El incremento de sanciones a ministros de culto por incurrir en actos de proselitismo electoral, la proliferación de estaciones de radio y televisión clandestinas operadas por religiosos y los reclamos de pastores y sacerdotes que desde los medios de comunicación critican y contradicen las políticas de Estado han provocado que se ponga en la palestra la caducidad de las reglas en las relaciones del Estado con las iglesias.
A 30 años de haber sido expedida la ley que regula las relaciones entre nueve mil 610 asociaciones religiosas, no ha tenido modificaciones pese a los intentos de varios expresidentes de la República.
Expedida por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en julio de 1992 para dar personalidad jurídica a las iglesias y regular las relaciones entre los diferentes credos espirituales, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público consta de 36 artículos en los que el Estado otorga la garantía constitucional para ejercer la libertad de culto, la conformación y funcionamiento de las iglesias y sus ministros de culto.
Además, esta ley también regula el régimen patrimonial de las asociaciones religiosas, de sus actividades dentro y fuera de los templos y la relación que guardan con las autoridades en los diferentes niveles de gobierno.
›A la llegada del primer panista como Presidente de la República se especuló que habría cambios en la legislación para actualizar las relaciones entre las congregaciones de fe y el gobierno. Desde la Cámara de Diputados se elaboró el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en noviembre del 2003, con el consenso de los panistas que encabezaba entonces
el legislador Felipe Calderón Hinojosa.
En el periodo presidencial, con Enrique Peña Nieto, también hubo un intento por modificar la ley en beneficio de la élite católica, con la que ha mantenido sólidos nexos desde que era gobernador en el estado de México.
En este momento, la presión de académicos, legisladores e intelectuales, el entonces Presidente de la República sólo pudo trastocar algunos párrafos del artículo 24 de la Constitución para darle un matiz de amplitud a la existente libertad religiosa en el país.
Nicéforto Guerrero Reynoso, magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y artífice del andamiaje administrativo que dio personalidad jurídica a las asociaciones religiosas en México –al otorgar a los primeros dos mil registros para las más de nueve mil 600 Iglesias que en la actualidad existen en el país– lamentó que en la actualidad no se le dé la importancia necesaria a las Iglesias “para reconstruir el tejido social que está roto desde hace varios decenios”.
En entrevista para ejecentral, Gerrero Reynoso aseguró que el expresidente Carlos Salinas “le dio el toque de pluralismo religioso al trato entre el Estado y las Iglesias. Anteriormente sólo la Arquidiócesis, la Nunciatura y la Conferencia del Episcopado eran reconocidas por el aparato burocrático del gobierno en turno. Eran quienes tenían prerrogativas, trato preferencial e impunidad para casi cualquier trámite en las dependencias”.
Juarismo divergente
El profesor de la Universidad Autónoma de Oaxaca, Porfirio Flores Zúñiga, indicó que se debe cambiar el estatus para que los ministros de culto puedan manejar medios informativos, ya que las nuevas tecnologías así lo exigen.
“Deben estar presentes ministros de culto en centros de salud, de readaptación social, en el Ejército y en comandancias policiacas para que atiendan las necesidades espirituales de esas personas”, refirió.
Incluso, dijo, Efraín Ríos Mont fue uno de los primeros presidentes que en la década de los 80 impulsado en Guatemala por los evangélicos, lo que marcó una moda para otras naciones latinas y a partir de ahí se crea una “teología pro política evangélica”, aunque fue un fiasco, comenta el catedrático de Oaxaca, segundo estado donde se permite el aborto legal en el país.
Recientes intenciones
El más reciente intento para cambiar la legislación en torno a las Iglesias fue protagonizado por la senadora zacatecana Soledad Luévano Cantú en enero de 2020.
Su propuesta consistía en autorizar a los ministros de culto a participar activamente en la política partidista, poseer y administrar medios masivos de comunicación (estaciones de radio y televisión) y contar con validez oficial de sus estudios teológicos. La morenista justificó sus planteamientos al indicar que “es necesario colocar a la libertad religiosa como un derecho humano”. La legisladora comentaría después que la propuesta era modificar la Ley de Asociaciones Religiosas “que ya es obsoleta, pero nunca la Constitución… y permitirá una colaboración más estrecha entre el Estado y las iglesias”.
El 10 de julio de 2019, el senador Monreal Ávila recibió en sus oficinas a una decena de pastores evangélicos a quienes confió que estaba dispuesto a proponer modificaciones a la Ley de Asociaciones Religiosas “sin vulnerar el Estado laico”, por lo que se dijo “abierto a las propuestas de los líderes cristianos”, pero la pandemia de Covid-19 frenó el asunto.
Roberto Blancarte, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó que la propuesta de Luévano Cantú fue “un intento presidencial por hacer de la moral un asunto de política pública”.
En marzo de 2019, el hoy gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, en su calidad de senador, propuso adicionar al artículo 3 Constitucional la creación de un “Consejo Federal” para “fomentar los valores” con base en la Cartilla Moral.
Un mes después, se expidió el nuevo reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, que incorpora oficialmente el trabajo eclesiástico en la reconstrucción del tejido social.
A la llegada de César Yáñez Centeno como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación, las cosas podrían tomar otra dinámica, pues sus nexos con la Iglesia Católica parecen más cercanos que los del mismo titular de la dependencia y aspirante presidencial Adán Augusto López Hernández.
Su arribo sirve para abrir canales de diálogo con la jerarquía, pues tiene conocimientos de comunicación religiosa, tanto como el periodista Alberto Barranco Chavarría, actual embajador de México ante El Vaticano y entre ambos podrían formalizar la visita del Papa antes de terminar el actual sexenio en plena época electoral.
❝El expresidente Salinas le dio el toque de pluralismo religioso al trato entre el Estado y las Iglesias. Anteriormente sólo la Arquidiócesis, la Nunciatura y la Conferencia del Episcopado eran reconocidas por el aparato burocrático del gobierno en turno❞. Nicéforo Guerrero Reynoso Exdirector General de Asuntos Religiosos.