Fue un terrible error y los integrantes más sensatos de Morena lo saben. Basta ver las sesiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para darnos cuenta de la baja calidad de la justicia en México. En el mundo, la forma en la cual se selecciona a quienes imparten justicia en nuestro país es motivo de risa. Más allá de las fronteras, hay alarma entre quienes tienen intereses legítimos en nuestro territorio.
Soy de los que piensan que la modificación a la Constitución para cambiar los procedimientos de selección de los juzgadores fue motivada por tres evidentes sentimientos de López Obrador: odio, mezquindad e ignorancia.
El tabasqueño es de los que no se cansan de presumir virtudes; la más socorrida es la supuesta capacidad de perdonar y no guardar rencor; sin embargo, hay innumerables ejemplos de su capacidad para destruir vidas e instituciones. A esto hay que agregar algún resabio de errores personales que lo hace asumir una postura de santo penitente y anacoreta, que no duda en tratar de extender a quien se deja o cae bajo su dominio.
Bajar sueldos, despreciar avances de la ciencia o pedir a los semejantes conductas propias de ermitaños, son comunes en este personaje. La Corte y muchos jueces federales impidieron que el autoritario presidente consumara abusos; por ejemplo, destruir la selva o militarizar el país. La venganza fue desaparecer al Poder Judicial que conocimos y sustituirlo por todo lo contrario a lo que representaba en la realidad o la percepción. En lugar de graduados con honores en escuelas de calidad y con experiencia en la judicatura, se provocó la llegada de personajes con una deficiente preparación e incluso una clara incapacidad para hacer abstracciones.
Siempre se puede estar peor, y el próximo año se debe seleccionar a otra camada de juzgadores, ahora para ocupar los cargos que no fueron a concurso en 2024. Se trata, números más, números menos, de casi la mitad de los integrantes del poder judicial federal y de una gran cantidad de quienes laboran en los poderes locales. En ese segundo grupo van todos los integrantes de la judicatura de entidades de alta importancia como Jalisco y Nuevo León.
No es tema menor lo que espera al Instituto Nacional Electoral, pues a los comicios regulares federales y locales tiene que agregar los de juzgadores. Con reglas y objetivos distintos, los procesos electorales corren de manera paralela y constituyen un reto para el cual el órgano que administra las elecciones no se encuentra preparado. En diversas ocasiones, integrantes de este han manifestado la conveniencia de mover la fecha de la elección judicial.
En días pasados, un grupo de legisladores del partido oficial presentó una iniciativa para modificar la Constitución y evitar la coincidencia. Más allá de que el texto es de pésima redacción, no queda claro si tendrá el beneplácito de la presidenta Sheinbaum y de su antecesor. El tiempo se les agota, pues las reglas señalan que cualquier reforma electoral no debe pasar del mes de mayo. Claro, de proponérselo, en pocos días el trámite se puede concluir. La marca de la casa entre los legisladores del oficialismo es no cuestionar por ningún motivo lo que se les ordena.
Mientras tanto, el INE navega, como el Titanic, directo a la tragedia. Los conductores del proceso se asemejan al capitán del trasatlántico: actúan con irresponsabilidad y no disminuyen la velocidad para operar con precaución.
