Ley de Seguridad Interior debilita fiscalías antes de que existan: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que la Ley de Seguridad Interior debilita la autonomía y efectividad de las fiscalías y entes anticorrupción que se han planteado, ya que con ésta estarían obligadas a entregar información que se les solicites sobre las investigaciones que realicen. Asimismo, criticó que el Peña Nieto haya anunciado su voluntad de no realizar Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior hasta que se resolvieran las controversias, pues según los términos de su artículo 26, no necesita de una Declaratoria para su aplicación y entrada en vigor. Lamentó que el Ejecutivo Federal haya dejado de lado la oportunidad de realizar un diálogo honesto, plural, incluyente e informado, luego de la aprobación y publicación de la Ley de Seguridad Interior. La organización respetó la decisión de no ejercer la atribución que tiene para formular observaciones al proyecto, pese a que, desde el inicio del proceso se planteó la utilidad y pertinencia de realizar un diálogo de esas características, por parte de académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e instancias nacionales e internacionales de protección y defensa de Derechos Humanos. Aseguró que ni la cámara de Diputados, ni el Senado de la República, así como la Presidencia de la República atendieron el llamado, lo impidió la construcción de consensos entre la sociedad. Asimismo, la Comisión reiteró su convicción de que dicha Ley de Seguridad Interior vulnera derechos y libertades básicas de los y las mexicanas. La CNDH argumenta que, aunque ante la opinión pública se ha reiterado el que el propósito de la Ley es dar un marco normativo a la intervención que realizan las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías y autoridades civiles; su alcance trasciende, por mucho, ya que la Ley puede aplicarse y promoverse la intervención de las Fuerzas Armadas, en cualquier tipo de actividad, siempre y cuando sea calificada de amenaza o riesgo a la Seguridad Interior. Aunque, no existen parámetros que determinen con objetividad cuándo se afecta el desarrollo del país, el orden constitucional, el Estado de Derecho o la gobernabilidad democrática. “La Ley contraviene principios reconocidos Constitucional y legalmente en materia de transparencia y acceso a la información, protección a las víctimas y respeto a la defensa de los derechos humanos, pues mientras en términos de su artículo 9no. toda la información vinculada a su aplicación será reservada, con independencia de su contenido o relevancia”, indica la CNDH. La Comisión dijo que la Ley de Seguridad Interior no lleva implícito un beneficio inmediato para las personas, “ni tampoco favorece de manera directa a las mujeres y hombres que, como elementos de nuestras fuerzas armadas o policías arriesgan su integridad y vida para la defensa y protección de la sociedad”. Aseguró que, por el contrario, dicha ley abre una ventana para que se ampare la ambigüedad, la opacidad y la falta de una rendición de cuentas oportuna y debida. (FOTO: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro) MAAZ