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Jonathan Nácar

Al asumir su mandato el Presidente lo tuvo claro. Utilizar la tribuna más importante del país para mostrar su autoridad, emitir el mensaje público, en fondo y forma, que él construye y siembra. Por eso cada mañana puede, desde dar órdenes directas a su equipo de trabajo; tomar decisiones de política interior y exterior; generar expectativas en el ámbito económico y financiero; provocar confusión, y de paso descalificar a quienes considera contrarios a su proyecto: ‘sus adversarios’.

Las reacciones que provoca, frente a contrapesos disminuidos, apenas son declaraciones de rechazo, desmentidos o, en el mejor de los casos para el titular del Ejecutivo, aclaraciones por parte de los aludidos desde Palacio Nacional. 

“Los medios de comunicación se enfrentan a un dilema: ¿cómo sustentar lo que el presidente dice, especialmente las cuestiones que no se pueden probar, que son la gran mayoría? Nosotros contamos que hay un promedio de 73 afirmaciones no verdaderas por conferencia, de esas, entre 51-52 son afirmaciones que no se pueden probar”, advirtió Luis Estrada Straffon, socio-director de SPIN-Taller de Comunicación Política.

Para el doctor en Ciencia Política, es a través de las conferencias de cada mañana, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha conseguido el objetivo que parece haberse fijado a lo largo de su gobierno: que la gente hable de él, generar a partir de sus “otros datos” o de la información que asegura le reportan, un debate, una constante polémica. 

«Genera esa polémica que tiene al presidente en boca de todos, pero eso no necesariamente pone agenda y lo único que genera, como en otros países se ha demostrado, es la polarización y la diferenciación».

Porque, explica el analista político, la pérdida en lo que dice el presidente que ya no trasciende a los medios de comunicación, resulta lo mas grave que dice, porque asumir, como dicen los representantes del gobierno, incluyendo a presidente, de que millones de personas ven las conferencias no resulta del todo cierto.

«Eso es falso, no sólo porque nunca lo han demostrado, sino porque es imposible medir cómo la gente de 7 a 9 de la mañana utiliza dos horas del día para tomarse un café y sentarse a ver lo que dice el presidente. Es una de las razones principales para que la gente no tenga el contexto completo con respecto a lo que dice el presidente, si se puede probar o no».

Estrada Straffon señaló que uno de los principales problemas recae en que de las personas que son admitidas a las conferencias, los reporteros, «el presidente tiene un grupo de reporteros que se sientan hasta adelante casi siempre, el 55% de las preguntas vienen de adelante, estos medios o reporteros se denominan ‘digitales’ y son quienes hacen preguntas fuera de la agenda, de la coyuntura».

Una práctica que lo único que hacen, refiere el también profesor-investigador, «es permitirle al presidente desviar, o no contestar la pregunta cuando los temas son urgentes. Es por ello que el presidente ‘se sale con la suya’ todos los días, pero en realidad lo ideal es que los medios serios pregunten, pero no siempre es posible».

Sobre el impacto que esto tiene para la credibilidad institucional del presidente, Luis Estrada sostuvo que aunque es complicado ver que diga una afirmación falsa o que se contradiga, y se espere una caída de 30 puntos porcentuales en una encuesta de un día a otro, «pero sí es una especie de demeritación o depreciación de la palabra del presidente. Cuando el presidente dice y dice cosas que no se pueden verificar tiene un impacto directo en el presidente».

Para Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, las conferencias matutinas no necesariamente son ejercicios informativos, sino una forma de control gubernamental de la información, en el que el hecho de que el presidente se pare frente a grabadoras y reflectores no significa un ejercicio democrático de informar a la ciudadanía, sino un espacio de confrontación, especialmente con los medios a quienes considera parte de sus adversarios.

“La información se ha centralizado en la figura del presidente, y cuando desde los propios medios de información se pretende hacer un contraste o una verificación de esos ‘otros datos’ que da el presidente, pues la respuesta es que esa información es inexistente por parte de Presidencia y de la coordinación general de asesores y de la coordinación general de comunicación social. No es verificable”, sostuvo el abogado y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana.

