El ejido de Dziuche obtuvo el 28 de junio pasado la suspensión del decreto que incluía a la laguna Chichankanab como área natural protegida, por orden del Juzgado Primero de Distrito de Quintana Roo. La decisión se argumentó con base en que al ser incluida como área natural, los pobladores pueden verse privados de forma parcial o definitiva de “la propiedad, posesión y disfrute de sus derechos agrarios”. Por lo anterior, se determinó que ninguna autoridad del estado de Quintana Roo puede legalmente desarrollar acto alguno que afecte los derechos del ejido Dziuche sobre su territorio, incluida la laguna. El ejido Dziuche, con base en los derechos reconocidos en la Ley Agraria y otros cuerpos normativos, ha aprovechado de manera sostenible los recursos que posee. La gestión que hace el ejido de sus tierras integra un aprovechamiento forestal de cinco mil hectáreas; y la protección de más de cuatro mil hectáreas de selva bajo los esquemas de Unidad de Manejo Ambiental y Pago por Servicios Ambientales. El ejido opera estas estrategias de manejo bajo reglas estrictas acordadas en el seno de su máxima autoridad, y preocupa que el área decretada como área protegida se sobreponía a dichas estrategias. También administra el ingreso a la laguna Chichankanab, abierta al público para disfrute de familias locales, que llegan de poblados como Peto, Tekax y Oxkutzcab. El decreto del Área Natural Protegida se publicó en el periódico oficial del estado, el 1 de abril de 2011, a pesar de que desde 28 de junio de 2009 la asamblea del ejido Dziuche rechazó ceder 14 mil 26 hectáreas de su propiedad, para convertirlas en área natural protegida estatal tal como solicitaron representantes del gobierno estatal, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y de la Asociación Amigos de Sian Ka’an. Por tal motivo, el 26 de marzo el ejido promovió, acompañado en lo jurídico por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), una demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien la desechó por improcedente, al supuestamente haberse promovido fuera de los plazos legales. En respuesta, el ejido promovió un recurso de queja en contra de la resolución del Juzgado de Distrito. El fallo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito fue favorable y ordenó al Juzgado a admitir la demanda a trámite. “El ejido abarca 27 mil 703 hectáreas, así que prácticamente la mitad del ejido queda dentro del polígono reservado. El área natural se promulgó sin nuestro consentimiento, porque nosotros en una asamblea en 2009 dijimos que no estábamos de acuerdo. Sin embargo, el decreto se publicó el 1 de abril de 2011”, expresó Alberto Burgos Medina, presidente del comisariado ejidal. De acuerdo con Juan Antonio López Cruz, coordinador del área de justicia transnacional de ProDESC, la resolución representa un hito en el reconocimiento de los derechos agrarios y de propiedad, para garantizarles a los núcleos agrarios la posesión, uso, administración y goce de sus tierras. DC
16 de Mayo de 2024