo a hacer las investigaciones para hallar a los estudiantes de Ayotzinapa, esclarecer lo sucedido y llevar ante la justicia a los responsables.
Todo ello al tiempo de crear el andamiaje jurídico que faculte a la administración pública federal para intervenir en los gobiernos municipales que se compruebe, estén coludidos con el crimen organizado, como sería el caso en la actualidad del Presidente Municipal de Cocula, Guerrero.
Es decir, el único que ha actuado para remediar lo sucedido es el gobierno federal, teniendo presente que él no tuvo nada que ver en lo sucedido en Iguala y que, efectivamente, es el que ha sido señalado a través de diversas manifestaciones como asesino de estudiantes y represor.
A pesar de no tener responsabilidad en los sucesos de Iguala, Guerrero, hay quienes han pretendido culpar al Presidente Enrique Peña Nieto y apostarle a la confusión social y mediática para medrar política y económicamente con la desgracia que no sólo ha golpeado a 43 familias, sino a toda la Nación. ¿En dónde queda la responsabilidad del Presidente Municipal de Iguala, de su jefe de policía y del cabildo, del Gobernador de Guerrero y de su secretario de seguridad? En el limbo porque hablar de ellos puede no ser tan provechoso que utilizar frases como “crimen de Estado” y “gobierno autoritario y represor”.
En lugar de explicar su propio actuar y sus graves omisiones, el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ha querido culpar al Ejército Mexicano de inacción, lógica que no se puede explicar en un hombre que posee casi 30 años de experiencia política y que conocer a la perfección el marco jurídico que reglamenta el actuar legal y disciplinado de nuestras Fuerzas Armadas, sino como un intento desesperado por salvar su pellejo.
Extrañamente, los familiares y personas que se han manifestado para exigir justicia ni con el roce de un comentario han señalado a los verdaderos culpables de los hechos de Iguala, como son los delincuentes, y en su lugar han direccionado sus ataques al gobierno federal y al presidente Enrique Peña Nieto.
Hasta el 26 de octubre pasado, ese gobierno había aguantado de forma estoica todos los golpes, acusaciones y ataques infundados que diversos actores políticos y sociales le habían asestado, pero el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue el responsable de recordar a todos los mexicanos que el gobierno federal no fue el que ordenó, detuvo, torturó y asesinó a los jóvenes normalistas.
De ahí que el jefe del Gabinete del Presidente de la República exclamara un “Ya basta de culpar al gobierno federal de la desaparición de los 43 normalistas”, y con ello abre un importante y necesario ejercicio de reflexión sobre lo que se ha hecho desde el 27 de septiembre de 2014.
Como sociedad y como demócratas tenemos un papel protagónico que jugar en el sistema político mexicano. Nuestra participación, nuestras expresiones y nuestro proceder pueden marcar el rumbo del debate público y contribuir o no a que los diversos problemas sociales, económicos, políticos y culturales se resuelvan.
En ese sentido, flaco favor les hacemos a las víctimas de Iguala enmarañando los hechos; realizando expresiones que lejos de buscar exigir justicia, se acomodan a intereses políticos oportunistas; seguimos denostando a instituciones que hace su trabajo y que nos deben rendir cuentas, y le apostamos al desgaste gubernamental.
Ésa no es la ruta del fortalecimiento de la democracia, sino de la frustración y del enojo, camino por el que algunos nos quieren conducir porque les conviene con miras a las elecciones de 2018, pero tangamos claro que están pensando en ellos, no en usted, ni en mí ni en los millones de mexicanos que exigen justicia.
De ahí que lo dicho por el secretario de Gobernación sea bienvenido en el debate público y nos permita colocar a cada quien en su justa dimensión y en su justo espacio.