En donde mucha de la información que esta proveyendo el presidente, y que no está publicada en las plataformas gubernamentales y que se pretende contrastar a través de solicitudes de información, tampoco es verificable».

Se trata, explica el activista, que «se ha revelado la postura del actual gobierno respecto a la función periodística, que no es otra que no sea de propaganda, o la prensa que ellos consideran como legítima es aquella que habla bien del gobierno, no la que cumple con la función social de buscar y difundir información de interés público para hacer un escrutinio público de la labor gubernamental».

Maldonado Gutiérrez recordó que esto no es nuevo, pues precisamente los gobiernos anteriores lo que han buscado, aunque de manera más sutil y no tan abierta como este, es que la prensa les sea favorable, pero entonces, refiere, «si el gobierno tuviera una verdadera preocupación por establecer pautas claras de financiamiento a través del gasto de comunicación social a los medios de comunicación, por ejemplo, estaría proponiendo una reforma a la actual Ley General de Comunicación Social que esta impugnada ante al Suprema Corte, precisamente porque no establece criterios claros de asignación de esta pauta de publicidad».

Combate a la corrupción, proeza sin comprobar

Aunque ha sido el principal estandarte del actual gobierno, las acciones anticorrupción, que de acuerdo con el segundo informe de gobierno se materializó en la recuperación de más de 500 mil millones de pesos, un monto que difícilmente puede ser comprobado.

Para Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción en COPARMEX, el hecho de que el presidente López Obrador sostenga que en su gestión se ha encargado de combatir la corrupción, son datos y números que carecen de sustento y comprobación, y, al contrario, se contrasta con los recortes presupuestales que han resentido los órganos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. 

“Lo primero que cuestionaría es un solo documento, una sola información que demuestre que se ha recuperado un solo peso. Hablan de más de 500 millones de pesos recuperados en sanciones de multas. El problema de las multas administrativas es que imponen en una sanción, pero luego se cobra el 1 por ciento”, dijo.

 El exdirector anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que lo que la Secretaría de la Función Pública presume como logros como la destitución de 100 funcionarios de todo el gobierno federal, de quienes ni siquiera se precisa nivel, refleja que más bien la dependencia “está más dedicada al control de la lealtad política, y no al ejercicio real del presupuesto”.

Al contrario, para el exfuncionario, “a los servidores públicos que son mal pagados, sin prestaciones, sometidos a un presión política y administrativa constante con la desaparición de áreas y de herramientas. Eso en cualquier lugar genera enormes riesgos de corrupción”.

Y a eso hay que sumar, subrayó, el hecho de que a todas y cada una de las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción les redujeron de manera “brutal” el presupuesto, tanto a la Auditoría Superior de la Federación, como a la propia SFP, a la Fiscalía Anticorrupción, a todos los órganos. “Entonces, tienen menos instrumentos y capacidad para vigilar, menos herramientas de control. No tenemos un solo dato de que la corrupción haya bajado; obviamente lo que tenemos son los escándalos que siguen por todos lados”.

Con base en los propios datos del gobierno, sostiene, la Función Pública reporta que el total del registro de servidores públicos sancionados de septiembre de 2019 a junio de 2020, por las distintas áreas de responsabilidades impusieron 2 mil 600 sanciones, de las cuales 100 son destituciones y 800 inhabilitaciones, y no especifica los niveles de funcionarios, «quiero suponer que nivel medio para abajo. Cien destituciones es prácticamente nada en todo el gobierno federal, y si además son destituciones de niveles medios para abajo pues es prácticamente nada».

«En cualquier país, medianamente democrático, el haber aventado este dato de los 520 mil millones recuperados por corrupción, habría sido cuestionado de todos lados, por todas maneras. Hoy mismo se le pediría a la Función Pública de dónde sale o cómo se sostiene ese monto».

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