La sociedad mexicana vive un hartazgo y una desconfianza generalizada hacia las autoridades y las instituciones, que carecen de voluntad política para atender los “problemas estructurales” de inseguridad, impunidad, corrupción y violación de los derechos humanos, más allá de los cambios de gobierno y los intereses políticos, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Y es que México, sostuvo, no ha sido lo suficientemente congruente en materia de derechos humanos. Aunque existe una apertura al escrutinio internacional, ya es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y cuenta con una legislación de vanguardia. “El tema no es tener buenas leyes, es cómo se aplican” y su apertura debe reflejar el compromiso de resolver los propios problemas del país.
En entrevista con ejecentral, el ombudsman nacional reconoció el “estado crítico” en que se encuentran los derechos humanos en México y, de cara a las “violaciones graves” que se han cometido en el país, no descartó que puedan encuadrarse en el escrutinio de cortes internacionales como crímenes de lesa humanidad.
Yo creo que la sociedad mexicana vive en un hartazgo por la violencia imperante, la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Ve una cuarteta o quinteta de problemas lacerantes que están afectando su entorno y buena convivencia, el vivir en tranquilidad y en paz, (…) y luego sin que sea causa-efecto un tema de desigualdad rampante y de pobreza, es decir, ¿cuál es el esquema más propicio para revertir la situación de esos aspectos?, más prevención, menos reacción y ahorita estamos en más reacción y menos prevención.
Si seguimos en el tema de la reacción, no estoy diciendo que se deje de combatir a quien delinque, pero si le apostamos más a la reacción que a la prevención, no va a haber corporaciones policiacas o militares que nos alcancen”, subrayó González Pérez.
Esta semana, la confirmación del grave deterioro en los derechos humanos en el país se comprobó con el asesinato del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho. Un ataque directo que también le costó la vida a su hijo de 20 años, y heridas graves a su esposa e hija. Desde la aparición de estos organismos en México, hace 27 años, ninguno de sus presidentes había sufrido un atentado.
La reacción de la CNDH fue inmediata: “no tenemos miedo”, respondió seco y directo Luis Raúl González Pérez, al que públicamente se le veía, por primera vez —desde noviembre de 2014, que asumió como presidente de la Comisión—, molesto y con el rostro adusto. Y en el mismo tono, exigió a los tres niveles de gobierno una investigación que muestre voluntad en la defensa de los derechos humanos y en la que no prevalezca la impunidad. También movilizó de inmediato a visitadores adjuntos para investigar posibles violaciones a derechos humanos.
A casi un año de que concluya la gestión de Enrique Peña Nieto, en medio del mayor número de crimenes dolosos que se hayan cometido históricamente en el país, 68 en promedio diarios, y que incluye a 90 presidentes municipales y exalcaldes en 60 meses, uno de ellos asesinado esta semana, el alcalde electo de Hidalgotitlán, Veracruz, Santana Cruz Bahena, el ombudsman nacional reconoció que los organismos defensores de derechos humanos deben recuperar la credibilidad de la ciudadanía.
“Parte del reto que enfrentamos, lo digo por parte de la CNDH, pero yo creo que también debe de prevalecer para mis compañeros igual en la Federación, es el reto que yo me impuse acá en recobrar credibilidad y confianza, en la medida en que vayamos avanzando, es difícil, hay realmente una circunstancia de que no creemos en las instituciones, la sociedad no cree en las instituciones”, apuntó.
¿Cuál es la forma de recobrar esa confianza y credibilidad?
—Ejerciendo, en nuestro caso, nuestras atribuciones, ser autónomos, ser independientes, esto no quiere decir que no tengamos interlocución, diálogo, coordinación con autoridades, pero cuando haya que hacer señalamientos concretos, ser incómodos. Nosotros en estos tres años, yo he dado muestra de independencia y de autonomía, yendo a organismos internacionales no como parte de la delegación mexicana, que se llegó a ir en el pasado, yo voy como institución nacional autónoma, estoy de lado de la sociedad civil, somos un organismo del Estado, pero siempre he dicho es un patrimonio de la sociedad, porque somos un contrapeso del poder público haciendo un trabajo sólido. Nosotros no nos basamos en opiniones, nos basamos en un trabajo sólido y requerimos de dos aspectos: desde luego estar trabajando con la sociedad, con las organizaciones, y la cobertura de los medios de comunicación, no estoy diciendo que avalen el trabajo de la institución, pero sí que informen el trabajo de la CNDH.
