El precandidato a la presidencia por la Alianza “Todos por México”, José Antonio Meade, llamó a los partidos, coaliciones y a sus oponentes a una tregua en la contienda electoral en curso y sumarse a un acuerdo para avanzar en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Hago un respetuoso, pero urgente llamado a los partidos, coaliciones y precandidatos a la Presidencia para que avancemos en los nombramientos”, señaló al referir que las reformas constitucionales fueron el primer paso y ahora toca implementarlas para poder contar con instituciones que se encarguen de prevenir y castigar la corrupción.
Al destacar que la impunidad es el problema central en el país y que además de alentar la corrupción es la causa de la inseguridad y fuente principal de la violación a los derechos humanos, destacó el apremio por implementar y construir las nuevas instituciones y completar los nombramientos que estas requieren para cristalizar el SNA.
Esa es la vía responsable y viable en el largo plazo. Ni el perdón ni las ocurrencias para el aplauso fácil son la solución”, asegura.
En una carta difundida a través de sus redes sociales, el primer precandidato presidencial ciudadano del PRI llamó a hacer una pausa en la contienda electoral y dejar de lado “nuestras diferencias”.
Esta decisión difiere con la postura del presidente Enrique Peña Nieto, quien se ha manifestado por que los nombramientos se definan pasando las votaciones del próximo 1 de julio.
Aunque se dio espacio para cuestionar a sus oponentes Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, sin mencionarlos por su nombre.
Unos proponen perdonar a los delincuentes. Otros simplemente no hablan del tema porque carecen de ideas y de la experiencia suficiente para terminar con el grave ciclo de impunidad que vive el país”, agrega.
Meade Kuribreña les plantea un acuerdo, basado en seis puntos, para dar al país las soluciones que merece.
1. El Senado debe nombrar a los magistrados de la sección y salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas por actos de corrupción.
2. Avanzar hacia la autonomía del ministerio público federal. Para ello se requiere aprobar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República.
3. Crear marcos homologados de funcionamiento del ministerio público a nivel local. Nueve de cada diez delitos son competencias de los estados.
4. Nombrar al Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción en un acuerdo con sentido de Estado. Una vez que el poder revisor de la Constitución eliminó el pase directo, es momento de activar el mecanismo constitucional para el nombramiento de los titulares de ambos órganos.
5. Aprobar la nueva legislación en materia de contrataciones públicas que reduzca los espacios de oportunidad de la corrupción. Es una obligación constitucional que no puede esperar.
6. Aprobar el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.
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