> Los asesinatos de líderes sociales, son casos que no han sido resueltos y que ocurren en estados donde el crimen organizado desplegó una estrategia de expansión y control territorial que las autoridades atribuyen al Cártel Jalisco Nueva Generación
Bet-biraí Nieto Morales bnieto@ejecentral.com.mx
Tres días faltaban para celebrar la Nochebuena en Ciudad Altamirano, Guerrero, cuando un grupo armado secuestró al sacerdote encargado del Seminario Mayor de La Asunción, Gregorio López Gorostieta. Sería que esa Navidad de 2014, el llamado Padre Goyo se convertiría en el cuarto sacerdote asesinado en el país.
Ocurrió en uno de los 10 municipios que integran la zona de Tierra Caliente de Guerrero, donde también fue asesinado el periodista fundador de La Voz de Tierra Caliente, Cecilio Pineda Brito, el 3 de marzo de este año, quien fue ejecutado a tiros mientras esperaba que limpiaran su automóvil. Ambos homicidios han sido atribuidos por familiares y amigos a los grupos del crimen organizado.
›Un seguimiento informativo elaborado por ejecentral muestra cómo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, no sólo se incrementó el número de asesinatos contra líderes sociales y activistas, sino que se ha extendido en el territorio nacional en donde se cometen estos crímenes, la mayoría sin resolver.
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Este registro revela que durante 52 meses de la actual administración se han cometido 261 asesinatos contra 17 sacerdotes, 123 líderes sociales —vinculados en su mayoría con la defensa de los derechos humanos—, 83 presidentes municipales en funciones y 38 periodistas.
La mayoría de los ataques ocurrieron en municipios y regiones que coinciden con los lugares donde el crimen organizado estableció una estrategia para apoderarse del territorio.
Lo que explica el alto riesgo para los líderes que defienden en el país el medio ambiente, los derechos laborales en el campo o las minas, los que exigen justicia frene la impunidad ante las desapariciones o feminicidios o quienes exponen en medios informativos la presencia y operación de grupos mafiosos.
El reporte Drug violence in Mexico, del proyecto Justicia en México, elaborado por la Universidad de San Diego, Estados Unidos, establece que la mayoría de los homicidios contra alcaldes y sus familiares refieren al estilo de la delincuencia organizada, que repercute en el aspecto social, pues “el asesinato de posiciones políticas amenaza el proceso democrático y socava el imperio de la ley”. 
El estudio que aborda los crímenes cometidos en el país, sostiene que 2011 fue el año en el que estos ataques alcanzaron su pico de violencia con 17 casos contra presidente municipales, sin que la cifra descendiera en este sexenio.
Para 2016 se cometieron seis homicidios de presidentes municipales en funciones y en el primer cuatrimestre de 2017, Atolín Vital Martínez, alcalde de Tepexco, Puebla, y Nicolás Diego Herrera, en Alcozauca, Guerrero, corresponden a los primeros asesinatos de este año.
Conforme al ejercicio de seguimiento de este semanario, desde el primero de diciembre de 2012 hasta abril de 2017 han asesinado a 17 sacerdotes. Dos más mantienen el estatus de desaparecidos.
›El informe Panorama de homicidios en el actual sexenio del Centro Católico Multimedial, cuyo portavoz es el presbítero Sergio Omar Sotelo Aguilar, ubica a México “por séptimo año consecutivo, en el primer lugar en crímenes de odio contra sacerdotes, religiosos y laicos de América Latina”.
Además, cita que los sacerdotes son vulnerables a diversos ataques en la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones “acaecidos bajo la mirada indiferente de las autoridades, sobre todo, en las zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado”, siendo el municipio de Ciudad Altamirano, Guerrero, aquel con más incidencias de homicidios e intentos de homicidios contra sacerdotes como el “Padre Goyo”.
Y es que el papel e influencia social que llegan a tener los clérigos en las comunidades, los han convertido en blanco del crimen organizado, pues los ataques en su contra generan temor entre los pobladores. Una de las profesiones que recientemente ha sido más vulnerada es el periodismo. En lo que va de este sexenio han ocurrido 38 asesinatos contra periodistas, principalmente en Oaxaca y Veracruz, donde se han suscitado el mayor número de casos en la administración peñista, aunque cuatro de ellos sucedieron durante el primer cuatrimestre de este año.