Agregó: “Es credibilidad, confianza y publicidad de lo que hacemos, sin eso creo que se está dejando de ejercer un papel social en función de un objetivo que es defender la dignidad de los demás”
¿Estamos ante un estado sistemático y generalizado de impunidad en México?
—Yo diría que es un problema estructural la impunidad, porque tiene que ver con varios aspectos, desde la profesionalización de policías y la profesionalización de ministerios públicos. Tiene que ver con las capacidades institucionales que se tengan, tiene que ver con que haya los recursos para materializar normas como las que nos estamos dotando, por ejemplo, en desapariciones o tortura; pero si no se le dota de recursos, la ley por sí misma no va a modificar las cosas.
Nuestro problema en México ha sido la brecha entre lo que dice la norma, o sea, tenemos buenas leyes, desde luego perfectibles siempre, y nuestro problema es cómo las traducimos en la cotidianidad”.
Argumentó que “nuestro problema en México ha sido la brecha entre lo que dice la norma, o sea, tenemos buenas leyes, desde luego perfectibles siempre, y nuestro problema es cómo las traducimos en la cotidianidad. Requerimos de voluntad política. Doy un ejemplo: Los gobiernos de los estados, llevamos 11 años por lo menos diciendo que se tienen que profesionalizar y aplicar el perfil idóneo y la formación de los policías y en tanto sucedió esto las Fuerzas Armadas tuvieron que tomar un papel en ese contexto de seguridad, un papel transitorio, hoy a 11 años seguimos hablando de profesionalizar a los policías. ¿Y qué ha faltado? Las consecuencias, las consecuencias hacia los estados por no profesionalizar a sus policías”.
¿Cuál es la situación de los periodistas desde la perspectiva de los derechos humanos?
—Yo veo dos circunstancias, desde luego en el trabajo periodístico debe de prevalecer lo que se llama la debida diligencia, contrastar las fuentes, pero también los periodistas deben de tener derechos y garantías, como es el secreto profesional a no revelar sus fuentes. Y segundo, que por ejercer una libertad de un derecho humano, la libertad de expresión, no deben ser objetos de represalias, porque cuando se lesiona a un periodista, cuando se le desaparece, cuando se le priva de la vida, cuando se atenta contra el medio, se ha atentado contra instalaciones, lo que se está buscando es silenciar la libertad de expresión. Si esa conducta se hizo precisamente para limitar ese ejercicio periodístico porque además de afectar a quien lo resiente buscan inhibir a los demás para que no hablen de los temas que motivaron esa conducta ¿Y la segunda victimización cuál es? Pues que no se investigue y que no se sancione. La impunidad.
¿Se ha generado un círculo…?
—Pernicioso, o sea, en las agresiones a los periodistas existe un mecanismo preventivo que surge de la ley de 2012, que hay que tenerlo y fortalecerlo, pero el mejor antídoto es esclarecer los casos.
Sobre migrantes y trata de personas, ¿qué situación impera?
—Nos ocupa en dos escenarios: las personas en contexto de movilidad, la migración, acentuándose la problemática de nuestros connacionales en los Estados Unidos ante una problemática xenofóbica, racista, sobre todo una política de odio.
¿Exige México con este mismo ahínco en Estados Unidos y los ejerce para los migrantes centroamericanos?
—Ese es el segundo escenario que estamos viendo. El escenario de nuestros connacionales en Estados Unidos y el escenario que México tiene que honrar y que lo denomino congruencia.
¿México es congruente en Derechos Humanos ahorita?
—No lo suficientemente.
¿Qué faltaría?
