No sé si ocurra en otros países, pero temas para escribir todos los días los hay en el nuestro. En esta ocasión quiero referirme a dos asuntos que han estado en la palestra de los medios en los últimos días y son, por un lado, el enriquecimiento de servidores públicos identificados plenamente con el gobierno de la 4T y, por otro, las megaobras realizadas en la pasada administración que están siendo un derroche de dinero a un pozo sin fondo año tras año.
Empezaremos por esto último. Según los datos que se publican en los medios de comunicación, varios de ellos cuestionados por las propias autoridades sin aportar cifras convincentes, todas las obras hasta ahora son deficitarias y el gobierno tiene que aportar en cada presupuesto cifras extraordinarias para que sigan funcionando, en detrimento de sectores como la salud y la educación, por ejemplo.
El origen de todo ello fue el poder imperial del presidente para hacerlas sin la menor planeación, sin saber si iban a ser rentables o no, o por lo menos justificar que serían obras tan importantes para la nación que bien valía que no fueran rentables y creo que la consideración podría haber sido válida, pero no en ninguna de estas megaobras. Hubo sobrecostos en todas ellas sin la menor justificación y se utilizó frecuentemente el famoso lema, que se sigue utilizando, de “seguridad nacional”.
Pero resulta que poco a poco están saliendo datos sobre las corrupciones habidas en lasadquisiciones u obras realizadas, algunas de ellas ya cuestionadas por la Auditoría Superior de la Federación, sin que sepamos qué ha pasado. El gobierno promete que pronto dará información abundante y clara sobre esas obras, ya convertidas en empresas, que por cierto la mayoría de ellas está en manos del holding militar, que irresponsablemente el gobierno anterior entregó a los militares y marinos bajo el pretexto de que eran incorruptibles.
Ha tenido que pasar poco tiempo para demostrar que son igual de corruptos que los civiles y el mejor ejemplo es el huachicol, en donde responsables uniformados de la vigilancia enaduanas, carreteras, etc., estaban en el negocio. Por qué no el gobierno propone que se haga una auditoría forense de cada una de las megaobras y los resultados de cada una se hagan públicos, porque si no vamos a recibir informes elaborados a modo.
Esta auditoría forense la podrían hacer un grupo de personas ajenas al gobierno y a los partidos políticos, lo cual daría certeza de sus indagaciones porque si no, me imagino, que cuando se den los datos oficiales serán cuestionados y será el cuento de nunca acabar entre lo que dicen unos y cuestionan otros.
El otro tema debería ser más se fácil, pero el gobierno lo complica, y se refiere a la aparición de patrimonios sorprendentes de algunos servidores públicos que, en algunos casos, se trata de ocultar, con el beneplácito de la propia empresa o dependencia donde trabajan y que justifica la crítica del por qué el gobierno promovió y logró la desaparición del INAI.
Pero lo que sorprende es que, en los dos casos recientes, del director de Birmex y del director del INFONAVIT, haya sido la presidenta quien los haya conminado a aclarar su enriquecimiento. Me pregunto ¿no existe una Secretaría de Estado responsable de vigilar el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos? Y, ¿no tendría que ser de oficio la investigación por parte de ella? ¿Nadie va a revisar y averiguar, lo que digan, sobre todo con las facultades legales para hacerlo, si con los recursos que ha recibido legalmente en su vida pública pudieron haber obtenido dicho patrimonio?
Mientras esto no ocurra la duda de que se protege el enriquecimiento ilícito desde el gobierno persistirá y lo que es peor, si se sabe y no se actúa, también es un delito.