>Activistas Se contabilizaron 123 asesinatos contra activistas y defensores de derechos humanos en este sexenio.
En todos los casos el común denominador es el contexto de violencia en la región en que se cometieron, ya sea por cambios en las administraciones gubernamentales estatales y municipales o por la presencia de nuevos grupos de organizaciones criminales. Sobre los móviles que siguen al asesinato de los informadores, la organización Artículo 19 refiere que “su labor diaria de informar a la población hechos que atañen a toda la sociedad, suelen incomodar a actores políticos, privados o del crimen organizado que buscan que sus intereses no sean expuestos ante una sociedad cada vez más harta de los abusos e ineficacia de las autoridades”. Al respecto, el organismo cita en su más reciente informe, que en 2016 un total de 226 agresiones contra periodistas provenían de los funcionarios públicos y 17 de los grupos del crimen organizado, aunque también asegura que las agresiones cometidas por los grupos criminales disminuyeron 51.43% y 53% proviene de los agentes del Estado e indica un incremento de 37% respecto a 2015.
El golpe a liderazgos comunitarios
Aunque los homicidios contra periodistas y sacerdotes llegan a ser los más difundidos e indignan a varios sectores sociales, los ataques contra activistas y líderes sociales representan el mayor número de crímenes contra personajes comunitarios clave en el país, pues ascienden a 123 en este sexenio.
Es decir, desde diciembre de 2012 hasta la actualidad, en promedio cada mes han sido asesinados dos líderes en el territorio nacional.
El homicidio contra el ambientalista rarámuri y ganador del premio Goldman en 2005, Isidro Baldenegro López, ocurrido el 18 de enero de este año, puso en evidencia, como lo planteó Michael Frost, relator especial de Naciones Unidas en su visita a Chihuahua, el riesgo que enfrentan en la zona tanto de los defensores de los derechos de la población indígena rarámuri como los activistas ambientales, particularmente por las operaciones de los grupos del crimen organizado en aquella entidad y la falta de protección que les brindan las autoridades.
Pese a los reclamos del relator especial de la ONU y otras organizaciones internacionales, las cifras de homicidios contra defensores de derechos humanos, el medio ambiente y la libre asociación tanto religiosa como partidista, se engrosan cada año convirtiendo a los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz como las entidades más violentas con 28, 27 y 12, respectivamente, de acuerdo al seguimiento hecho por ejecentral.
Es justamente en Guerrero donde la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) ha sido la mayor opositora a los trabajos de exploración y explotación de minas y madereras clandestinas en Coyuca de Benítez, región de Costa Grande de Guerrero.En esa demarcación el dirigente de la OPPCG, Luis Olivares Enríquez, denunció ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la entidad (CODDEHUM) las violaciones de derechos humanos cometidas el 29 de octubre de 2013 en un operativo mixto de la Policía Ministerial y del Ejército Mexicano cuando detuvo a un grupo de jóvenes. Una semana después, el 10 de noviembre de 2013, Olivares fue asesinado en su domicilio por un hombre armado que le disparó seis tiros a quemarropa y ultimó a su esposa, Ana Lilia Gatica Rómulo, con una bala en la cabeza.
La impunidad que prevalece en la mayoría de los casos, al no detener a los responsables, hace imposible conocer los móviles de los asesinatos, pero son visibles sus efectos, ya que se genera en las comunidades una percepción de indefensión y temor que facilita la actuación de los criminales. Para Frost, el asesinato de estos líderes comunitarios “muestra la precaria situación de las personas defensores de derechos humanos en la región”, principalmente en México.Tras darse a conocer los asesinatos contra activistas en México, Colombia, Nicaragua y Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que los actos de violencia y otros ataques “no sólo afectan las garantías de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. En el caso de comunidades indígenas, tienen graves consecuencias adicionales al interferir estos con su cohesión cultura y social”.
Los sacerdotes son vulnerables a los asesinatos y desapariciones bajo la mirada indiferente de las autoridades, sobre todo en zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado”
Sergio Omar Sotelo Aguilar
Portavoz del Centro Católico Multimedial