—Darles un mayor rostro humanitario a los connacionales de Centroamérica. Ejemplo: Si bien se han incrementado las solicitudes de refugio y el refugio en México, no se les informa adecuadamente a los centroamericanos, que están huyendo de violencia, que está en riesgo su vida si son devueltos, no se les informa lo suficiente, por eso hemos emitido una reciente recomendación que ahí muestra cómo no se les da esta información.
Y es que la CNDH ha estado muy activa en el tema de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, “pusimos un amicus curiae (amigos de la Corte) con un juez texano que por fortuna ese juez texano ante las demandas que se hicieron por una ley vaga, ambigua, discriminatoria, la SB4 en Texas, también admitió nuestro amicus curiae, y que por fortuna dejó suspendidos algunos artículos, pensamos que no nos la iban a admitir y nos la admitieron. Hemos alzado la voz ante la CIDH, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, hemos propiciado que la Federación Iberoamericana del Ombudsman se haya pronunciado contra esa política de odio, racista en contra de los migrantes y, por otro lado, nos hemos dirigido a los relatores de personas en conflicto de migración, hemos ido a hablar con líderes en Estados Unidos, líderes de comunidades mexicanas y estamos trabajando con la UNAM y con la fundación Slim en impulsar la ciudadanización de nuestros connacionales”.
Derechos económicos, sociales y culturales
Desde hace año y medio, la Comisión trabaja un programa con las empresas, de las cuales González Pérez reconoció que aún no tiene el pulso de la receptividad de ese sector. “En breve me voy a reunir con el Consejo Coordinador Empresarial, el tema de las empresas y derechos humanos, yo no puedo recomendar a las empresas porque son privadas, pero eso no quiere decir que no impulse lo que ya la ONU y que nosotros ya estamos divulgando de empresas y derechos humanos. Los megaproyectos, metimos una recomendación general sobre la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe”.
“La agenda 20-30 es parte de nuestra agenda en los dos años que nos restan, el que se cumplan las recomendaciones de los organismos internacionales. Impulsar los derechos políticos, sociales y culturales, es fundamental porque va tocar aspectos estructurales. También está el tema de la diversidad sexual, del matrimonio no resuelto igualitario de personas de la misma preferencia u orientación sexual, es un tema inacabado. ¿Qué voy a impulsar? No tenemos facultad de iniciativa, ni pretendo”
¿Ni le gustaría?
—No, yo creo que los órganos ahí están, nosotros ponerlas en manos de los legisladores, pero vamos a poner en breve un proyecto de iniciativa de un tema que nosotros dimos visibilidad desde las instituciones del Estado, desplazamiento forzado, y el forzado es por violencia o por el problema de desastres. Estamos tratando de empujar la agenda de los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a seguirla empujando y esa es nuestra convicción. Son muchísimas las temáticas, pero es muchísima la convicción; y hoy queremos fortalecer también el reclamo hacia a las empresas respecto a los derechos humanos.
Delitos de lesa humanidad
Entonces, ¿cuál sería el calificativo que daría al cumplimiento de los derechos humanos en el país?
—Insuficiencia. Tenemos una cultura crítica en derechos humanos. Nos hemos aperturado y eso es positivo, hay que reconocerlo, al escrutinio internacional. Nos revisan nueve comités de tratados a México, varios relatores de las Naciones Unidas y de la OEA; tenemos la jurisdicción de la Corte y la Comisión Interamericana. Es de blancos y oscuros, porque avanzamos en normas y leyes, buenas leyes, la de Desaparición (forzada), la de Tortura, más de 20 derechos a la Niñez, pero el tema no es tener buenas leyes, es cómo se aplican. Ahí está la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un tema insuficientemente abordado. Un ejemplo: En niños, niñas y adolescentes la ley prevé que el Consejo Nacional se debe reunir dos veces por año, llevamos más de un año y no se ha llevado a cabo la tercera reunión.
[caption id="attachment_812727" align="aligncenter” width="800"] PERFIL. En 1990, Luis Raúl González Pérez fue miembro fundador de la CNDH, en el cargo de director general administrativo. En 1996 se desempeñó como fiscal especial del homicidio de Luis Donaldo Colosio. En 2005 asumió como director general del Programa de Agravios a Periodistas de la CNDH. En 2008 fue nombrado abogado general de la UNAM. En 2014 comenzó su gestión como ombudsman nacional.[/caption]
¿Por qué no se han llevado a cabo las reuniones?
—Eso habría que preguntárselo a las autoridades. Yo me he dirigido a la Secretaría de Gobernación en público y por escrito para que se convoque a la sesión, no solamente para que se cumpla la ley, sino porque hay temas que deben avanzar en los derechos de niños, niñas y adolescentes, por algo se puso, volvemos al tema del cumplimiento del Estado de derecho.
¿Se ha encontrado reticencias para impulsar los derechos humanos?
—Sí claro, siempre se encuentran, desde circunstancias de los petitorios de información en las instancias de procuración de justicia que tardan, dilatan y también, desde luego, las tensiones que uno genera cuando se pronuncia con temas tan sensibles como Nochixtlán, Apatzingán, Tanhuato o Iguala, pues genera reacciones y tensiones. Pero como dije un día, si los que estamos en el sector público todos cumplimos la ley, no nos vamos a tropezar, el problema es cuando no cumplimos la ley.
En este concepto de complementariedad, ¿cabe la posibilidad de tener en tribunales internacionales crímenes de lesa humanidad cometidos en México?
—Primero hay que conceptualizar muy bien si los casos encuadran o no en ello; de que tenemos hechos graves sí, ahí están las recomendaciones que hemos emitido, violaciones graves, acabamos de emitir una recomendación por violación grave que fue por el caso de Cadereyta, lamentable que no se hayan tomado las previsiones correspondientes cuando ya la CNDH había determinado en dos informes que ese corredor era peligroso para los migrantes, habíamos tenido la mala experiencia de San Fernando también. Son violaciones graves a derechos humanos.
Para obtener un mayor alcance de las recomendaciones, ¿habría que endurecerlas, solicitar al Legislativo que sean más vinculantes?
—No, duras están. Que sean vinculantes perderían su naturaleza, es decir, el ombudsman no tiene las etapas procesales que tiene el juzgador, de ahí que sus pronunciamientos son como son, la fuerza está en la publicidad que le demos y la credibilidad que logremos obtener, creemos que es una tarea titánica, pero vamos en el camino correcto. De hecho ahí están las recomendaciones que hemos dado en temas muy sensibles, ahí está, en Iguala la línea de investigación que planteamos nosotros es que se investigue a dos elementos de la Policía Federal en los hechos; nosotros fuimos los primeros que dijimos que se investigara a una tercera corporación (policiaca) que era Huitzuco. Ahí está, se habla de dos personajes ahí, El Caminante y El Patrón, yo espero que la PGR no relativice el nivel y el perfil de estos personajes porque son dos personas que sin conocer la identidad pudieran haber articulado esa noche lo que sucedió ahí”.
¿Cuál es la prospectiva para el final de su gestión ¿Se sostiene en la no reelección?
—Lo importante es que tenemos que hacer trascender el cambio de las personas por los objetivos institucionales, esté quien esté. Voy a dar un ejemplo: El tema de seguridad no va a ser un problema de un sexenio, no es un tema de un sexenio como están las cosas, yo he planteado y a veces dicen que soy exagerado, (pero) el problema de la seguridad tenemos que planteárnoslo a 30 años. Ojo, no quiere decir que desde hoy no estemos dando todos los pasos necesarios y ser constantes, y esto trasciende a más de un sexenio.
El ombudsman afirmó que “si hacemos solamente esto sexenal, vamos a tener soluciones sexenales no soluciones permanentes, y yo ahí aspiraría a que tengamos la madurez política de trascender en dos o tres temas a los intereses políticos e ideológicos por temas de seguridad, porque eso conlleva también a la violación de derechos humanos, por eso más que de reelecciones o no reelecciones el tema es programas que satisfagan más allá de ideologías y variantes que puedan haber”.
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